Seguridad privada en alerta: más de 30 mil guardias arriesgan quedar fuera del sistema por retrasos en certificación

• La implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada abrió un flanco crítico para el país: más de 33 mil guardias y vigilantes aún no cuentan con la certificación exigida para seguir trabajando, mientras el plazo legal vence este mes. El Gobierno impulsa una ley corta para evitar una salida masiva de funcionarios en supermercados, bancos, hospitales, centros comerciales, transporte de valores y eventos masivos.

La seguridad privada chilena enfrenta una de sus mayores tensiones operativas de los últimos años. A pocos días de que venza el plazo legal para que guardias y vigilantes cuenten con la certificación exigida por la nueva normativa, más de 30 mil trabajadores del rubro aún no han logrado completar el proceso de acreditación, lo que podría dejar fuera del sistema a cerca del 10% de una industria que cumple un rol clave en la prevención de delitos, el resguardo de recintos y la primera respuesta ante situaciones de riesgo.

El problema, sin embargo, no radica únicamente en la exigencia de mayores estándares. El punto crítico está en la implementación. La nueva Ley de Seguridad Privada elevó los requisitos para trabajadores y empresas, buscando ordenar un sector que por años ha operado con altos niveles de informalidad, diferencias de capacitación y una creciente presión por parte de la ciudadanía. Pero el sistema encargado de absorber la demanda, registrar los antecedentes y tomar los exámenes respectivos no habría estado preparado para procesar a tiempo a más de 300 mil funcionarios.

La consecuencia puede ser grave. Si no se aprueba una prórroga antes del vencimiento del plazo, miles de guardias y vigilantes podrían quedar imposibilitados de trabajar de un día para otro, generando un impacto directo en supermercados, bancos, hospitales, clínicas, centros comerciales, transporte de valores, edificios públicos, condominios, terminales, faenas productivas y eventos masivos.

Se trata de un escenario especialmente sensible en medio de una crisis de seguridad que ha instalado el temor al delito como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En la práctica, los guardias privados suelen ser los primeros en enfrentar robos, riñas, intentos de asalto, hurtos, agresiones o situaciones de desorden, muchas veces incluso antes de la llegada de Carabineros, inspectores municipales u otros equipos de respuesta institucional.

Por eso, la eventual salida de miles de trabajadores del sistema no solo representa un problema laboral. También abre una interrogante mayor sobre la capacidad del Estado para implementar reformas que, aunque necesarias, requieren planificación, infraestructura, coordinación y tiempos realistas para no producir un efecto contrario al buscado.

La nueva regulación tenía como objetivo profesionalizar la seguridad privada, mejorar los estándares de formación, fortalecer los controles y ordenar una actividad que cumple funciones cada vez más visibles en la vida cotidiana. Sin embargo, a seis meses de su entrada en vigencia, distintos actores del rubro advierten que la plataforma de registro y certificación aún no se encuentra plenamente habilitada y que el proceso ha derivado en un cuello de botella difícil de resolver antes del 28 de mayo.

El diagnóstico de la industria es claro: la ley avanzó más rápido que la capacidad operativa del sistema para certificar a todos los trabajadores y empresas involucradas.

Uno de los principales problemas se concentra en la capacidad de las oficinas OS10 de Carabineros, encargadas de parte importante de los procesos de evaluación y certificación. Según representantes del sector, existen oficinas regionales que deben rendir decenas o incluso cientos de exámenes con recursos tecnológicos insuficientes, en algunos casos con apenas dos computadores disponibles para absorber una demanda masiva.

Esta situación ha generado preocupación entre empresas de seguridad, trabajadores y usuarios del servicio, especialmente porque la falta de certificación no necesariamente responde a una negligencia individual de los guardias, sino a limitaciones administrativas y tecnológicas del propio sistema. En otras palabras, miles de personas podrían quedar sin trabajo no por incumplir deliberadamente la normativa, sino porque el aparato encargado de certificarlas no dio abasto.

La situación también afecta a las empresas. De acuerdo con antecedentes expuestos por el rubro, solo tres de aproximadamente 3.700 compañías habrían logrado subir sus planes o estudios de seguridad dentro del sistema. La cifra revela la magnitud del problema y confirma que no se trata de casos aislados, sino de una dificultad estructural en la puesta en marcha de la nueva normativa.

En este contexto, el Gobierno impulsó una ley corta para ampliar el plazo de certificación y evitar una caída abrupta de personal en la seguridad privada. La iniciativa avanzó esta semana en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en medio de advertencias sobre los efectos que tendría no aprobar una prórroga a tiempo.

La discusión legislativa ocurre contra el reloj. El plazo vence este mes y, de no existir una solución rápida, más de 33 mil trabajadores podrían quedar en una situación de incertidumbre laboral. La cifra equivale a cerca del 10% del total de funcionarios del sector, estimado en más de 300 mil personas a nivel nacional.

El impacto de una reducción de esa magnitud sería inmediato. En supermercados, una menor dotación de guardias podría afectar la prevención de hurtos, el control de accesos y la respuesta ante incidentes al interior de los locales. En bancos y transporte de valores, la preocupación apunta a la protección de operaciones sensibles. En hospitales y centros de salud, el riesgo está asociado a la contención de situaciones de violencia, agresiones a funcionarios o conflictos con usuarios. En conciertos y eventos masivos, la disminución de personal podría tensionar los protocolos de ingreso, evacuación y control de público.

A nivel ciudadano, la percepción también es relevante. Para muchas personas, la presencia de guardias en centros comerciales, supermercados, terminales o edificios entrega una sensación mínima de resguardo, especialmente en espacios donde se han registrado robos, peleas o episodios de violencia. Aunque la seguridad privada no reemplaza la labor policial, sí cumple una función preventiva y de contención que se ha vuelto parte del paisaje cotidiano del país.

Por eso, la posibilidad de contar con menos guardias genera inquietud. En un escenario donde la ciudadanía exige más seguridad, no menos presencia preventiva, una falla administrativa podría terminar debilitando precisamente uno de los anillos de contención más visibles en espacios públicos y privados de alta circulación.

El problema también abre una discusión más profunda sobre el modelo de certificación. Algunos actores del sector han planteado que el proceso no debería depender exclusivamente de Carabineros, sino incorporar de manera más activa a Organismos Técnicos de Capacitación, OTEC, debidamente acreditados, capaces de asumir procesos formativos y de certificación de inicio a fin, bajo supervisión estatal.

La propuesta apunta a descongestionar el sistema y responder al dinamismo de una industria que opera con alta rotación de personal, múltiples turnos, diversidad territorial y necesidades permanentes de capacitación. Para sus impulsores, mantener todo el peso del proceso en una estructura limitada puede generar nuevos atrasos en el futuro, incluso si esta vez se aprueba una prórroga.

Desde una mirada crítica, el caso expone una debilidad recurrente en la implementación de políticas públicas en Chile: se aprueban normas con objetivos correctos, pero sin asegurar previamente que existan plataformas, personal, infraestructura y coordinación suficientes para cumplirlas. En seguridad, esa falla puede tener consecuencias especialmente delicadas, porque cualquier vacío operativo se traduce rápidamente en mayor exposición para trabajadores, usuarios y recintos.

La profesionalización del rubro es necesaria. Nadie discute que quienes cumplen funciones de seguridad deban contar con formación, controles, certificación y estándares claros. El país necesita guardias mejor preparados, empresas más reguladas y una actividad alineada con criterios modernos de prevención, derechos fundamentales y coordinación con las policías. Pero profesionalizar no puede significar paralizar una industria completa por falta de capacidad administrativa.

Tampoco parece razonable que trabajadores que llevan años cumpliendo funciones queden al borde de perder su fuente laboral por retrasos que no dependen exclusivamente de ellos. La exigencia de certificación debe cumplirse, pero el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un camino viable para que esa obligación pueda concretarse en los plazos definidos.

La ley corta aparece entonces como una salida urgente, aunque no necesariamente suficiente. Ampliar el plazo puede evitar una crisis inmediata, pero no resolverá por sí sola las fallas de fondo: plataformas incompletas, oficinas saturadas, baja capacidad de toma de exámenes, falta de descentralización efectiva y ausencia de un sistema más flexible para absorber la demanda real de la industria.

El desafío es doble. Por una parte, impedir que miles de trabajadores queden fuera del mercado laboral y que sectores sensibles pierdan personal de seguridad en cuestión de días. Por otra, corregir la implementación para que la nueva normativa no se transforme en una carga imposible de cumplir, sino en una herramienta real de profesionalización.

La seguridad privada se ha convertido en un complemento indispensable del ecosistema de seguridad del país. Sus funcionarios no tienen las mismas atribuciones que las policías, pero sí están presentes en lugares donde ocurren hechos cotidianos de violencia, conflicto o delito. Son, muchas veces, quienes reciben el primer impacto de una situación crítica y quienes deben contenerla hasta que llegue la autoridad correspondiente.

Por eso, la discusión no puede reducirse a un trámite administrativo. Lo que está en juego es la continuidad operativa de un sector que incide directamente en la seguridad diaria de millones de personas. Si el Estado exige nuevas reglas, también debe garantizar que existan condiciones reales para cumplirlas. De lo contrario, una ley diseñada para fortalecer la seguridad podría terminar generando un vacío que afecte justamente a quienes debía proteger.

El vencimiento del plazo del 28 de mayo dejó al descubierto una advertencia mayor: las reformas en materia de seguridad requieren urgencia, pero también capacidad de ejecución. No basta con legislar más duro ni con elevar estándares en el papel. La verdadera prueba está en implementar bien, con sentido práctico, coordinación territorial y responsabilidad institucional.

En momentos en que Chile demanda respuestas concretas frente al delito, la seguridad privada no puede quedar atrapada entre una normativa exigente y un sistema incapaz de procesar a tiempo sus propios requisitos. La prórroga puede evitar el golpe inmediato, pero la corrección de fondo será indispensable para que la ley cumpla su objetivo y no termine debilitando uno de los componentes más visibles de la prevención en el país.