Contraloría detecta graves falencias en fiscalización de Aduana de Iquique y advierte riesgo de contrabando y tráfico de drogas

• Informe de la CGR reveló baja fiscalización de importaciones, fallas en equipos scanner, demoras en procesos sancionatorios y falta de control sobre mercancías incautadas en Tarapacá.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de debilidades críticas en los procesos de fiscalización de la Dirección Regional de Aduana de Iquique (DRAI), en la región de Tarapacá, tras una auditoría realizada entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

El informe del organismo contralor evaluó el uso de equipos scanner, la gestión de incautaciones y el control de entradas y salidas de mercancías en la región, incorporando además un análisis estadístico de las aprehensiones efectuadas entre enero de 2020 y junio de 2025.

Entre las observaciones más relevantes, la CGR estableció que la Aduana de Iquique no contó de manera permanente con equipamiento mayor en puntos estratégicos de control como el puerto de Iquique, la Avanzada de El Loa y Zona Franca.

El documento señala que de los siete equipos scanner de menor tamaño disponibles, solo dos se encontraban operativos durante el período auditado, situación que dificultó la ejecución de fiscalizaciones eficaces en sectores considerados críticos para el control aduanero.

“La situación descrita expone a la entidad al riesgo que no se detectaran contrabandos de especies y tráfico de drogas”, advierte el informe, agregando que ello contraviene normas de control interno y principios de eficiencia y eficacia establecidos en la ley N°18.575.

La auditoría también evidenció un bajo nivel de fiscalización en las operaciones de importación realizadas en la región. Según los registros analizados por la Contraloría, entre enero de 2024 y marzo de 2025 se efectuaron 74.827 operaciones de importación, de las cuales la Dirección Regional de Aduana de Iquique fiscalizó únicamente 1.099.

De acuerdo con el informe, ello equivale al 1,47% del total de las operaciones de importación registradas en el período, precisando además que 257 de esas revisiones correspondieron únicamente a validaciones documentales.

En contraste, las exportaciones alcanzaron 8.214 operaciones en el mismo período, de las cuales la entidad fiscalizó el 45,8%, equivalente a 3.762 exportaciones. El informe añade que el 98% de esas fiscalizaciones se realizaron de manera física.

“La baja fiscalización de importaciones comprometió la efectividad de la vigilancia y fiscalización que le corresponde realizar al Servicio Nacional de Aduanas”, sostiene el documento de la CGR.

Respecto de las incautaciones, la Contraloría constató un aumento sostenido en las aprehensiones relacionadas con drogas, propiedad intelectual, contrabando de cigarrillos, seguridad y salud pública. Mientras en 2020 se registraron 616 incautaciones, en 2024 la cifra aumentó a 972 procedimientos.

No obstante, la auditoría detectó inconsistencias en los sistemas internos utilizados para registrar denuncias y fiscalizaciones. El informe señala que se identificaron anotaciones de denuncias derivadas de controles con resultado “sin observación”, contradicciones respecto de la retención de mercancías y denuncias asociadas a operaciones que no figuraban como fiscalizadas.

“Se observó una inadecuada supervisión sobre los registros efectuados en los sistemas DIN, DUS y DECARE respecto de las importaciones y exportaciones fiscalizadas que dieron origen a una denuncia”, concluye el organismo contralor.

La CGR también cuestionó la ausencia de un registro sistematizado y estandarizado para consolidar, clasificar y caracterizar las mercancías incautadas, así como la falta de trazabilidad entre las especies retenidas y el examen físico o documental que originó la incautación.

Según el informe, esta situación impide que la institución cuente con información suficiente y adecuada para gestionar sus riesgos operacionales asociados al proceso de incautación.

Otro de los puntos observados corresponde a demoras en los procesos sancionatorios y en el registro de denuncias. La Contraloría detectó que ocho denuncias fueron ingresadas al sistema DECARE entre 42 y 258 días después de realizada la fiscalización correspondiente.

Asimismo, se verificó una dilación en la tramitación del expediente sancionatorio N°6 de 2024, el cual superó el plazo máximo de seis meses establecido por la normativa vigente.

En materia de probidad administrativa, el informe reveló que nueve funcionarios pertenecientes al escalafón de fiscalizadores no presentaron sus declaraciones de intereses y patrimonio durante los años 2024 y 2025.

La CGR calificó esta situación como una vulneración al artículo 4° de la ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

Además, el organismo advirtió la inexistencia de un procedimiento formal orientado a detectar y prevenir eventuales conflictos de interés entre funcionarios de Aduanas y agentes aduaneros, importadores o exportadores.

“La ausencia de un procedimiento formal expone al servicio al riesgo de que los funcionarios mantengan vínculos o relaciones incompatibles con sus funciones”, sostiene el texto.

Finalmente, durante inspecciones en terreno realizadas por la Contraloría, se constató el deterioro y abandono de vehículos incautados por infracción a la ley N°20.000, los cuales permanecían almacenados en sitios abiertos y sin mayor resguardo en las avanzadas de Quillagua y El Loa.

El organismo contralor instruyó a la Dirección Regional de Aduana de Iquique adoptar medidas correctivas para subsanar las deficiencias detectadas y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la región.