Cada año el 17 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Una
oportunidad para volver a hablar de un tema que, lamentablemente, no es recurrente en los titulares.
¿Cómo estamos respecto de este desafío a nivel nacional? Las últimas cifras oficiales, para nada
alentadoras, son de la encuesta CASEN (2020) realizada en pandemia. Esta estimaba en más de 800 mil
el número de personas que vivía en una situación de pobreza extrema. La estimación, en cuanto a
hogares, superaba los 250 mil.
Era un momento particular, donde fue necesario activar cuantiosas y amplias ayudas sociales para
palear los efectos que esta trajo, sin los cuales hubiéramos tenido cifras muy superiores. El escenario
hoy sin duda ha cambiado. Los ingresos del trabajo, que cayeron en forma muy relevante, deberían
estar en otra situación frente a la recuperación del empleo. El momento de mayor confinamiento –
aparentemente- ha pasado, pero la economía enfrenta nuevos desafíos, nacionales e internacionales,
que van desde la incertidumbre política hasta la inflación, sumado a las complejas proyecciones del
crecimiento futuro. Ante este nuevo escenario, ¿tenemos una nueva estrategia para enfrentar el desafío
de la pobreza?
Urge establecer bases para una nueva forma en que el Estado enfrente el desafío de la pobreza en
adelante.
Necesitamos, en suma, de una nueva Política para la Superación de la Pobreza. Una que considere los
distintos roles que las entidades del Estado pueden jugar. También, una que reconozca, valide e integre
el relevante papel que cumplen de forma muy directa las organizaciones de la sociedad civil. Una que
ponga en el centro a las miles de personas que viven bajo el umbral de ingresos que establece la línea de
la pobreza, en especial aquellos bajo la línea de pobreza extrema. Una que, por supuesto, considere que
la pobreza por ingresos está también cruzada por muchas otras dimensiones y que, por lo mismo,
requiere de diagnósticos más precisos y particulares.
Entonces, más que hablar de las coberturas o usuarios totales de cada programa, la pregunta es qué
porcentaje de las personas que viven en mayor rezago está cubierto hoy por soluciones -pertinentes-
para sus problemas. Algunos requerirán soluciones temporales y otros de mayor plazo o incluso
permanentes. Hace falta información pública y auditable respecto de esa mirada que pone en el centro
a las personas.
Esto conlleva también tomar el desafío de la coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Un
desafío con el que toda nueva autoridad se enfrenta, pero que debemos trabajar en el largo plazo. Un
ejemplo de esto fue la articulación en torno al IFE, que dejó conexiones que pueden volver a ser
activadas. Sin embargo, necesitamos avanzar en muchas otras áreas de articulación dentro de la
institucionalidad pública.
Para esto, hace falta convocar un espacio de trabajo de largo aliento, en el cual además puedan rendirse
cuentas y que haga cumplir los plazos. Que permita asignar en esta política o estrategia nacional a
instituciones responsables, que articulen debidamente los presupuestos y objetivos de esos programas
que buscan producir el mejoramiento de las condiciones de vida para esa población.
Es una tarea urgente, pero de la que poco se habla. Esperemos que la conmemoración de este día
permita retomarla.
Felipe Bettancourt, Centro de Políticas Públicas
Facultad de Economía y Negocios, Universidad San Sebastián
