El desempleo no espera.

Por Patricio Meza García

Las últimas cifras económicas confirman que Chile enfrenta una situación mucho más grave que una simple desaceleración. La contracción de 0,9% registrada por el Imacec de mayo, completando cinco meses consecutivos en terreno negativo, y una tasa de desempleo de 9,4% para el trimestre marzo-mayo configuran un escenario que amenaza con transformarse en una crisis social si no se toman medidas inmediatas.

Casi un millón de personas buscan trabajo sin encontrarlo. No se trata solo de una estadística: son familias que reducen sus gastos básicos, jóvenes que no logran iniciar una trayectoria laboral, mujeres que continúan enfrentando una desocupación superior al promedio y trabajadores que, después de meses sin empleo, comienzan a perder habilidades, confianza y esperanza.

La ciudadanía ya comprendió la magnitud del problema. Según el último estudio de Cadem, un 80% considera que existe una emergencia laboral, mientras que el empleo y el crecimiento desplazaron a la seguridad como la principal prioridad que debería asumir el Gobierno. El mensaje es claro: el país sigue preocupado por la delincuencia, pero hoy también teme no llegar a fin de mes.

Es cierto que la administración anterior dejó una economía debilitada, con bajo crecimiento, desempleo persistentemente alto, menor inversión y un déficit fiscal considerable. Sin embargo, continuar culpando al gobierno del expresidente Gabriel Boric ya no puede seguir siendo la principal explicación. José Antonio Kast fue elegido para corregir ese rumbo y, por lo tanto, debe hacerse cargo de las soluciones.

El proyecto de Reconstrucción Nacional, las propuestas de la mesa técnica laboral y los subsidios anunciados para crear más de 50 mil empleos son iniciativas positivas, pero claramente insuficientes frente a la dimensión del problema. Sus efectos podrían tardar meses o años, mientras la cesantía continúa creciendo ahora. Chile necesita un plan de choque que permita detener rápidamente la destrucción de puestos de trabajo.

En ese contexto, resulta equivocado apelar al patriotismo de los empresarios para pedirles que contraten o eviten despidos. Las empresas no generan empleos por caridad, sino cuando existen ventas, inversión, crecimiento y condiciones que permiten asumir nuevos costos. El aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, las mayores cotizaciones previsionales y otras obligaciones han elevado considerablemente el costo de contratar, golpeando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Reconocer esta realidad no significa desconocer el valor de los derechos laborales. Significa entender que ninguna reforma es gratuita y que sus efectos acumulados pueden terminar excluyendo del mercado precisamente a quienes se pretendía beneficiar. El alto desempleo juvenil demuestra que, cuando contratar se vuelve demasiado costoso o riesgoso, las primeras oportunidades simplemente desaparecen.

El Gobierno debería implementar incentivos temporales para la contratación de jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración, rebajas o subsidios focalizados a las cotizaciones, facilidades tributarias para empresas que aumenten su dotación y una aceleración real de los proyectos de inversión paralizados por la burocracia.

También debe prepararse al país para el avance de la inteligencia artificial, que sustituirá o transformará numerosos empleos. Sin capacitación y reconversión laboral, miles de trabajadores podrían quedar nuevamente rezagados.

Chile no necesita llamados voluntaristas ni nuevas excusas. Necesita decisiones rápidas, audaces y concretas. Porque el desempleo no espera, y cada mes perdido significa más familias endeudadas, más jóvenes frustrados y una sociedad cada vez más cerca de convertir la angustia económica en abierto malestar social.