Cámara aprueba nueva prórroga del despliegue militar en la frontera norte

La solicitud presidencial fue respaldada por 126 votos y permitirá extender por otros 90 días la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría la solicitud del Presidente José Antonio Kast para prorrogar por otros 90 días el despliegue de las Fuerzas Armadas en determinadas zonas fronterizas del norte del país.

La iniciativa recibió 126 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, quedando ahora pendiente su revisión por parte del Senado antes del vencimiento de la medida vigente, previsto para el próximo 6 de agosto de 2026.

El despliegue militar se encuentra activo desde febrero de 2023, bajo el Decreto Supremo N.º 78, normativa que permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores de resguardo, vigilancia y control territorial en sectores fronterizos considerados estratégicos.

En el oficio enviado al Congreso Nacional, el Mandatario sostuvo que las circunstancias de peligro grave o inminente que dieron origen a la medida todavía persisten, razón por la cual solicitó mantener su vigencia durante un nuevo periodo de tres meses.

El Ejecutivo argumentó que la presencia militar ha fortalecido la coordinación entre las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y los distintos organismos gubernamentales encargados de la seguridad fronteriza.

Según el documento, este trabajo conjunto ha permitido mejorar el control territorial, detectar ingresos irregulares por pasos no habilitados y apoyar la persecución de delitos asociados al narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado transnacional.

La prórroga considera mantener el despliegue en sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, territorios que concentran una extensa frontera terrestre y numerosos puntos utilizados para el ingreso clandestino al país.

El Gobierno también planteó que la medida permite resguardar infraestructura crítica, aumentar la capacidad de vigilancia y proteger tanto a las comunidades que viven en sectores fronterizos como a las personas migrantes que se exponen a condiciones geográficas extremas.

Durante el debate en la Sala existió un respaldo transversal a la iniciativa, aunque distintos parlamentarios coincidieron en que las prórrogas sucesivas no pueden transformarse en la única respuesta del Estado frente a los desafíos de la frontera norte.

Entre los argumentos favorables se destacó la disminución de los ingresos irregulares detectados durante el último año, así como la reducción de niños, niñas y adolescentes encontrados ingresando por pasos no habilitados.

También se valoró la coordinación alcanzada entre las instituciones, el aumento de los patrullajes y la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la observación y vigilancia en zonas de difícil acceso.

Como respaldo de la solicitud presidencial, el Ejecutivo acompañó el Informe N.º 15 de la Subsecretaría de Seguridad Pública, documento que contiene antecedentes estadísticos sobre el comportamiento de los ingresos irregulares y las tareas operativas realizadas en la frontera.

De acuerdo con ese informe, entre el 5 de julio de 2025 y el 5 de julio de 2026 se detectaron 5.675 ingresos irregulares, cifra que representa una disminución del 70,4% en comparación con las 19.189 detecciones contabilizadas durante el periodo anterior.

El Gobierno interpretó esta reducción como uno de los principales resultados del despliegue coordinado, aunque reconoció que continúan existiendo rutas clandestinas y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas.

El documento agrega que desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N.º 78, el 25 de febrero de 2023, los ingresos clandestinos detectados disminuyeron un 20,5%. En términos absolutos, los casos pasaron de 71.242 en el periodo previo a la implementación de la medida a 56.647 desde el inicio de la presencia militar en las zonas fronterizas.

Durante el mismo lapso, las reconducciones efectivamente materializadas aumentaron un 96,7%, mientras que aquellas rechazadas registraron una disminución del 34,3%. Las reconducciones corresponden al procedimiento mediante el cual determinadas personas sorprendidas ingresando irregularmente son devueltas al país desde donde accedieron al territorio nacional, de acuerdo con la normativa y los acuerdos vigentes.

El informe también detalla que, desde el comienzo del despliegue y hasta el 5 de julio de 2026, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI realizaron un total de 66.716 tareas operativas.

Del total de procedimientos, un 72,9% correspondió a patrullajes terrestres, un 24% a puntos de control y un 3,1% a operativos específicos desarrollados en sectores considerados de mayor riesgo.

Estas acciones se han concentrado principalmente en caminos secundarios, pasos no habilitados, quebradas, zonas altiplánicas y rutas utilizadas para el desplazamiento de personas, vehículos y mercancías fuera de los controles oficiales.

La intervención militar permite reforzar la cobertura territorial en áreas extensas donde la presencia permanente de las policías resulta compleja debido a las distancias, las condiciones climáticas y las dificultades de conectividad.

El Ejecutivo sostuvo que esta labor ha permitido liberar recursos policiales para que Carabineros y la PDI puedan concentrarse en la investigación y persecución del crimen organizado, especialmente en delitos de tráfico de drogas, armas, vehículos y personas.

Sin embargo, durante la discusión parlamentaria también surgieron llamados a avanzar hacia una política fronteriza permanente, evitando que el Congreso deba pronunciarse periódicamente sobre extensiones temporales.

Algunos diputados propusieron crear una policía especializada en fronteras, con formación, equipamiento y atribuciones específicas para operar en las zonas limítrofes.

Otros plantearon entregar mayores facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir frente al narcotráfico y el crimen organizado, especialmente cuando sus patrullajes detectan situaciones que exceden el control migratorio.

También se solicitó acelerar la construcción de infraestructura física, mejorar caminos, instalar nuevos puestos de observación y ampliar el uso de radares, cámaras térmicas,drones y sistemas de comunicación satelital.

Los parlamentarios coincidieron en que la vigilancia tecnológica resulta fundamental para cubrir sectores donde el despliegue humano es insuficiente o donde las organizaciones criminales utilizan rutas cada vez más alejadas de los complejos
fronterizos.

La realidad de las regiones del norte obliga además a considerar la protección de las localidades fronterizas, cuyos habitantes enfrentan diariamente los efectos del tránsito irregular y de las actividades ilícitas desarrolladas en sus territorios.

En Tarapacá, comunas como Colchane y zonas cercanas al límite con Bolivia han concentrado durante los últimos años una parte importante de los operativos y controles efectuados por las instituciones.

Las comunidades han planteado reiteradamente la necesidad de una mayor presencia estatal, no solo en materia de seguridad, sino también mediante servicios de salud, transporte, telecomunicaciones e infraestructura básica.

El debate parlamentario reflejó que el control fronterizo no puede limitarse exclusivamente al despliegue militar, sino que debe formar parte de una estrategia integral que combine seguridad, migración, cooperación internacional y desarrollo territorial.

La creación de capacidades permanentes permitiría evitar que la respuesta dependa de medidas excepcionales y entregaría mayor certeza a los funcionarios desplegados y a las comunidades del norte.

Pese a estas observaciones, la mayoría de la Cámara consideró que una interrupción de la medida podría debilitar el control alcanzado y generar espacios que podrían ser aprovechados por organizaciones criminales o redes dedicadas al tráfico de migrantes.

La aprobación por 126 votos evidencia un amplio consenso respecto de la necesidad de mantener la presencia de las Fuerzas Armadas mientras se avanza en soluciones estructurales.

El Senado deberá ahora analizar la solicitud y resolver su aprobación antes del 6 de agosto, fecha en que finaliza la actual autorización.

En caso de recibir el respaldo de la Cámara Alta, el despliegue podrá continuar durante 90 días adicionales en las zonas que determine el decreto correspondiente.

El Gobierno sostuvo en sus conclusiones que la presencia militar ha contribuido a contener la migración irregular, fortalecer el control territorial y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad.

También afirmó que la medida ha permitido destinar mayores recursos policiales a investigaciones relacionadas con organizaciones criminales transnacionales que operan a ambos lados de la frontera.

La próxima discusión en el Senado volverá a situar en el centro del debate la necesidad de compatibilizar el resguardo de las fronteras con el respeto a los derechos fundamentales y la protección de las personas que cruzan por zonas de alto riesgo.

Mientras tanto, el despliegue continuará bajo las condiciones vigentes, con patrullajes terrestres, puntos de control y operativos coordinados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

La nueva prórroga aparece como una respuesta inmediata para mantener la vigilancia, aunque el amplio respaldo parlamentario estuvo acompañado de una advertencia común: Chile necesita avanzar hacia un sistema estable, moderno y permanente de protección de su frontera norte.