Cuando ser menor ya no basta

Por Patricio Meza García

Chile vuelve a enfrentar una de esas discusiones que incomodan, dividen y obligan a mirar más allá del titular fácil: ¿debe un adolescente de 16 o 17 años ser juzgado como adulto cuando participa en delitos graves? La pregunta dejó de ser teórica. El Gobierno anunció discusión inmediata e indicaciones a un proyecto que busca endurecer la
respuesta penal frente a menores involucrados en hechos de alta gravedad, permitiendo que, en determinados casos, sean transferidos al sistema penal adulto si un fiscal lo solicita y un juez lo autoriza. La propuesta considera un catálogo de 17 delitos graves y se tramita en medio de un clima ciudadano marcado por el temor, la indignación y la sensación de que la violencia juvenil escaló más rápido que la capacidad del Estado para contenerla.

El debate es difícil porque toca dos verdades al mismo tiempo. La primera es que un adolescente no es un adulto. Su desarrollo emocional, psicológico y social sigue en formación, y por eso Chile, como muchos países, creó un sistema especial de responsabilidad penal adolescente. La segunda verdad, sin embargo, es igual de dura:
hay jóvenes que hoy participan en homicidios, encerronas, secuestros, robos violentos y delitos cometidos con armas, causando daños irreparables a víctimas y familias que no pueden recibir como respuesta una explicación burocrática ni una sanción simbólica.

Durante años, el país se acostumbró a discutir la delincuencia juvenil desde dos extremos. Por un lado, quienes creen que todo se resuelve bajando edades, aumentando penas y llenando cárceles. Por otro, quienes insisten en que toda
respuesta punitiva contra adolescentes es un retroceso. Entre ambas miradas, la ciudadanía quedó atrapada en una realidad más concreta: barrios con miedo, familias encerradas, jóvenes reclutados por bandas y víctimas que sienten que el sistema llega tarde o simplemente no llega.

La propuesta del Ejecutivo no implica que todo menor de 16 o 17 años sea automáticamente tratado como adulto. Ese punto es importante. La idea, según lo informado, exige una solicitud del Ministerio Público y una autorización judicial, es decir, una revisión caso a caso. Esa condición evita transformar la excepción en regla, pero también instala una señal política y penal clara: la edad no puede operar como un blindaje absoluto cuando se trata de delitos extremadamente graves.

Ahora bien, endurecer la ley puede ser necesario, pero no suficiente. Chile no puede engañarse creyendo que el problema se resolverá solo con más años de cárcel. Si un adolescente de 16 años llega a cometer un homicidio, un secuestro o una encerrona con violencia, el Estado ya falló mucho antes: falló la familia, falló la escuela, falló la
comunidad, falló la protección social, falló la prevención policial y falló la capacidad de detectar a tiempo el reclutamiento criminal.

Aquí está el fondo cultural y moral de la discusión. La delincuencia juvenil no nace de un día para otro. Se incuba en entornos donde la autoridad perdió legitimidad, donde la educación dejó de ser promesa de futuro, donde el crimen se volvió aspiración de poder y donde muchos adolescentes aprendieron antes a temer o admirar a un
delincuente que a respetar a un profesor, a un carabinero o a sus propios vecinos. No es solo un problema penal. Es una fractura social.

Pero reconocer esa fractura no puede significar impunidad. La comprensión del contexto no debe convertirse en excusa frente al delito grave. Una sociedad democrática tiene el deber de proteger a los niños y adolescentes, pero también tiene el deber de proteger a las víctimas. Y una víctima no sufre menos porque su agresor tenga 17 años. Una familia no llora menos porque quien disparó, apuñaló o participó en una encerrona aún no cumpla la mayoría de edad.

El Congreso tendrá ahora una responsabilidad mayor. Deberá discutir sin slogans, sin oportunismo y sin caer en la tentación de legislar solo desde la emoción del último caso policial. La ley debe ser firme, pero también precisa. Debe cerrar espacios de impunidad, pero sin destruir toda posibilidad de reinserción. Debe distinguir entre el
joven primerizo, arrastrado por un entorno de abandono, y el adolescente que actúa como parte de una estructura criminal, con violencia, planificación y desprecio absoluto por la vida ajena.

Chile necesita una respuesta penal proporcional, pero también una política pública integral. Juzgar como adulto a un menor en casos excepcionales puede ser una herramienta para delitos de extrema gravedad. Sin embargo, si no se acompaña de prevención barrial, persecución al crimen organizado, control de armas, recuperación
escolar, programas reales de reinserción y apoyo temprano a familias vulnerables, la medida terminará siendo apenas una reacción tardía frente a una tragedia que seguirá repitiéndose.

La autoridad también debe hacerse cargo de una pregunta incómoda: ¿quién está usando a esos adolescentes? Porque detrás de muchos menores que delinquen hay adultos que los reclutan, los instruyen, los arman y los exponen, sabiendo que el sistema penal juvenil podía ofrecerles sanciones más bajas. Atacar esa maquinaria criminal es tan importante como endurecer la respuesta contra el adolescente que ejecuta el delito.

La discusión no debe ser entre mano dura o mano blanda. Chile necesita mano justa. Justicia para las víctimas, responsabilidad para quienes cometen delitos graves y oportunidades reales para quienes aún pueden salir del camino criminal. Pero la oportunidad no puede confundirse con permisividad, ni la reinserción con indiferencia ante el daño causado.

Cuando un país llega al punto de debatir si adolescentes deben ser juzgados como adultos, algo profundo ya se rompió. La tarea del Congreso no es solo modificar una ley. Es enviar una señal de que la vida de las víctimas importa, que la edad no puede ser sinónimo de impunidad y que el Estado debe recuperar autoridad antes de que el crimen siga educando a los jóvenes en la calle.

La sociedad chilena tiene derecho a exigir seguridad. También tiene el deber de preguntarse qué está ocurriendo con sus niños y adolescentes. Porque castigar más puede ser necesario en casos extremos, pero prevenir antes sigue siendo la verdadera medida de una sociedad que no quiere seguir contando víctimas.