Steinert deja Fiscalía de Tarapacá y abre un nuevo flanco en la transición: el salto del Ministerio Público al futuro Ministerio de Seguridad Pública

El ente persecutor aceptó la renuncia de Trinidad Steinert “por motivos personales” y remarcó que los nombramientos de gobierno dependen exclusivamente del Presidente; la salida se conoce tras su nominación por José Antonio Kast para encabezar la nueva cartera de Seguridad Pública.

La transición política entró ayer martes 20 de enero de 2026 en un terreno especialmente sensible: la frontera entre la persecución penal y el diseño del próximo gabinete. El Ministerio Público comunicó la renuncia de Trinidad Steinert Herrera al cargo de fiscal regional de Tarapacá, decisión que —según la institución— fue presentada conforme a la normativa vigente y aceptada por la Fiscalía Nacional. El
anuncio llegó horas después de que se instalara públicamente su nombre como la elegida del presidente electo José Antonio Kast para liderar el Ministerio de Seguridad Pública, cartera que se proyecta como eje del “gobierno de emergencia” que el futuro mandatario ha anunciado para enfrentar delincuencia y crimen organizado.

En su comunicado, el Ministerio Público puso el acento en dos mensajes destinados a blindar su autonomía. Primero, precisó que la renuncia responde a una determinación “de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional”. Segundo, recalcó que el “nombramiento de autoridades de gobierno” es una atribución exclusiva del Presidente de la República, ámbito en el que el organismo “no participa ni incide”, reafirmando su independencia constitucional. La Fiscalía Regional de Tarapacá
—agregó la institución— continuará funcionando con normalidad, activando mecanismos internos para asegurar conducción, continuidad investigativa y atención a víctimas y ciudadanía.

El giro es de alto impacto por al menos tres razones. La primera es política: Seguridad Pública se ha transformado en la cartera más observada del gabinete que Kast anunciaría oficialmente la noche de este martes, en un contexto en que la conformación ministerial se ha ido conociendo “a goteo” y con cambios de último momento, según ha descrito la prensa, elevando la presión sobre el nombre que
conduciría el ministerio llamado a ordenar la estrategia del Estado contra el delito.

La segunda razón es institucional: el Ministerio Público hizo explícito que no interviene en la decisión presidencial, pero el hecho objetivo es que una autoridad regional del ente persecutor deja su cargo para ingresar a la primera línea del Ejecutivo. En la práctica, el movimiento instala preguntas sobre resguardos, inhabilidades futuras, continuidad de equipos y administración de percepciones, justo en un periodo donde la credibilidad institucional y el combate al crimen organizado se discuten a diario en el Congreso, en tribunales y en la opinión pública.

La tercera razón es de gestión: Tarapacá es una región asociada en el debate nacional a crimen transnacional, disputas por rutas ilícitas, violencia ligada al narcotráfico y complejidades fronterizas. El Ministerio Público buscó despejar cualquier señal de vacío de mando afirmando que el trabajo regional seguirá sin interrupciones, pero la salida obliga a activar los procedimientos de subrogancia y, más adelante, el mecanismo de nombramiento de un nuevo fiscal o fiscal regional. En Chile, los fiscales
regionales son designados por el Fiscal Nacional a partir de una terna propuesta por la Corte de Apelaciones correspondiente, según establece la ley orgánica del Ministerio Público.

Mientras ese proceso se encamina, la subrogancia queda regulada por la propia normativa interna: el Fiscal Regional es subrogado por el fiscal adjunto que determine mediante resolución, y si no existe designación, lo reemplaza el fiscal adjunto más antiguo de la región. Se trata de una fórmula pensada para evitar “días en blanco” en la conducción y mantener la continuidad operativa, especialmente en regiones con causas de alta complejidad.

En paralelo, el foco político se desplazó hacia el diseño del futuro Ministerio de Seguridad Pública y lo que significa que su conducción recaiga en una persecutora con trayectoria en crimen organizado. La cartera fue creada en el actual ciclo institucional y, según información oficial, estará llamada a coordinar el sistema de seguridad y alinear a diversas instituciones del Estado en prevención, control y persecución del delito, con estructura que incluye subsecretarías y despliegue territorial.

La nominación de Steinert, en ese sentido, es leída como una señal de perfil técnico, con conocimiento de investigaciones complejas y coordinación con policías. La propia reseña institucional del Ministerio Público indica que Steinert ingresó a la Fiscalía en 2005 como fiscal adjunta en la Metropolitana Sur; que es abogada de la Universidad Central y que asumió como fiscal regional de Tarapacá el 16 de febrero de 2024. A ello se suma su paso por labores gremiales: fue presidenta de la Asociación Nacional de

Fiscales entre 2017 y 2019, antecedente que la proyectó como figura de articulación interna en años de tensión por recursos, carga de trabajo y seguridad de funcionarios.

Pero lo que terminó de instalar su nombre en el radar político fueron causas de alto impacto. Reportes periodísticos han destacado su rol en investigaciones vinculadas a estructuras del Tren de Aragua y, además, indagatorias por narcotráfico que involucraron a exsuboficiales del Ejército y a funcionarios vinculados a la FACH en un caso de ketamina, episodios que pusieron bajo presión los controles institucionales y reabrieron el debate sobre penetración criminal en organismos del Estado.

El propio itinerario con el que Kast llegó a este nombre muestra la complejidad de la decisión. Distintas publicaciones describen que, en el “casting” por Seguridad, circularon alternativas de perfil político y también opciones provenientes de las policías y las Fuerzas Armadas, con nombres que fueron subiendo y bajando en la conversación pública antes de que se consolidara la opción de una fiscal regional. La
Tercera, por ejemplo, reportó que hasta horas antes figuraban como cartas el general (r) de Carabineros Enrique Bassaletti y que también apareció la opción del general (r)Luis Felipe Cuéllar, antes de que el presidente electo se inclinara por Steinert. El País, en tanto, ha descrito un proceso de conformación ministerial con filtraciones y rectificaciones que mantuvo en suspenso carteras clave, especialmente Seguridad.

En términos de actualidad nacional, el episodio ocurre cuando la agenda pública combina dos tensiones simultáneas: por un lado, la urgencia por respuestas concretas frente a delitos violentos, crimen organizado y control fronterizo; por otro, la necesidad de que los cambios de mando no erosionen la autonomía de instituciones que, por diseño constitucional, deben mantenerse al margen del ciclo político. De ahí que el Ministerio Público haya puesto por escrito —con énfasis— que no interviene en
nombramientos del Ejecutivo y que seguirá trabajando “con independencia”, más allá de los cambios que se produzcan en otros poderes del Estado.

Lo inmediato, sin embargo, se juega en dos pistas que avanzan en paralelo. La primera es la operativa: la Fiscalía Regional de Tarapacá debe sostener continuidad investigativa, coordinación con policías y respuesta a víctimas, con un esquema de subrogancia que evite quiebres de conducción mientras se encamina un eventual proceso de terna y nombramiento definitivo.

La segunda pista es política: con el gabinete por anunciarse y con Seguridad como cartera símbolo del relato de “emergencia”, la nominación de Steinert instala un mensaje de endurecimiento técnico y foco en crimen organizado. La duda de fondo, que se tomará la discusión pública durante las próximas semanas, es cómo se traducirá ese perfil en políticas, coordinación interinstitucional y resultados medibles, considerando que la nueva cartera nace para ordenar una arquitectura estatal que hasta ahora ha estado dispersa entre Interior, subsecretarías y múltiples agencias.

En esa tensión entre urgencia y resguardo institucional se resume el momento político: una renuncia “personal” que cambia el tablero en Tarapacá, y una nominación que marca el tono de la seguridad pública como prioridad nacional en el arranque del próximo ciclo de gobierno.