Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y Negocios UCEN
El proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) ya es Ley de la República; hito que quizás constituye uno de las reformas más importantes en el último tiempo en materia previsional, desde los tiempos de Michelle Bachelet, y que busca, precisamente, universalizar las jubilaciones de las y los chilenos.
La memoria es frágil, pero fueron años de una profunda discusión que incluyó la formación de comisiones y una serie de estudios y análisis que, por momentos, parecían mantener todo estancado, hasta que finalmente se arribó a esta iniciativa que, por cierto, tampoco estuvo exenta de vaivenes y desacuerdos.
En términos simples, la PGU consiste en 185 mil pesos, complementarios al ahorro previsional individual, que se pagará a los jubilados de 65 años o más, ya sea que estén pensionados o que sigan trabajando y cuya pensión base o autofinanciada, sea equivalente o no exceda los 630 mil pesos. La cobertura llegaría al 90% más vulnerable, o sea, unas 2 millones 300 mil personas.
Esto, sin duda que es un gran avance. Hay consenso en que la dirección es la correcta, pero aun deja en evidencia, entre otras cosas, la necesidad de contar con un sistema de seguridad social que vaya más allá de la capitalización individual. La mayoría de las discusiones que antecedieron por años a esta iniciativa, concluyeron con seriedad, al menos dos cuestiones fundamentales: un sistema mixto y el reforzamiento del pilar solidario. Es este último aspecto, precisamente, el que debe seguir potenciándose y que será tarea del próximo gobierno.
