
En Chile la falta de inversión en infraestructura y regulaciones poco
flexibles limitan el emprendimiento científico desde las Universidades
Estatales. Las empresas de base científico-tecnológica nacen en su
mayoría desde el postgrado, que son contratados por la Universidad o en
la empresa asocian a algún académico. Esto implica que los dueños de
la empresa pasan a ser funcionarios estatales y deben regirse por la Ley
de Probidad, que les impide realizar comercializaciones o relaciones
contractuales por montos superiores a 200 UTM; por ejemplo, no pueden
participar en licitaciones por estos montos o superiores, debiendo
recurrir, necesariamente, a la inversión privada para avanzar con sus
proyectos.
La mayoría de los emprendimientos científicos requieren apoyos de 5
años o más para despegar a nivel comercial. En este escenario, es que
se deben flexibilizar las normativas estatales, permitiendo por ejemplo
que investigadores trabajen asociados a una entidad privada como parte
de su jornada laboral y/o puedan elegir diferentes proveedores por
servicios específicos, sean nacionales o extranjeros que cumplan con
las especificaciones técnicas que requieren para ser competitivos en el
desarrollo de los productos de sus empresas. Asimismo, debemos aunar
esfuerzos para que las condiciones entre planteles públicos y privados
sean iguales, desarrollando alianzas que beneficien la innovación y la
transferencia tecnológica, apoyado de un mayor control si se requiere.
Fabiola Vásquez, coordinadora Unidad de Transferencia Tecnológica
UFRO.
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