Diputados RN piden a Contraloría investigar crisis por licencias de Microsoft Office en Migraciones

• Los parlamentarios advierten que la amenaza de suspensión de 300 licencias podría afectar trámites esenciales como permisos de residencia y órdenes de expulsión. Solicitan esclarecer responsabilidades por parte del Servicio Nacional de Migraciones y de la empresa adjudicataria.

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Miguel Mellado y Carla Morales, junto a los miembros de la comisión de Seguridad —Andrés Longton, Diego Schalper y Hugo Rey—, presentó una solicitud formal a la Contraloría General de la República para que inicie una investigación administrativa respecto de la crisis generada en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) por la amenaza de suspensión de 300 licencias de Microsoft Office, esenciales para el funcionamiento operativo del organismo.

El conflicto se originó tras la adjudicación del servicio a la empresa Salaam Desarrollos Eléctricos SPA, la que subcontrató a Zona Portátil (ZP) para la provisión de las licencias. Esta última denunció el no pago durante cinco meses, lo que derivó en la advertencia de suspender el servicio. Ante esta situación, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por Migraciones y dictó una orden de no innovar, lo que ha permitido mantener el sistema operativo mientras se resuelve el conflicto.

Una situación “delicada y crítica”

El diputado Miguel Mellado advirtió sobre el riesgo que supone esta contingencia para el funcionamiento del Sermig. “Estamos frente a una situación extremadamente delicada, que compromete el funcionamiento de un servicio público esencial para el país”, declaró, agregando que la interrupción del servicio impactaría directamente en trámites como la tramitación de permisos de residencia, emisión de órdenes de expulsión, coordinación con tribunales y elaboración de documentos administrativos y jurídicos.

Por su parte, Carla Morales hizo hincapié en la necesidad de esclarecer si existió una falla en la supervisión. “Es indispensable determinar si hubo negligencia en la supervisión de un servicio crítico subcontratado, y si las autoridades del Sermig adoptaron oportunamente medidas para resguardar el funcionamiento institucional”, afirmó.

Denuncia al Ministerio Público y revisión legal

Además de la solicitud de Contraloría, los parlamentarios destacaron que el propio Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un posible incumplimiento contractual de la empresa adjudicataria. En el oficio enviado a Contraloría, los diputados subrayan la posible vulneración de principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como el deber de eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

“El hecho de contratar un servicio esencial sin contar con mecanismos adecuados de supervisión y continuidad expone al Estado a situaciones de riesgo operativo”, advirtió Hugo Rey, enfatizando que se debe revisar la manera en que se gestionan estos contratos.

Llamado a medidas preventivas

El diputado Andrés Longton insistió en la importancia de evitar que situaciones de este tipo se repitan en otras instituciones públicas. “Es crucial que se adopten medidas preventivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en otras entidades, porque afectan no solo la eficiencia institucional, sino también la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos”, señaló.

La Contraloría deberá ahora evaluar los antecedentes presentados por los parlamentarios para determinar si se instruyen auditorías o sumarios administrativos. En paralelo, se mantiene vigente la orden de no innovar que garantiza, de momento, la continuidad operativa del Sermig, mientras se resuelven las diferencias contractuales con la empresa responsable.