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Congreso despacha proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector público

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• La iniciativa establece reajuste de 12% para los trabajadores del Estado con salarios
menores a $ 2.200.000, mientras que para los salarios superiores habrá un reajuste de un
monto fijo de $ 264.000.

En su tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó
la tarde de este miércoles el proyecto de reajuste al sector público, luego de que más temprano lo hiciera
la sala del Senado. De esta forma, la iniciativa fue despachada desde el Congreso y quedó en condiciones
para ser ley, a la espera de la firma del Presidente de la República.
El proyecto establece un reajuste de 12% para los funcionarios públicos con salarios brutos menores a los
$ 2.200.000, equivalente al 89% del universo total de trabajadores del sector, mientras que para quienes
tengan un salario superior a esa cifra, es decir, el 11% restante de los funcionarios públicos, un monto fijo
de $ 264.000.
Tras un protocolo de acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los senadores miembros de la comisión de
Hacienda del Senado, el Ejecutivo propondrá, además, un ajuste a las remuneraciones de las y los
funcionarios que recibieron el reajuste de $ 264.000. Este ajuste se aplicará a partir de agosto de 2023,
con un incremento de 4% promedio respecto de las remuneraciones de este grupo de funcionarios/as en

  1. Este ajuste se complementará en diciembre de 2023 y permitirá totalizar un incremento máximo
    de 12% respecto de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022, sirviendo de base para el reajuste
    general que se determine para 2024.
    Junto con agradecer a los parlamentarios por la aprobación del proyecto, la ministra del Trabajo y
    Previsión Social, Jeannette Jara, indicó que el reajuste va a “alcanzar a 821.000 funcionarios públicos del
    país. Además, vienen contemplados aguinaldos y bonos que benefician a más de un millón de
    trabajadores públicos del país, así como también aguinaldos para el sector pasivo, es decir, para las
    personas jubiladas, que se van a entregar con motivo de Fiestas Patrias y Navidad durante el próximo año
    y que benefician a más de 2.300.000 pensionados. Asimismo, se ha legislado también en esta materia el
    denominado Bono Invierno, que se entrega en julio del próximo año y que beneficia a 1.600.000
    personas”.
    La secretaria de Estado explicó que, con la aprobación del reajuste, además se establece una agenda
    laboral para 2023 con temas relativos a la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas, una mesa de
    salud mental, otra de cuidados infantiles y de incentivo al retiro.
    “Todas estas medidas de política laboral las vamos a desarrollar en conjunto con los trabajadores de la
    Mesa del Sector del Público, porque entendemos que es la forma en que el Estado, en su calidad de
    empleador, tiene que cumplir con su rol de potenciar y promover un trabajo decente basado en el diálogo
    social con los trabajadores y trabajadoras”, agregó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó: “Se hicieron una serie de acuerdos con los
parlamentarios que, en definitiva, establecen un horizonte dentro del cual se encuentra este régimen
excepcional diferenciado para el reajuste producto de la necesidad de conciliar la legítima aspiración de
un reajuste de 12% para el 90% de los funcionarios y, por otro lado, la disponibilidad de recursos. Así,
hacia fines del próximo año va a irse nivelando o emparejando respecto del conjunto de los funcionarios
públicos, incluyendo aquellos que en esta oportunidad están recibiendo el reajuste de $264.000”.
En la misma línea, destacó que “podemos darle la buena noticia a las funcionarias y funcionarios del sector
público que podrán recibir a partir de los próximos días el reajuste para el 2022-23, además de una serie
de otros beneficios, incluyendo bonificaciones, aguinaldos y algunas otras medidas de ese tipo. Estamos
muy satisfechos de haber dado este paso, y, sobre todo, hacerlo sobre la base de un acuerdo con la mesa
del sector público, con las organizaciones representativas de la enorme mayoría de los funcionarios
públicos”.
Cabe recordar que el proyecto fue ingresado al Congreso luego de que el Gobierno, representado por los
ministros Jara y Marcel, firmara el 2 de noviembre un protocolo de acuerdo con 14 de los 16 gremios que
forman parte de la Mesa del Sector Público, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Contenido adicional del proyecto

La iniciativa que contiene el reajuste al sector público, regula -además de lo mencionado anteriormente-
aspectos adicionales al guarismo, aguinaldos y otros beneficios. Entre ellos, los siguientes:

• Planes de incentivo al retiro:
El proyecto propone prorrogar, de forma excepcional, el plazo de postulación a las leyes de incentivo al
retiro para las personas que, al 1 de enero de 2023, tengan 70 o más años y cumplan los demás requisitos
que regulan esos incentivos.
Además, establece un beneficio para funcionarios municipales y trabajadores de cementerios municipales
que, habiendo postulado en el proceso del año 2021 al incentivo al retiro del sector municipal y que
hubieren quedado en el listado con derecho preferente, podrán acceder anticipadamente al cupo
respectivo en caso de padecer enfermedades terminales o Alzheimer, debidamente acreditado.
Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2023 el plazo para solicitar el bono post laboral, establecido en la Ley
20.305, para los exfuncionarios y exfuncionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él,
no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido
por motivos no imputables a ellos.
• Normas de trabajo remoto:
Se considera una transición desde la modalidad actual de trabajo remoto producto de pandemia del
Covid-19 a una situación de régimen de Teletrabajo en el Estado. En este sentido, el proyecto faculta a
jefes de servicio y rectores de universidades estatales a eximir del control horario a un porcentaje máximo
de la dotación de su personal, para lo cual deben regular, entre otros, las funciones susceptibles a ser

desempeñadas bajo modalidad de trabajo remoto; mecanismos de rendición de cuentas de las labores
encomendadas que aseguren el correcto desempeño de la función pública; protocolos de seguridad y
derecho a desconexión de funcionarios.
De acuerdo con la agenda acordada entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, una mesa de trabajo
desarrollará el seguimiento periódico de la implementación de esta normativa y abordará la discusión de
una regulación legal permanente sobre Teletrabajo en el sector público.
• Contratación de honorarios en municipalidades y universidades estatales:
Para la adecuada implementación del dictamen de Contraloría General de la República, y en línea con el
proceso gradual para la administración central que se ha iniciado en la Ley de Presupuestos recién
promulgada, el proyecto de ley de reajuste precisa las funciones que pueden ser ejercidas como
honorarios en municipalidades y universidades estatales, y permite la gradualidad de este proceso.
En el caso de las municipalidades, se faculta al traspaso de honorarios a Código del Trabajo. Para facilitar
este proceso, en un lapso de cuatro años se realizarán aportes a los municipios para apoyar en forma
transitoria (por dos años) a cubrir parte del mayor costo producto del traspaso
Lo anterior, se aplicará cuando el personal a honorarios no pudiera ser traspasado a cargos a contrata.
Por otro lado, y para viabilizar la tramitación legislativa del proyecto de reajuste, el Gobierno se
comprometió, a través de la firma de un acuerdo con senadores, a constituir durante el mes de enero del
próximo año una mesa de trabajo tripartita integrada por representantes de alcaldes y alcaldesas, de los
trabajadores y trabajadoras municipales, incluidos los que se desempeñan en calidad de honorarios; y el
Ejecutivo, el que estará representado por el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo y la Dirección de Presupuestos.
Ello, con el objetivo de abordar una solución integral a la situación del personal que se desempeña a
honorarios en los municipios. Las propuestas que surjan de esta mesa deberán ser evacuadas durante el
segundo semestre.
Por el lado de las universidades estatales, el Ejecutivo comprometió un estudio comparado de
remuneraciones en el sector público y privado. En ese sentido, y en el marco de la mesa sectorial tripartita
de universidades estatales, se desarrollará un seguimiento del proceso de regularización de honorarios
definidos en la ley de reajuste.
• Medidas para apoyar la revinculación y la retención de estudiantes:
Se faculta a los sostenedores de establecimientos educacionales a utilizar en 2023, y de forma
extraordinaria, los saldos en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para el desarrollo de planes y
acciones que tengan por objeto la revinculación o continuidad de trayectoria educativa de estudiantes
con riesgo o en situación de abandono educativo.

Asimismo, se permite que, con cargo a la subvención pro retención los sostenedores desarrollen
actividades destinadas a asegurar la continuidad y trayectoria educativa integral de los y las estudiantes
que tengan un riesgo de abandono educativo, tales como planes y acciones de retención y continuidad
educativa, y la mantención de un equipo escolar de acompañamiento para dichos fines, entre otras.

Aguinaldos para pensionados
Adicionalmente, la ley de reajuste regula los siguientes beneficios para pensionados:
• Aguinaldo de Fiestas Patrias por un monto de $ 23.261 e incremento por cargas familiares de
$11.933, beneficiando a 2.903.595 pensionados.
• Aguinaldo de Navidad por un monto de $ 26.734 e incremento por cargas familiares de $ 15.104,
beneficiando a 2.945.552 pensionados.
• Bono de Invierno por un monto de $74.767 que beneficia a 1.630.997 pensionados, de los cuales
1.288.756 corresponden a beneficiarios de la PGU. Estos son 302.886 personas más que los
beneficiarios de 2021 (por PBS o APS) antes de la implementación de la PGU.

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