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Congreso despacha el proyecto de Royalty a la Gran Minería e iniciativa  queda lista para ser Ley  

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A partir de 2024 se comenzará a recaudar recursos provenientes de este nuevo esquema tributario a  las mayores empresas del sector. Un tercio de los recursos, unos US$ 450 millones, serán distribuidos  para impulsar el desarrollo de las regiones y comunas del país. 

Ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que «este es un proyecto pro-crecimiento, porque los  recursos que se van a generar financiarán obras, infraestructura, planes y programas en investigación  y desarrollo y en reducir la inseguridad en Chile». 

Luego de más de cuatro años de tramitación, el Congreso despachó para ser  promulgado como Ley el proyecto de Royalty a la Gran Minería del cobre, iniciativa que forma parte de la  Reforma Tributaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.  

Hoy, en sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó (por 101 votos a favor, 24 en  contra y 3 abstenciones) las enmiendas realizadas por el Senado y, de esta forma, el proyecto finalizó su  tramitación parlamentaria. En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los  explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año que  considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen  minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima  entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción. 

Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del  PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuáles US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país. 

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la visión de los diputados que iniciaron esta moción en 2018  y el aporte de los parlamentarios y de la industria que permitió perfeccionar el proyecto durante su  tramitación, de modo tal que el Estado aumentará su participación en las rentas económicas de la minería y,  al mismo tiempo, se mantiene el desarrollo sostenible de la industria. “Hoy podemos decirle al mundo minero que va a tener que pagar mayores impuestos, pero ya saben cuáles son. Van a estar en condiciones de poder  evaluar con certeza sus proyectos, poder ponerlos en marcha y poder materializar inversiones que son muy  importantes en este sector”, señaló. 

Sobre los recursos para las regiones y comunas, la autoridad agregó que “estamos hablando de un tercio de  la recaudación en régimen. Los otros dos tercios van, en los primeros años, a financiar el esfuerzo para mejorar  la capacidad de nuestras policías, de nuestro sistema de administración de justicia para reducir la delincuencia  en Chile. También van a haber recursos para aumentar inversiones más allá de las que realicen los gobiernos 

regionales y locales. Y también vamos a tener recursos para invertir en investigación y desarrollo y, por esa  vía, darle un impulso al crecimiento del país. Entonces, este es un proyecto pro-crecimiento, porque los  recursos que se van a generar financiarán obras, infraestructura, planes y programas en investigación y  desarrollo y en reducir la inseguridad en Chile”.  

La ministra de Minería, Marcela Hernando, indicó que “uno de los aspectos más importantes para el sector y  la inversión minera, es la certeza jurídica. Existen en la actualidad, US$ 73.600 millones en 53 proyectos  mineros, cuya inversión está avanzada en un 60%. Esa inversión tiene más posibilidades de concretarse al  2031 ahora que contamos con un Royalty. Durante el 2022, tuvimos diálogos permanentes con distintos  actores de la industria, la mayoría de ellos, grandes mineras, estuvieron de acuerdo con este royalty”. 

A lo que agregó que, “este es un momento histórico, por fin tenemos una propuesta de Royalty que logra  convertirse en ley y creo que las razones están en que todo el país está involucrado, es porque este proyecto  representa la oportunidad de legislar en beneficio de todo Chile”. 

Mientras que el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, destacó que “más que una  buena noticia para el Gobierno, es una buena noticia para el país. Valoramos la disposición de los  parlamentarios para aprobar y despachar en este importante proyecto, que permitirá que las regiones y  comunas cuenten con mayores recursos, avanzar en descentralización efectiva y mayor equidad territorial. Se  generarán ingresos adicionales que permitirán impulsar iniciativas en beneficio de los chilenos y chilenas. Sin  duda es un gran paso y esperamos que el diálogo y el entendimiento sigan primando para poder avanzar en  las distintas medidas que las personas esperan”. 

Finalmente, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, señaló que “esta  iniciativa va a beneficiar a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y municipios, así como otras  líneas de acción del gobierno, permitiendo una inyección de recursos muy importante para profundizar la  descentralización fiscal. Son US$ 450 millones que van a permitir que los territorios tengan más autonomía y  profundizar en el desarrollo con sentido de equidad”. 

Principales detalles del proyecto 

El proyecto aprobado establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas  provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre  fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:  

• Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas  tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este  componente. 

• Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen  operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el  cálculo de los costos. 

Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000  TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.  

Adicionalmente se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las  grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, el  impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una  producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%;  mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%. 

También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto  específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante  los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.  

Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal  y regional que suman US$ 450 millones:  

• Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los  Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo  Regional (FNDR). 

• Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más  vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía. 

• Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de  sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos,  fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. En total  son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo,  Valparaíso y O’Higgins. 

Protocolo de Acuerdo 

Durante su tramitación en el Senado, el Gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para  avanzar en otros temas asociados al desarrollo del sector y las regiones del país: 

1. Medidas en la Ley de Presupuestos 2024 – 2025 

a. Un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para 2024, por el 50% del aporte que  éstos percibirán con cargo al Royalty Minero desde 2025. Esto equivale a US$ 112,5 millones  a beneficio de los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el  Desarrollo; US$ 85 millones para el Fondo de Equidad a distribuir entre las comunas con 

mayor dependencia del Fondo Común Municipal; y US$ 27,5 millones a beneficio del Fondo  de Comunas Mineras. 

b. Un fondo plurianual para la Seguridad Ciudadana en la Ley de Presupuestos de 2024. A este  fondo se agregará un aporte de US$ 350 millones anuales por tres años a cuenta del Royalty Minero, desde 2025.  

c. Establecer un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en  infraestructura productiva en las regiones del norte del país (Arica y Parinacota a  Coquimbo), que no sean abordables en su integridad por los gobiernos regionales. Para esto  se contemplarán recursos por un promedio de US$ 200 millones anuales en las leyes de  presupuestos de 2024 a 2026. 

2. Medidas en el proyecto de ley Regiones Más Fuertes:  

a. Una revisión de la fórmula de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. b. Obligación de información, transparencia y auditoría de los gastos de inversión y operación  de los gobiernos regionales, además de la evaluación de los programas que ejecuten. c. Una actualización de los criterios para la distribución del Fondo Común Municipal,  incluyendo ajustes de población, indicadores socioeconómicos, tales como pobreza multidimensional. 

3. Fortalecimiento de instituciones ligadas a la minería 

a. La coordinación de instituciones fiscalizadoras en relación con la tributación minera,  generando mecanismos de colaboración e intercambio de información permanente entre el  Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Chilena del  Cobre (Cochilco). 

b. La coordinación de la seguridad en faenas mineras, dando cuenta de situaciones que  pudieran poner en peligro la integridad de trabajadores e instalaciones industriales. c. La reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. Se adoptarán las medidas  necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos  de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. Para  ello se constituirá una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas  presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo. Se  encomendará a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de  base y reportar los avances en el logro de esta meta.

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Lunes 26 de Febrero de 2024
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