Usuarios de Zofri en alerta por salida de bancos: “Es la situación más grave de su historia”

CRISIS FINANCIERA COMPLICA A COMERCIANTES Y CLIENTES DEL SISTEMA FRANCO

El retiro de sucursales, las restricciones para depositar dólares y el cierre de cuentas obligan a trasladar efectivo fuera del recinto. La Asociación de Usuarios exige soluciones y solicita el regreso de BancoEstado.

La salida progresiva de bancos de la placa financiera de Zona Franca de Iquique mantiene en alerta a los usuarios del sistema franco, quienes advierten que la reducción de servicios presenciales está afectando las operaciones comerciales, aumentando los costos y exponiendo a comerciantes y clientes a nuevos riesgos. La preocupación se agudiza ante el cierre anunciado de la sucursal de BCI para el 30 de octubre y las dificultades que enfrentan empresas que necesitan depositar dólares, realizar transferencias internacionales o mantener sus cuentas corrientes.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Zofri (AUZ), Felipe Illanes Petersen, abordó este escenario en una entrevista con Cristián Núñez en Radio Paulina. El dirigente calificó la situación como la más delicada que ha vivido la plataforma comercial, debido a que compromete una herramienta indispensable para la actividad cotidiana de importadores, distribuidores y comerciantes que mantienen negocios con Chile y países vecinos.

“Es la situación más grave que ha tenido Zona Franca en toda su historia”, afirmó. Para explicar su alcance, comparó el problema con dejar a una persona o empresa sin chequera, tarjeta o cuenta corriente. En su opinión, el comercio franco utiliza intensamente la banca para colocar pedidos, recibir depósitos desde el extranjero, efectuar transferencias y cumplir compromisos comerciales. Sin esos servicios, agregó, resulta mucho más difícil operar normalmente.

El impacto alcanza tanto a las empresas instaladas en el recinto como a los compradores extranjeros, en especial aquellos procedentes de Bolivia, Paraguay y Perú. En estas relaciones comerciales, los pagos en efectivo y en moneda extranjera continúan siendo relevantes, por lo que la atención bancaria cercana constituye una necesidad práctica, más que una comodidad. La pérdida de sucursales obliga a modificar rutinas establecidas durante años y a destinar tiempo y recursos adicionales a trámites básicos.

Una de las consecuencias que más inquieta al gremio es el traslado de dinero hacia oficinas bancarias del centro de Iquique. Los usuarios señalan que movilizar efectivo fuera del recinto aumenta la exposición a robos y asaltos, especialmente entre comerciantes de menor tamaño que no siempre pueden contratar servicios especializados de seguridad. También puede afectar la rapidez con que se depositan los ingresos de las ventas o se dispone de fondos para nuevas operaciones.

Illanes relató, como ejemplo de esta preocupación, un reciente episodio en que una comerciante boliviana habría sufrido un intento de asalto mientras se desplazaba entre el sector bancario de la ciudad y Zona Franca. Según el testimonio entregado en la entrevista, la situación incluyó una encerrona y disparos. El dirigente mencionó el hecho para advertir que obligar a los empresarios a trasladar dinero por la ciudad puede aumentar su vulnerabilidad. El episodio fue expuesto por el gremio y requiere distinguirse de antecedentes policiales formalmente confirmados.

Para los usuarios, esta dimensión de seguridad convierte la desbancarización en un problema que supera las decisiones comerciales de las entidades financieras. La ausencia de puntos de depósito dentro de Zofri no significa solamente recorrer mayores distancias: también implica reorganizar jornadas laborales, contratar transporte de valores cuando sea posible o asumir riesgos que antes podían evitarse.

La disminución de sucursales se ha producido de manera gradual. Al cierre previo de oficinas de Santander e Itaú se suma la decisión anunciada de BCI de dejar su instalación en Zona Franca a fines de octubre. En cuanto a Scotiabank, la información recogida en el documento no confirma su salida; sin embargo, persisten limitaciones operativas que preocupan a los empresarios, particularmente las relacionadas con la recepción de dólares. Por ello, disponer de alguna oficina aún abierta no resuelve necesariamente las necesidades financieras del comercio franco.

El gremio también advierte dificultades para mantener cuentas corrientes, incluidas cancelaciones que afectan a ciertos usuarios nacionales y extranjeros. Esta situación puede dificultar la recepción de pagos, el manejo de ingresos y el cumplimiento de obligaciones con proveedores. Illanes subrayó que el problema no equivale a que todos los bancos hayan dejado de relacionarse con las empresas, sino a que la pérdida de atención física y de determinados servicios restringe seriamente la operación diaria.

Frente al escenario, la AUZ solicitó la intervención del Gobierno para gestionar el retorno de BancoEstado al recinto amurallado. Los usuarios consideran que una entidad pública podría aportar una alternativa de atención para depósitos y transacciones propias del comercio exterior, en momentos en que las instituciones privadas han reducido su presencia. “Estamos apelando a que el Estado chileno no deje sola a la Zona Franca en este trance en que la banca privada se apartó del recinto amurallado”, expresó Illanes.

El dirigente recordó que en los primeros años del sistema franco existían varias instituciones financieras instaladas dentro de la zona comercial. A su juicio, recuperar esa disponibilidad es fundamental para conservar condiciones competitivas y evitar que la falta de servicios termine afectando la relación con compradores internacionales. La solicitud del gremio apunta a que las autoridades faciliten conversaciones y evalúen alternativas que respondan a la realidad operativa de Zofri.

En paralelo, los representantes de los usuarios mantienen contactos con empresas especializadas en transporte y recaudación de valores, entre ellas Brink’s y Prosegur. La opción estudiada consiste en fortalecer la recepción segura de dinero dentro del recinto y gestionar posteriormente su entrega o transferencia a bancos. Illanes señaló que estas compañías ya habían trabajado en el sistema franco y que se promovieron conversaciones con Zofri S.A. para explorar una respuesta coordinada.

No obstante, esta fórmula solo permitiría atender parte de la emergencia. Un servicio de recaudación podría reducir traslados riesgosos, pero no sustituye plenamente la apertura y mantención de cuentas, las operaciones internacionales ni otros productos financieros necesarios para importar, vender y pagar a proveedores. De ahí que el gremio insista en combinar medidas de contingencia con una solución bancaria más estable.

La incertidumbre también genera inquietud respecto de la permanencia de los negocios en Iquique. Illanes advirtió que algunos empresarios ya desarrollan actividades y relaciones comerciales en otros mercados, y que la acumulación de dificultades podría llevarlos a ampliar sus operaciones fuera de Zofri. “Los usuarios no se van de un día para otro, pero se empiezan a trasladar de a poco”, explicó, refiriéndose a compañías que mantienen una base local mientras buscan oportunidades en otros destinos.

El dirigente mencionó las conexiones habituales con Perú, Bolivia y Paraguay, así como circuitos de comercialización directa en que ciertas mercancías continúan hacia otros destinos sin ingresar al recinto franco. Estas prácticas no pueden atribuirse exclusivamente al retiro de bancos, pero muestran que los operadores cuentan con alternativas y que la competitividad de Iquique no está asegurada. Si el funcionamiento cotidiano se vuelve más complejo, la región podría perder oportunidades en transporte, almacenamiento y servicios vinculados al comercio.

La AUZ también cuestionó la respuesta de la administración de Zona Franca frente a un proceso que, según Illanes, avanzó de forma paulatina y pudo abordarse con mayor anticipación. A su juicio, Zofri S.A. no debe limitarse a la gestión inmobiliaria del recinto, sino procurar condiciones adecuadas para las transacciones y la continuidad comercial de los usuarios. Respecto de los posibles motivos de retiro, mencionó los costos de instalación y arriendo como factores que merecen estudiarse, sin afirmar que hayan sido las causas determinantes.

El presidente de la asociación manifestó expectativas favorables ante la llegada de Marcos Gómez a la presidencia del directorio de Zofri, por su conocimiento de la actividad económica local. Sin embargo, recalcó que la urgencia del problema exige decisiones y respuestas concretas, además de una coordinación efectiva entre la administración, la banca, los gremios y el Ejecutivo.

En un plano de más largo alcance, Illanes planteó la necesidad de discutir con transparencia el futuro de la concesión y los mecanismos de administración del sistema franco. El gremio considera alternativas como una licitación o fórmulas con mayor participación de los usuarios, propuestas que todavía requieren evaluación. Aunque esta discusión es distinta de la crisis bancaria, ambas inciden en la confianza y en las decisiones de inversión de las empresas.

Para Tarapacá, las consecuencias potenciales van más allá del recinto amurallado. La actividad comercial de Zofri está vinculada al puerto, al transporte, al bodegaje y a numerosos servicios regionales. Mantener el acceso seguro y oportuno a operaciones financieras resulta indispensable para resguardar esa cadena económica. Con el cierre anunciado de BCI acercándose, los usuarios esperan medidas que reduzcan los riesgos inmediatos y permitan recuperar servicios acordes con el comercio internacional.

La exigencia central del gremio es clara: que las empresas puedan seguir comprando, vendiendo, depositando y recibiendo pagos sin que cada operación implique mayores obstáculos o peligros. La salida de bancos, advirtió Illanes, no es solamente la pérdida de sucursales; es una amenaza a una de las ventajas históricas de Zona Franca: facilitar los negocios entre Iquique y los mercados de la región.