El TC rechazó el requerimiento de un grupo de parlamentarios para declarar
inconstitucional la educación “no sexista”, contenida en la Ley que
previene, sanciona y erradica la Violencia de Género, aprobada
transversalmente por el Congreso en marzo último. Acá, la ministra de la
Mujer y EG, Antonia Orellana, habla y explica los alcances de este nuevo
cuerpo legal en entrevista exclusiva con nuestro diario.
Isabel Frías
Periodista UC
Luego de varias semanas de incertidumbre y espera, finalmente el gobierno del Presidente Gabriel
Boric valoró el fallo adoptado este martes por los integrantes del Tribunal Constitucional, que por
6 votos contra 4, rechazaron el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de
parlamentarios respecto de la Educación No Sexista, contenida en el articulado de la Ley Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, nueva normativa que fuera aprobada
transversalmente a inicios de marzo recién pasado, por el Congreso.
“Estamos muy contentas de comunicar que el Tribunal Constitucional (TC) ha fallado a favor del
artículo 12 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que precisamente se refería a la
Educación No Sexista”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana,
quien resaltó que el cuerpo legal no solo era constitucional, sino que “perfectamente compatible
con principios tan importantes como el derecho preferente de los padres a educar y, por supuesto,
con la libertad de enseñanza”, reiteró.
La secretaria de Estado también aprovechó la ocasión para agradecer a quienes trabajaron
durante tantos años por sacar adelante y materializar una ley largamente esperada, destacando
de manera especial “la declaración del Consejo de Rectores, las exposiciones de organizaciones de
mujeres, de académicas expertas y también del movimiento feminista” en favor de la postura que
se impuso en el Tribunal: “Estamos muy contentas porque esto va a permitir que pronto podamos
tener esta ley que ha sido transversal; presentada primero durante el gobierno de la Presidenta
Bachelet, tramitada durante el gobierno del Presidente Piñera y aprobada hoy bajo el gobierno del
Presidente Gabriel Boric, y que apunta a mejorar la seguridad de las mujeres chilenas y construir
un futuro donde se erradique la violencia contra las mujeres”.
Cabe estacar que, desde el ministerio de Educación, Nicolás Cataldo valoró el rechazo al
requerimiento ante el TC, valorando la labor desplegada durante los últimos dos años para
avanzar por una educación que vele por la no discriminación en Chile, que eduque con igualdad y
respeto, donde las niñas, niños y adolescentes puedan contar con las mismas oportunidades. “La
ley integral contra la violencia fue aprobada de manera transversal en el Congreso y valoramos el
fallo del TC a favor del artículo asociado a educación no sexista. Este pronunciamiento nos entrega
un marco de acción sobre educación en afectividad y sexualidad integral el cual estamos
trabajando desde el Ministerio de Educación”, afirmó Cataldo.
Respecto del rol de los padres y las familias, el jefe de la cartera de Educación sostuvo que “en
este sentido, es necesaria la visión de personas expertas, sociedad civil, docentes, estudiantes,
apoderados, apoderadas y, por supuesto, las familias. Y en esto quiero ser muy enfático. Creemos
que es muy importante el papel de la familia en esta discusión y es parte de lo que nosotros vamos
a abordar como ministerio”.
DELITOS DE ODIO Y CRÍMENES
El tema es hoy particularmente pertinente, dada la actualidad del momento. Sin embargo, para El
Longino resulta una estupenda excusa para conocer un poco más de la ministra Antonia Cósmica
Orellana Guarello, (Stgo., 34 años) dado este logro de la política pública y de su reciente visita a
Tarapacá, donde no casualmente vino a encabezar la inauguración en Alto Hospicio del Centro de
Atención Compleja para mujeres víctimas de casos graves de violencia de género.
Titulada de la carrera de periodismo en la Universidad de Chile, la profesional cuenta que se
especializó hacia el 2015 con una Beca de la Fundación Gabriel García Márquez llamada “Cosecha
Roja” abocada al estudio de delitos de odio, crímenes y violencia, un marco que resulta del todo
coincidente con esta Ley Integral que ya ha quedado lista para será promulgada por el presidente
Boric.
¿Por qué esa especialización, ministra? ¿de dónde surge ese interés en crímenes violentos, algo
no tan habitual en periodistas?
—Yo siempre me he definido como feminista y voy a las marchas del 8 de Marzo desde los 14
años. Además, entré a trabajar en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres desde el
2015 hasta el 2021 y de la cual me retiré porque esa ONG es un colectivo no partidista y yo asumí
más responsabilidades en Convergencia Social.
¿Cómo hace usted esa ecuación, entonces, de ser feminista y militante de un partido político?
—Pienso que es una ecuación difícil, pero yo soy militante del Frente Amplio y soy una de las
fundadoras de mi partido y siempre allí hemos apostado a que es necesario una fuerza de
izquierda que debe levantar el feminismo con fuerza.
¿Eso porque para el feminismo la violencia contra la mujer es un pilar, angular, fundamental?
—Sí. Y creo que incluso va más allá del feminismo, pero me gustaría responder más como
Gobierno, porque yo lo integro y represento, y en este tema tenemos varios pilares de acción
como ministerio de la Mujer.
¿A ver… cuáles son esos pilares en este gobierno, que se autodefinió como “feminista”?
—El primero es la recuperación económica de las mujeres, porque después de la pandemia
tuvimos como país un retroceso muy relevante. Retrocedimos 10 años en inserción laboral, para
empezar y hemos ido recuperando poco a poco esos empleos perdidos de las mujeres, pero
todavía nos falta mucho por lo cual estamos empeñados en discutir el tema de Sala Cuna para las
mujeres con hijos menores de cinco años porque ahí, en ese grupo, es donde más nos ha costado
recuperar empleos.
¿Cuál es otro pilar de la labor gubernamental?
—Un segundo pilar es lo que se conoce como la transversalización del enfoque de género y que,
por lo difícil de decir, prefiero llamar el Plan Chile para Todas y que significa básicamente que las
mujeres somos la mitad de la población, somos igualmente ciudadanas y por tanto el Estado debe
entregar los servicios públicos adecuados para nosotras; no pensados solo para los hombres.
Ahí entran muchísimas iniciativas, las cuales vamos trabajando con cada uno de los ministerios
para fortalecer ese concepto. Muy atingente en la provincia del Tamarugal son, por ejemplo, lo
que sucede con las mujeres rurales donde hay nuevos concursos de Riego para Mujeres que se
han concebido más flexibles ya que ellas no son las dueñas de la tierra ni del agua. Igual cosa con
las mujeres ligadas al mundo de la pesca y actividades conexas que acá tienen presencia en
muchas localidades del borde costero regional, con mujeres que son quinta o sexta generación en
ese rubro y nunca han podido obtener una resolución sanitaria para formalizarse. Ahí el Estado y
el ministerio están ahora para apoyarlas.
¿Un tercer pilar de trabajo ministerial estaría en luchar contra la violencia de género?
—Sí, el tercer pilar tiene que ver con la violencia contra las mujeres y en este punto hemos
fortalecido la capacidad de atención del Servicio Nacional de la Mujer que se vio muy desmedrado
el 2018 y que luego vino la pandemia donde tuvimos un peak de llamadas de emergencias, pero
que no tuvieron una expresión en Tribunales por el aislamiento con lo cual ahora enfrentamos
parte de las consecuencias de esa acumulación.
Este año 2024 vamos a crecer en el SernamEG en cerca de 10 mil usuarias, en orientación,
información, atención y representación jurídica, área del que forma parte este Centro que abrimos
hace unos días en Alto Hospicio.
Finalmente, también está la labor del cambio de las leyes que son necesarias, donde hemos
logrado apoyar cuatro cuerpos legales y los tres primeros se dieron sin votos en contra y la cuarta,
que la Ley Integral tuvo su oposición y que este martes hemos sorteado exitosamente en el
Tribunal Constitucional. Esta iniciativa llevaba siete años de tramitación en el Congreso y hoy
podemos celebrar que será Ley de la República y con el mérito de reunir en una sola norma todo
lo que hemos avanzado estos años, en esta materia, y en varios gobiernos, donde se armonizan
todos los logros existentes y se refuerzan las medidas de las instituciones públicas de hacer
cumplir las medidas cautelares ante la denuncia por violencia contra una mujer.
Dado que Tarapacá concentra en Alto Hospicio el mayor número de denuncias de violencia
ejercida hacia las mujeres, ¿cuál es la señal que el gobierno quiere darnos con esta inversión
anual de más de 166 millones de pesos?
—La primera señal que quiere dar el gobierno del presidente Gabriel Boric es el de cumplir los
compromisos y ya el 2022 estuvimos en Alto Hospicio cuando nos comprometidos con llegar con
más presencia en Alto Hospicio, aun cuando yo en lo personal siento que en particular el Norte
Grande se siente en general muy abandonado. Y resulta que ese Norte Grande le da muchas
riquezas al país, pero siente poca presencia del Estado, y por tanto, los dos nuevos Centros de alta
complejidad que ya hemos inaugurado son precisamente en Atacama y ahora en Tarapacá,
esperando ahora ir por concretar esta iniciativa en Antofagasta.
Nosotros creemos firmemente que la presencia del Estado es importante en todas sus
dimensiones, no solo en lo vinculado a las fuerzas de Seguridad, sino en la atención, el apoyo, los
programas de Jefas de Hogar y muchos otros son muy relevantes.
Y, en ese contexto, este Centro es una señal de compromiso con las mujeres de esta región y que
tiene un abanico de iniciativas que están siendo impulsadas por la Seremi. También queremos
decirles a todas ellas que “sabemos que esta región ha estado sufriendo harto y en eso ponemos
nuestros ojos, pero también el dinero, los recursos, los fondos necesarios para materializar esta
respuesta concreta a las mujeres”.
