Recorte golpea al Injuv y deja en duda programas para jóvenes

La desvinculación de 66 funcionarios a nivel nacional encendió las alarmas entre trabajadores y la Anef, que advierten un debilitamiento del servicio público y un impacto directo en la oferta programática destinada a la juventud.

El ajuste presupuestario del 3% instruido por el Ministerio de Hacienda tras la llegada del gobierno del presidente José Antonio Kast comenzó a mostrar sus efectos más sensibles en el aparato público. Esta vez, el golpe recayó sobre el Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, donde 66 funcionarios fueron despedidos en distintas regiones del
país, generando preocupación por la continuidad de programas orientados a jóvenes y por el eventual debilitamiento de una política pública con alcance territorial.

La medida ha sido cuestionada por dirigentes sindicales, quienes advierten que no se trata solo de una reducción administrativa, sino de una decisión que podría afectar directamente la capacidad del Estado para llegar a miles de jóvenes con programas de apoyo, participación, orientación y acompañamiento. La situación resulta especialmente
crítica en regiones, donde los equipos del Injuv ya operaban con dotaciones reducidas y con una alta demanda de atención.

En La Araucanía, el impacto fue inmediato: seis de los nueve trabajadores del servicio fueron desvinculados, dejando apenas tres funcionarios para sostener la continuidad de las labores pendientes. El dirigente David Muñoz advirtió que la reducción compromete seriamente la operación regional y deja abiertas dudas sobre el futuro institucional del
organismo.

“Desvinculación masiva de funcionarios en todas las regiones del país, y aquí en la región se desvincularon a seis de los funcionarios de los nueve que éramos. Solamente quedan tres. Bueno, en todas las regiones tiene que quedar un grupo pequeño de funcionarios para que se termine el proceso administrativo del servicio. No tenemos
claro si es que el servicio sigue o no; lo que sí tenemos claro es que las oficinas donde está hoy Injuv tienen que ser entregadas”, sostuvo el dirigente.

Las declaraciones reflejan un escenario de incertidumbre que va más allá de los despidos. Según los trabajadores, algunas áreas cuentan con presupuesto aprobado hasta diciembre, lo que obligaría a mantener equipos mínimos para cerrar procesos administrativos y ejecutar los programas que aún permanecen vigentes. Sin embargo, la reducción de personal instala dudas sobre la capacidad real de mantener una atención adecuada en el territorio.

Desde la Anef Araucanía, su presidenta Sandra Marín expresó una crítica más profunda al señalar que la medida representa una precarización del empleo público y, al mismo tiempo, un retroceso en la política dirigida a la juventud. A su juicio, el ajuste no solo afecta a los funcionarios despedidos, sino que deteriora la presencia del Estado en una materia socialmente relevante.

“Aquí hay una precariedad al empleo público y, por otra parte, una política pública que iba dirigida o que estaba dirigida a la juventud en el país, hoy se está eliminando. Así que nuestra preocupación y nuestra acción también es sindical al respecto para evitar el cierre de este servicio y las reconsideraciones también en cuanto a las decisiones
políticas que se están adoptando”, afirmó Marín.

La inquietud sindical apunta a que los recortes presupuestarios, aplicados bajo criterios de austeridad fiscal, terminen debilitando servicios que trabajan con grupos prioritarios. En el caso del Injuv, la reducción de funcionarios podría afectar la ejecución de programas regionales, la coordinación con organizaciones juveniles y la implementación de iniciativas destinadas a jóvenes de sectores urbanos y rurales.

En La Araucanía, el Ministerio de Desarrollo Social deberá habilitar un nuevo espacio físico para albergar a los tres funcionarios que seguirán desempeñando funciones, luego de que las oficinas actuales del Injuv deban ser entregadas. Estos trabajadores quedarán a cargo de los programas que no fueron cerrados y que benefician a usuarios de las provincias de Malleco y Cautín.

El caso abre una discusión de fondo sobre el costo real de los ajustes fiscales cuando estos recaen sobre servicios con presencia territorial y atención directa a la ciudadanía. Aunque el Gobierno ha defendido la necesidad de ordenar las cuentas públicas, los trabajadores advierten que la reducción de personal en el Injuv puede terminar pagando un precio social alto: menos programas, menos acompañamiento y menos Estado para los jóvenes.

La desvinculación masiva marca así un punto crítico para el futuro del Instituto Nacional de la Juventud. Mientras los equipos regionales intentan sostener la continuidad mínima del servicio, las organizaciones sindicales exigen reconsiderar la medida y evitar que el ajuste presupuestario termine convertido en el desmantelamiento silencioso de una política pública destinada a las nuevas generaciones.