No quisimos verlo

Patricio Meza García

Hay casos que estremecen no solo por los hechos que revelan, sino por la cantidad de puertas que debieron abrirse para que esos hechos ocurrieran. La eventual existencia de una cadena destinada a traer niños desde Haití, ingresarlos a Chile mediante documentos presuntamente falsificados y movilizarlos a través de aeropuertos y controles institucionales no puede ser tratada como un error administrativo, una negligencia aislada o una falla puntual de un servicio. Sería demasiado cómodo, demasiado simple y, sobre todo, demasiado irresponsable.

Porque para que un niño salga de Puerto Príncipe, pase por otro aeropuerto, llegue a Chile y sea retirado por una persona que no es su familiar, alguien debió haber gestionado documentos, alguien debió haber tramitado autorizaciones, alguien debió haber validado identidades, alguien debió haber revisado papeles, alguien debió haber
permitido el paso y alguien debió haber mirado hacia otro lado. Esa cadena no se construye sola. Esa cadena no aparece por generación espontánea. Esa cadena tiene eslabones, responsables y silencios.

Y ahí está el punto más grave. No hablamos únicamente de la PDI, ni solo del Servicio Nacional de Migraciones, ni solo del personal aeroportuario, ni solo de una ventanilla que funcionó mal. Hablamos de una estructura burocrática e institucional enorme, con múltiples filtros, procedimientos y controles que, en teoría, existen precisamente para
proteger a los niños, detectar irregularidades y evitar que redes criminales se aprovechen de la vulnerabilidad humana.

Si en esa cadena hubo falsificación de nombres, uso de documentos adulterados, visas emitidas o autorizaciones concedidas para que terceros trasladaran menores de edad sin vínculos familiares directos, entonces la pregunta ya no es solamente qué falló. La pregunta es quién permitió que fallara tantas veces.

Resulta inevitable pensar en crimen organizado. No como frase grandilocuente ni como recurso político para elevar el tono del debate, sino como una hipótesis seria cuando se observan patrones que involucran traslados internacionales, documentación irregular, intermediarios, rutas aéreas y menores de edad expuestos a una vulnerabilidad
extrema. Si esto se confirma, Chile no estaría frente a una simple irregularidad migratoria, sino frente a un problema mucho más oscuro: la posible operación de redes capaces de utilizar al propio aparato institucional para cumplir sus fines.

Pero hay una pregunta incómoda que también debe plantearse: ¿por qué no lo vimos antes? ¿Por qué nadie levantó la voz con suficiente fuerza? ¿Por qué las alarmas no sonaron cuando debieron sonar? ¿Por qué el país reaccionó tarde?

La respuesta duele, pero debe decirse. Tal vez no l vimos porque eran haitianos. Tal vez porque eran niños pobres, migrantes, provenientes de un país devastado por la violencia, la pobreza y la inestabilidad. Tal vez porque, en Chile, todavía hay dolores ajenos que parecen importar menos cuando vienen de determinados lugares del mundo. Tal vez porque la burocracia se acostumbró a procesar casos sin mirar rostros, sin detenerse en historias, sin preguntarse si detrás de un expediente había un niño en riesgo.

Esa indiferencia también es una forma de fracaso institucional.

Un Estado serio no puede proteger solo cuando el escándalo ya explotó. No puede reaccionar únicamente cuando la prensa pregunta, cuando la denuncia se hace pública o cuando la indignación obliga a convocar reuniones de emergencia. La protección de la infancia debe operar antes, no después. Debe estar en los controles, en los
consulados, en los aeropuertos, en Migraciones, en la policía, en los tribunales, en las alertas tempranas y en la coordinación entre servicios.

Aquí no basta con buscar un funcionario de bajo rango para sacrificarlo públicamente. Tampoco basta con declaraciones solemnes ni con promesas genéricas de investigación. Si hubo una cadena, hay que reconstruirla completa. Si hubo documentos falsos, hay que saber quién los emitió, quién los aceptó y quién los validó.
Si hubo menores trasladados por personas sin parentesco, hay que establecer bajo qué autorización ocurrió. Si hubo negligencia, debe sancionarse. Y si hubo crimen organizado, el Estado debe enfrentarlo con toda la fuerza de la ley.

Lo peor que podría pasar ahora es que este caso se diluya entre explicaciones técnicas, competencias cruzadas y responsabilidades compartidas que terminan siendo responsabilidades de nadie. Porque cuando todos participaron un poco, el riesgo es que nadie responda del todo.

Chile debe mirarse al espejo. Este caso no solo habla de fronteras débiles o de controles migratorios insuficientes. Habla de una institucionalidad que, en algún momento, dejó de ver a niños y empezó a ver trámites. Habla de un país que necesita preguntarse si su sensibilidad depende del origen de las víctimas. Habla de una burocracia que puede ser lenta para ayudar, pero sorprendentemente permeable cuando alguien sabe cómo torcerla.

No quisimos verlo. O no supimos verlo. Ambas respuestas son graves.

Pero desde ahora, ya nadie puede decir que no sabía.