Los industriales de la pesca acusan un intento de vulnerar sus cuotas de fraccionamiento aseguradas por Ley

Para Sonapesca, la iniciativa legal que votó la Cámara de Diputados –y que establece nuevas cuotas de extracción del recurso marino– infringe garantías constitucionales que no respeta “el periodo protegido de fraccionamiento establecido legalmente, hasta el año 2032”. Gobierno dice que aspira a eliminar la Ley Longueira, porque privilegia fuertemente a grandes empresas, particularmente a las que operan en el Norte.

Isabel Frías

Periodista UC

Luego que la Cámara de Diputados aprobara “en sala” el proyecto de ley que propone un nuevo fraccionamiento de las cuotas pesqueras entre el sector artesanal e industrial, pasando así a la etapa final en el Senado, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) emitió duros conceptos sobre la iniciativa propuesta por el gobierno para acabar con la polémica normativa vigente denominada “Ley Longueira”.

La entidad gremial que agrupa al gran empresariado del sector sostiene que “hemos visto una tramitación con “urgencia suma”, lo que ha impedido el diálogo”, acusan. En una extensa declaración, los industriales del sector acusan la existencia de un sesgo que ha impedido llegar a acuerdo entre los dos sectores productivos que se enfrentan en el espacio legislativo: “Lamentamos que no se hayan tomado en cuenta, ni considerado, las diversas observaciones realizadas en la discusión, no se haya recibido a expertos en los temas tratados y no se hayan considerado los acuerdos suscritos por distintos actores de la pesca sobre este proyecto y en el de la nueva Ley de Pesca, que lo precedió en su discusión, los cuales afectarán la implementación de esta iniciativa legal”, indican.

Acto seguido, los industriales insisten en recordar que la pesca industrial representa un aporte al desarrollo económico e inversiones en distintas zonas del país, además de generar empleos a nivel local a más de 38 mil personas.

Los argumentos de los grandes empresarios afiliados a Sernapesca, que prefieren opinar en bloque, se centran en que la iniciativa legislativa “es un proyecto que, como lo han establecido diversos constitucionalistas infringe garantías constitucionales de los titulares de las Licencias Transables de Pesca (LTP), al no respetar el periodo protegido de fraccionamiento establecido legalmente, hasta el año 2032, establecer nuevas licitaciones y que también afecta las LTP B que algunos han debido comprar en subastas organizadas por el Estado”, detallan.

A juicio del sector industrial pesquero, el nuevo escenario dibujado por la Cámara de Diputados “provoca una incerteza jurídica en el ámbito económico, estancando la inversión en un contexto de desaceleración económica que vive el país. Esta inconstitucionalidad fue refrendada por el ministro de Justicia, al referirse en un informe jurídico a la duración de los derechos otorgados por la ley vigente en el gobierno de la presidenta Bachelet”. 

Más adelante, la agrupación de la pesca industrial acusa que el proyecto que está en trámite “tiene defectos técnicos que generarán problemas en su aplicación al dejar normas contradictorias en la propia ley. Se aprobaron artículos quevan en sentido contrario a lo expuesto por la ciencia y de los propios estudios de la Subsecretaría de Pesca y el fraccionamiento fijado en algunas pesquerías dejara cuotas sin capturar.

Además, según el Informe Financiero presentado por el gobierno, el fisco tendrá déficit con los cambios del fraccionamiento aprobado”.

Bajo la conducción de su presidente, Héctor BacigalupoFalcon, dice que Sonapesca ha manifestado su disposición para llegar acuerdos, para “mantener y acrecentar las biomasas, para tener pesquerías sustentables, con más y mejores empleos. Situación que no sucedió”, recalcan.

Para los industriales de este sector productivo apuntan también a que la iniciativa debiera resolver aspectos claves como “la sobrecapacidad de pesca que existen en algunas pesquerías artesanales; en general solo la mitad de la flota artesanal presenta actividad, por lo que es imprescindible determinar quienes realmente están activos, y, sobre esa base, establecer nuevas cuotas”. 

Una nueva Ley de Pesca y puntos tan relevantes como el fraccionamiento que permite a las empresas proyectar inversiones y definir el modelo de desarrollo pesquero regional –enfatizan– “debe ser fruto de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores, proporcionando las mejores condiciones para desarrollar la actividad artesanal e industrial, en base a criterios científicos, Proceso al que tenemos disposición a colaborar para mejorar la legislación, como lo hemos reiterado en diversas ocasiones al ministro de Economía, al subsecretario de Pesca y a los propios parlamentarios”. 

Desde la vereda del gobierno, las autoridades sectoriales aseguran que el proyecto solo pretende una distribución más equitativa de los recursos marinos ya que las cuotas de capturas que rigen actualmente favorecen fuertemente a la pesca industrial, especialmente en el Norte Grande, y perjudica a los actores económicamente más pequeños.

De esa manera, la empresa más favorecida con la llamada Ley Longueira –todavía vigente– sería Corpesca,perteneciente al grupo económico de empresas Angelini, de la cual se comprobó judicialmente su vinculación con emblemáticos casos de corrupción ligados al financiamiento ilegal de los partidos políticos.