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La polémica tras la Foto de una extranjera fallecida

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El Longino recogió –en exclusiva– el pronunciamiento del equipo de comunicaciones de Colchane a partir de la postura del Colegio de Periodistas de Iquique. Mientras, de acuerdo a la Fiscalía Regional, “nuestra legislación no establece una sanción penal para los particulares que difundan cualquier tipo de información”, aunque con precisiones que muchos medios que operan bajo el anonimato de internet parecen desconocer en Tarapacá (y el mundo).

Informar sobre personas que han cometido delitos o han perdido la vida ha sido siempre un tema complejo, a veces plagado de controversias paralelas a los sucesos. 

¿Un caso internacional emblemático? La muerte de la princesa Diana de Gales, cuyo cuerpo moribundo fue fotografiado y ese material vendido por un avezado profesional que, en Europa, se llaman “paparazzi”. 

Durante la semana que termina, Tarapacá fue protagonista de un hecho similar aunque –según la línea editorial de los medios involucrados– algunos lo abordado como “crónica policial”, mientras El Longino lo cubrió bajo el contexto de la crisis migratoria que experimenta tanto la pequeña localidad fronteriza de Colchane, como la capital regional, Iquique, fenómeno que ha sido recogido incluso por los dos candidatos en la actual campaña presidencial. 

MUERTE N°19 

Este solo subtítulo –que indica el número de extranjeros hasta ahora fallecidos durante 2021 intentando cruzar hasta nuestro país– dice mucho sobre el drama de quienes emigran principalmente desde Venezuela a Chile por una ruta no apta para cualquiera: En los 800 kilómetros de frontera terrestre que separan Bolivia de Tarapacá reinan temperaturas extremas y Colchane se emplaza a 3.700 metros sobre el nivel del mar, una altura muy poco apta para personas con ciertas enfermedades y edad.  

Algo de eso reflejó la fotografía de la mujer, en torno a los 50 años de edad, que murió en la inusual posición “de plegaria”, dejando una evidencia empírica del instante en que finalizó su vida: Tal vez elevando una oración o simplemente yéndose de bruces al cielo producto de una deficiencia cardiaca fulminante. 

Ese impactante registro fue compartido con el equipo de comunicaciones del Municipio colchanino y replicado rápidamente por redes sociales y sitios web, medios de comunicación que –l sin equipos de prensa, en su mayoría– atienden a un público que prefiere las imágenes sobre el contenido escrito más detallado. 

El Colegio de Periodistas de Iquique emitió un comunicado lamentando que estos medios ocuparan dicha fotografía –explícita, pero donde no se ve el rostro de la víctima– y los llamó a restarse de esa práctica, por considerarla no apegada a la ética: No habló de ningún delito, sino que deslizó que la muerte comprometía la dignidad humana. 

El Longino conversó con el periodista Rodrigo Martínez, quien lidera la difusión del municipio en cuestión, y el profesional se mostró muy tranquilo al respecto: “Me parece –afirmó– que la actual directiva regional del Colegio de Periodistas desde un tiempo a esta fecha ha enfocado sus esfuerzos en censurar a los periodistas y medios de comunicación que informan sobre el fenómeno migratorio o de la inseguridad en que vive la población”, aseveró. 

“El valor noticio de la imagen de la Mujer de la Plegaria –dijo Martínez– radica en que es un testimonio de la tragedia del fenómeno migratorio como un espejo que nos conecta con nuestro sentido empático de lo humano”. 

LO QUÉ DICE LA FISCALIA  

La Fiscalía Regional de Tarapacá explicó a El Longino que “nuestra legislación no establece una sanción penal para los particulares que difundan cualquier tipo de información, siempre que esta no tenga el carácter de privado, sexual o que involucre a niños, niñas o adolescentes, o que pueda afectar la honra y dignidad de las personas”, enfatizando que ello abarca tanto a personas vivas como fallecidas. 

En otras palabras, en Chile no es delito la divulgación como este material donde se aprecia el cuerpo de una mujer, fallecida tras ingresar por un paso no habilitado.  

Sin embargo, se trata de normas de carácter general que deben ser sometidas al criterio de un juez de la República de presentarse una denuncia o acusación ante la justicia penal, por cuanto la “la afectación de la dignidad de las personas” es una materia que integra elementos subjetivos: El concepto de “dignidad” es un bien jurídico que eventualmente puede competir o entrar en contradicción con el derecho a informarse de parte de la ciudadanía o en situaciones que impliquen alarma o connotación pública. 

Consultada respecto del material fotográfico y audiovisual que habitualmente comparten organismos vinculados al aparato judicial –como la Policía de Investigaciones o el Servicio Médico Legal, por ejemplo–, la Fiscalía local aclaró que “los funcionarios públicos están obligados a guardar reserva cuando dicha información o imagen la hayan obtenido en el ejercicio de su cargo y además esté sujeta a una regulación de reserva, bajo sanción de las penas establecidas en el art. 246 del CP”. 

Para efectos de lo establecido por el Código Penal chileno, “los periodistas o medios de comunicación se entienden como particulares y las policías, Servicio Médico Legal, etc., como funcionarios públicos”. 

Para el Colegio de Periodistas regional la fotografía no debió circular: “El derecho de informar no se puede imponer por sobre el respeto de los derechos humanos de las personas”, declaró en un comunicado –con logo, pero sin firma- que difundió de manera formal. 

El respetable público tiene ahora la palabra… 

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