Inflación, combustibles y bajo crecimiento: el delicado equilibrio que enfrentará el Banco Central en junio

Aunque el IPC de mayo mostraría una moderación frente a las fuertes alzas de marzo y abril, los economistas advierten que el margen para bajar la tasa de interés seguirá siendo estrecho si las presiones de precios se trasladan desde los combustibles hacia servicios, arriendos y otros componentes más persistentes de la economía.

La economía chilena vuelve a enfrentar un cruce complejo entre inflación, bajo crecimiento y expectativas contenidas. Tras varios meses en que el país parecía transitar hacia una normalización gradual de los precios, el repunte inflacionario registrado entre marzo y abril volvió a instalar una pregunta incómoda para el Banco Central: hasta dónde puede seguir bajando la tasa de interés si los precios vuelven a mostrar señales de presión.

La antesala del Índice de Precios al Consumidor de mayo, que será dado a conocer el próximo lunes, ha concentrado la atención del mercado. De acuerdo con una reciente publicación de Radio Bío Bío, economistas proyectan una moderación del IPC mensual, con estimaciones que se ubican entre 0,3% y 0,5%. A primera vista, se trataría de una cifra menos intensa que las observadas en los dos meses anteriores. Sin embargo, el análisis de fondo es más delicado: el problema ya no está solo en cuánto suben los precios, sino en qué precios están subiendo y si esos aumentos
comienzan a expandirse hacia áreas más difíciles de controlar.

El punto de partida de esta tensión se encuentra en el impacto que tuvo el alza de los combustibles luego de que el Gobierno neutralizara el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, Mepco. En marzo, el IPC anotó una variación mensual de 1,0%, impulsado principalmente por transporte y educación. En abril, la presión fue aún
más evidente: el INE informó un aumento mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en el año y 4,0% en doce meses, con alzas destacadas en transporte, vivienda y servicios básicos.

Esa cifra anual de 4,0% encendió las alertas. No porque Chile haya regresado a los niveles críticos de inflación que marcaron los años posteriores a la pandemia, sino porque la trayectoria volvió a alejarse de la meta del Banco Central, ubicada en torno al 3%. En términos simples, la inflación dejó de bajar con la velocidad esperada y el país
volvió a una zona donde cada decisión de política monetaria debe medirse con extrema cautela.

El dilema es evidente. Por un lado, la actividad económica muestra señales débiles. El Imacec de abril registró una caída anual, presionado principalmente por sectores de menor dinamismo, lo que confirma que la economía no cuenta con una base robusta de crecimiento. Por otro lado, la inflación volvió a acelerarse por factores de costos, especialmente combustibles, lo que impide al Banco Central actuar con mayor agresividad en materia de recortes de tasa.

En ese contexto, el mercado apuesta a que el instituto emisor mantendrá la Tasa de Política Monetaria en 4,5% en su reunión del 16 de junio. La decisión, aunque esperada, refleja un momento de pausa más que de avance. El Banco Central parece obligado a mirar con atención no solo el dato de mayo, sino también la composición interna del IPC y los riesgos externos que pueden seguir empujando los precios hacia arriba.

El economista Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, ha advertido sobre los eventuales efectos de segunda vuelta que podrían producirse si el shock inicial de combustibles comienza a trasladarse a otros bienes y servicios. Esa es precisamente la frontera que preocupa al mercado: una cosa es enfrentar un aumento puntual en gasolina o diésel; otra muy distinta es observar que ese mayor costo termine incorporándose a fletes, alimentos, arriendos, servicios personales, comercio y tarifas diversas.

Cuando el alza de combustibles se queda contenida en el transporte, el Banco Central puede tratarla como un shock de oferta, es decir, como un fenómeno externo o de costos que no necesariamente responde a un exceso de demanda interna. Bajo esa lógica, el ente emisor podría evitar una reacción demasiado dura, especialmente en un
contexto de actividad débil. Pero si esa presión comienza a contaminar componentes más persistentes, como servicios o arriendos, la autoridad monetaria pierde espacio para relajar la política de tasas.

Esa distinción fue planteada por Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, al señalar que si la presión viene principalmente de combustibles, el Banco Central puede tratarla como un shock de oferta. Pero si se infiltra con más fuerza a servicios, arriendos o componentes más persistentes, el margen para bajar tasas se reduce. En otras palabras, el dato de mayo no será leído únicamente por su porcentaje mensual, sino por las señales que entregue sobre la profundidad del fenómeno inflacionario.

Este escenario golpea de forma directa a las familias. En regiones como Tarapacá y Antofagasta, donde el costo logístico es estructuralmente alto y gran parte de los bienes depende del transporte terrestre, marítimo o aéreo, el encarecimiento de los combustibles no es un dato lejano. Se expresa en el valor del traslado, en el precio de
los alimentos, en el funcionamiento del comercio, en los servicios básicos y en el presupuesto cotidiano de los hogares.

Para una familia del norte, la inflación no se percibe como una cifra técnica ni como una variación mensual publicada en una tabla. Se siente en el supermercado, en el pasaje, en la cuenta de luz, en el arriendo, en el gas y en cada compra que antes alcanzaba con mayor holgura. Por eso, aunque el IPC de mayo pueda mostrar una moderación respecto de marzo y abril, el alivio no necesariamente será evidente para los consumidores.

El problema de fondo es que la economía chilena atraviesa una etapa de bajo dinamismo. Cuando la inflación sube en un contexto de crecimiento fuerte, los hogares pueden enfrentarla con mayores ingresos, empleo más dinámico o mejores expectativas. Pero cuando los precios presionan al mismo tiempo que la actividad se debilita, el escenario se vuelve mucho más complejo. El ingreso disponible pierde fuerza y las familias deben ajustar consumo, postergar decisiones o recurrir nuevamente al endeudamiento.

En ese cuadro, la decisión del Banco Central adquiere relevancia política y social, aunque formalmente se trate de una definición técnica. Mantener la TPM en 4,5% significa reconocer que el proceso de normalización monetaria no puede acelerarse mientras la inflación siga sobre la meta o con riesgos de persistencia. Pero también implica prolongar un escenario donde el crédito continúa siendo relativamente caro para personas, pymes y empresas que necesitan financiamiento para invertir, refinanciar deudas o sostener operaciones.

Para las pequeñas y medianas empresas regionales, esta tensión es particularmente sensible. Una tasa más baja podría ayudar a aliviar costos financieros, facilitar capital de trabajo y reactivar inversiones. Sin embargo, si el Banco Central recorta antes de tiempo y la inflación vuelve a desordenarse, el costo final puede ser mayor: pérdida de poder adquisitivo, presión sobre precios y nuevas alzas que afecten directamente al consumo.

La historia reciente explica parte de esta prudencia. Chile vivió entre 2021 y 2022 uno de los ciclos inflacionarios más duros de las últimas décadas, empujado por los efectos de la pandemia, los retiros previsionales, los shocks externos, los problemas logísticos globales y el aumento internacional de alimentos y energía. En 2022, el país llegó a registrar variaciones anuales de dos dígitos, con un IPC que golpeó fuertemente a los hogares y obligó al Banco Central a aplicar una de las alzas de tasas más agresivas de su historia reciente.

Luego vino un proceso gradual de descenso. Durante 2023 y 2024, la inflación comenzó a moderarse, aunque no sin episodios de presión. El país aprendió que la estabilidad de precios no se recupera de un mes a otro y que cualquier shock externo puede retrasar la convergencia hacia la meta. Por eso, el repunte de marzo y abril de 2026 despierta preocupación, aunque todavía no configura un escenario comparable al peak inflacionario del ciclo anterior.

La diferencia es que hoy la economía está más débil. La demanda interna no muestra el mismo impulso de años previos y el crecimiento se mueve en márgenes estrechos. Esta combinación obliga al Banco Central a caminar sobre una línea fina: si mantiene la tasa alta por demasiado tiempo, puede profundizar la desaceleración; si la baja antes
de consolidar la convergencia inflacionaria, puede arriesgar un nuevo brote de precios.

A esa incertidumbre interna se suma el factor internacional. El biministro Daniel Más ha sido cauto al referirse al escenario externo y ha señalado que el Gobierno sigue atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente, un elemento que ha traído malas noticias para el país. La razón es directa: Chile es una economía abierta y dependiente de los precios internacionales de la energía. Cualquier tensión que presione el petróleo puede transmitirse rápidamente a combustibles, transporte y costos productivos.

En ese sentido, la discusión sobre el Mepco vuelve a ocupar un lugar central. El mecanismo ha sido utilizado en distintos momentos para suavizar variaciones bruscas en los precios de los combustibles, evitando que los cambios internacionales se traspasen de golpe al consumidor final. Sin embargo, su uso también implica costos
fiscales y decisiones políticas difíciles. Neutralizarlo permite sincerar precios, pero expone más directamente a los hogares y empresas al vaivén internacional. Esa es parte de la discusión que hoy se instala en la economía nacional. ¿Debe el Estado amortiguar los shocks de combustibles para evitar una presión inflacionaria más amplia? ¿O debe permitir que los precios reflejen el costo real, aunque ello genere un impacto inmediato sobre el bolsillo de las familias? La respuesta no es simple, porque involucra responsabilidad fiscal, estabilidad de precios y protección social.

En regiones extremas o alejadas del centro del país, esa pregunta adquiere un tono más urgente. Tarapacá y Antofagasta dependen de cadenas logísticas largas, con altos costos de transporte y una economía marcada por actividades intensivas en energía, comercio exterior, minería, servicios y movilidad permanente. Cuando sube el
combustible, el impacto no se limita a quienes cargan bencina. Se traslada al costo de operar, abastecer, distribuir y consumir.

Por eso, el IPC de mayo será mirado como una señal. Si la cifra se ubica cerca de 0,3%, el mercado podría interpretar que el shock comienza a moderarse. Si se acerca a 0,5% o supera las expectativas, la lectura será más cautelosa. Pero incluso una cifra moderada no despejará por completo las dudas si los componentes internos muestran que la inflación empieza a filtrarse hacia servicios u otros precios más persistentes.

La reunión del Banco Central del 16 de junio, por tanto, no será solo una discusión sobre mantener o mover la tasa. Será una evaluación sobre la credibilidad del proceso de convergencia inflacionaria, la resistencia de la economía y los riesgos de un escenario externo más volátil. En la práctica, el instituto emisor deberá decidir si el país está ante un shock transitorio de combustibles o ante el inicio de una presión más amplia que exige mantener la guardia arriba.

Para los hogares, la respuesta más inmediata será menos técnica: saber si los precios seguirán subiendo, si el crédito podrá bajar en los próximos meses y si el empleo logrará resistir una economía que se mueve con debilidad. Para las empresas, la preocupación estará en los costos, la demanda y la posibilidad de planificar inversiones en un entorno menos incierto.

El dato de mayo podría traer una moderación, pero no necesariamente tranquilidad. Chile parece haber dejado atrás la inflación desbordada de los años más duros, pero aún no recupera una estabilidad plenamente consolidada. Y en ese espacio intermedio, donde los precios bajan más lento de lo esperado y la actividad no despega, el Banco Central deberá actuar con prudencia.

La economía chilena llega así a junio con una paradoja compleja: necesita tasas más bajas para estimular el crecimiento, pero requiere inflación controlada para proteger el poder adquisitivo. Entre ambos objetivos se moverá la decisión del 16 de junio. Una decisión que, aunque se tome en Santiago y en lenguaje técnico, tendrá efectos
concretos en cada feria, almacén, pyme, faena, hogar y comercio del norte del país.