Histórico golpe al narcotráfico: PDI de Iquique incauta 2,7 toneladas de droga y desarticula banda internacional

La investigación desarrollada durante seis meses permitió detener a 12 personas, decomisar ocho armas de fuego y congelar ocho cuentas bancarias. La organización era liderada por dos hermanos colombianos y mantenía conexiones criminales con redes que operaban desde el extranjero.

Un contundente golpe al crimen organizado concretaron detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de Iquique, quienes, en coordinación con la Fiscalía Supraterritorial, lograron desarticular una organización criminal internacional dedicada al ingreso de grandes cargamentos de drogas y armamento por pasos fronterizos no habilitados del norte de Chile, para posteriormente distribuirlos en la Región Metropolitana y diferentes ciudades del sur del país.

El procedimiento, denominado Operación Cafeteros, permitió incautar 2.711 kilos y 600 gramos de sustancias ilícitas, entre cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, constituyéndose, según informaron las autoridades, en la mayor incautación de drogas registrada durante 2026 en un procedimiento de estas características.

La investigación también permitió detener a 12 integrantes de la estructura criminal, decomisar ocho armas de fuego, incautar vehículos de alta gama y detectar operaciones financieras utilizadas para movilizar y ocultar las millonarias ganancias provenientes del narcotráfico.

Los resultados fueron presentados este martes 27 de octubre por el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el fiscal jefe supraterritorial subrogante, Marcelo Vargas Leiva, quienes destacaron el trabajo investigativo desarrollado por los detectives de Iquique para identificar las conexiones, estructura operativa y mecanismos financieros utilizados por la organización.

El procedimiento adquiere especial relevancia para Tarapacá, considerando que la investigación tuvo su origen en el trabajo de una unidad especializada de la región, que logró reconstruir la cadena delictual desde el ingreso de las sustancias por el extremo norte hasta su acopio y distribución en distintas zonas del territorio nacional.

Seis meses de investigación permitieron identificar a los líderes

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, las diligencias se extendieron durante aproximadamente seis meses, período en el que los investigadores realizaron labores de inteligencia criminal, análisis de información y seguimiento de las operaciones destinadas al transporte, almacenamiento y comercialización de drogas.

El director general de la institución, Eduardo Cerna, explicó que el trabajo permitió establecer la existencia de una estructura conformada por ciudadanos extranjeros y chilenos, cuyos integrantes cumplían funciones específicas para asegurar el funcionamiento del negocio ilícito.

Entre las 12 personas detenidas se encuentran seis ciudadanos colombianos, cinco chilenos y un ecuatoriano, quienes fueron identificados como presuntos participantes de las distintas etapas de la operación criminal.

La investigación estableció que la organización utilizaba pasos fronterizos no habilitados para ingresar grandes cantidades de drogas y armamento, aprovechando posteriormente una red de apoyo logístico que facilitaba su traslado hacia centros de almacenamiento y distribución.

El objetivo principal de la estructura era abastecer el mercado ilegal de drogas en la Región Metropolitana y el sur de Chile, utilizando mecanismos de transporte y acopio que permitían mantener operativa una cadena de comercialización de gran escala.

Durante el desarrollo de la investigación, los detectives también identificaron vehículos de alta gama, operaciones patrimoniales y actividades comerciales presuntamente destinadas a encubrir el origen de los recursos obtenidos mediante el tráfico de sustancias ilícitas.

Estos antecedentes permitieron ampliar el alcance de las diligencias y avanzar más allá de la incautación de cargamentos, identificando a quienes presuntamente coordinaban, financiaban y administraban la actividad criminal.

Dos hermanos colombianos lideraban la organización

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue la identificación de dos ciudadanos colombianos, hermanos entre sí, quienes, según la PDI, encabezaban la estructura criminal y mantenían bajo su control a diferentes integrantes encargados de ejecutar las operaciones delictuales.

El jefe de la Brigada Antinarcóticos de Iquique, subprefecto René Camilo, explicó que el procedimiento permitió establecer claramente la distribución de responsabilidades al interior de la organización, donde cada participante cumplía una función determinada.

“La importancia de este proceso investigativo radica en que se logró la desarticulación de una estructura criminal que operaba en nuestro país, principalmente en la Región Metropolitana. Además, se logró la incautación de aproximadamente 2.700 kilos de droga y se sacaron de circulación ocho armas de fuego”, manifestó el oficial policial.

Camilo precisó que el liderazgo de la organización estaba concentrado en los dos hermanos colombianos, quienes contaban con colaboradores encargados de materializar las diferentes operaciones.

“La estructura criminal estaba liderada por dos ciudadanos colombianos, que son hermanos, y ellos tenían sus brazos operativos que tenían distintas funciones y roles dentro de la organización”, detalló el subprefecto.

El trabajo policial permitió identificar una estructura que funcionaba mediante la asignación de tareas específicas, una característica que dificulta las investigaciones cuando solamente se logra detener a quienes transportan los cargamentos, sin alcanzar a los responsables de su coordinación y financiamiento.

En este caso, los investigadores consiguieron avanzar hacia los niveles superiores de la organización, identificando a sus presuntos líderes y los mecanismos utilizados para mantener las operaciones delictivas.

Incautan ocho armas, una vinculada a la Policía de Tucumán

Otro aspecto relevante del procedimiento fue la incautación de ocho armas de fuego que se encontraban en poder de la organización criminal, elemento que incrementó la preocupación de los investigadores debido a los antecedentes de utilización de violencia como mecanismo de intimidación.

El subprefecto René Camilo informó que cuatro de las armas decomisadas contaban con registros en Chile, mientras que las otras cuatro no presentaban inscripción nacional, por lo que se investiga su posible procedencia extranjera.

Una de las armas llamó especialmente la atención de los detectives, debido a que presentaba marcas relacionadas con la Policía de Tucumán, en Argentina, situación que abrió una nueva línea investigativa destinada a establecer su origen y las circunstancias en que habría llegado a territorio nacional.

“Efectivamente, tenemos ocho armas de fuego incautadas. Cuatro de ellas tienen registro en Chile y las otras cuatro no tienen registro en Chile, por lo que se presume que son de origen extranjero”, explicó Camilo.

El jefe policial agregó que una de las armas presenta elementos de identificación vinculados con la institución policial argentina, aunque aclaró que todavía se desarrollan diligencias para determinar su procedencia definitiva.

“Una de ellas tiene algún tipo de cuño relacionado con la Policía de Tucumán, Argentina, pero actualmente nos encontramos realizando diligencias para establecer el origen de estas armas”, precisó.

La investigación sobre el armamento resulta especialmente importante debido a que podría permitir determinar eventuales rutas de tráfico ilegal de armas y establecer si existen vínculos con otros hechos delictuales registrados dentro o fuera del país.

Consultado sobre el uso de estas armas, el subprefecto sostuvo que existen antecedentes investigativos que apuntan a prácticas de intimidación y violencia dentro del funcionamiento de la estructura criminal.

“Existen algunos indicios durante la investigación que dicen que esta estructura criminal utilizaba la violencia como modo de amedrentamiento. Efectivamente, existen esos antecedentes durante la investigación”, afirmó.

Estos antecedentes forman parte de las diligencias que continúan desarrollándose para esclarecer el alcance de las operaciones y las posibles conexiones con otras organizaciones.

Congelan ocho cuentas bancarias e investigan conexiones con Cali

Además del tráfico de drogas y armas, las investigaciones permitieron identificar movimientos financieros que habrían sido utilizados para administrar y transferir recursos provenientes de la actividad criminal.

El subprefecto René Camilo confirmó que, mediante el trabajo coordinado con la Fiscalía Supraterritorial, se logró congelar ocho cuentas bancarias presuntamente vinculadas con integrantes de la organización.

Estas medidas buscan impedir la utilización de los recursos financieros asociados con las operaciones ilícitas, además de facilitar el análisis de las transferencias y movimientos de dinero realizados por los investigados.

“Cabe destacar que, en el trabajo conjunto con la Fiscalía, también se logró congelar ocho cuentas bancarias utilizadas por estas personas para mover su flujo financiero”, explicó el jefe de la Briant Iquique.

Las diligencias también permitieron detectar posibles conexiones financieras con otra organización criminal integrada por ciudadanos colombianos, que había sido desarticulada anteriormente y que mantendría vínculos con estructuras delictuales de Cali, Colombia.

Según antecedentes conocidos durante la investigación, una de las cuentas examinadas tendría relación con el entorno de los denominados Monarcas de Cali, aunque las características y alcances de esa conexión todavía deben ser esclarecidos por los investigadores.

Frente a esta situación, Camilo explicó que los equipos especializados continúan desarrollando diligencias para establecer la naturaleza de los movimientos financieros identificados y determinar si existen responsabilidades adicionales.

“Existe una relación entre esta estructura criminal y una organización de colombianos que fue desarticulada hace un tiempo atrás, y esta organización tiene un flujo de dinero entre ellos, pero son todavía materia de investigación”, sostuvo.

La identificación de estas operaciones constituye uno de los aspectos más relevantes del procedimiento, debido a que permite examinar no solamente el traslado físico de sustancias ilícitas, sino también la estructura económica que posibilita su comercialización.

Barberías eran utilizadas para ocultar ganancias del narcotráfico

Las investigaciones también permitieron identificar actividades comerciales que habrían sido utilizadas como mecanismos para encubrir ingresos provenientes del tráfico de drogas.

Entre los establecimientos investigados figuran dos barberías ubicadas en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana, que presuntamente formaban parte de una estrategia para justificar movimientos de dinero y aparentar actividades económicas legales.

De acuerdo con los antecedentes conocidos durante la investigación, estas operaciones comerciales estaban relacionadas con mecanismos utilizados para introducir recursos de origen ilícito al sistema financiero.

Los detectives también detectaron operaciones patrimoniales vinculadas con vehículos de alta gama y otras transacciones económicas que podrían haber sido utilizadas para administrar las ganancias de la organización.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que este tipo de investigaciones busca identificar la totalidad del funcionamiento de las estructuras criminales, incluyendo sus operaciones logísticas, financieras y comerciales.

El trabajo permitió establecer una serie de vínculos entre los integrantes de la organización, sus actividades económicas y los mecanismos empleados para ocultar las ganancias del narcotráfico.

Fiscalía destaca investigación de toda la cadena criminal

El fiscal jefe supraterritorial subrogante, Marcelo Vargas Leiva, destacó el alcance del procedimiento desarrollado junto a los detectives de Iquique, enfatizando que las diligencias permitieron identificar diferentes niveles de responsabilidad dentro de la organización.

La autoridad del Ministerio Público explicó que uno de los principales objetivos de las investigaciones contra el crimen organizado consiste en desarticular completamente las estructuras dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas, evitando que los procedimientos se limiten únicamente a la incautación de cargamentos.

En ese sentido, manifestó que el trabajo investigativo permitió establecer la cadena de transporte, los mecanismos de acopio y las operaciones logísticas desarrolladas en distintas regiones.

El fiscal también destacó la incautación del armamento utilizado por la organización, considerando los riesgos que representa la disponibilidad de armas de fuego en estructuras vinculadas con el narcotráfico.

Según informó el Ministerio Público, los 12 detenidos serán puestos a disposición de la justicia este miércoles 28 de octubre para sus respectivos controles de detención y formalización.

Entre los delitos que serán investigados se encuentran infracciones a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, y a la Ley de Control de Armas, sin perjuicio de otras eventuales responsabilidades que puedan establecerse durante el proceso judicial.

La Fiscalía también continuará desarrollando diligencias relacionadas con los movimientos financieros detectados y los posibles vínculos internacionales de la estructura criminal.

Ministro Arrau destaca resultados y desafíos fronterizos

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró los resultados del procedimiento y destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de combatir las organizaciones criminales.

La autoridad sostuvo que incautaciones de esta magnitud permiten afectar las capacidades económicas y operativas de las redes dedicadas al narcotráfico, especialmente cuando las investigaciones consiguen identificar a sus integrantes y establecer los mecanismos utilizados para introducir drogas al país.

Asimismo, reconoció que todavía existen desafíos relacionados con el fortalecimiento de los controles fronterizos y el desarrollo de investigaciones que permitan anticipar las operaciones de estas organizaciones.

El secretario de Estado planteó la necesidad de mantener y reforzar las capacidades de inteligencia e investigación criminal, considerando que las estructuras dedicadas al tráfico de drogas utilizan diferentes rutas y mecanismos para eludir los controles policiales.

En este escenario, la coordinación entre los organismos encargados de la seguridad fronteriza y las unidades especializadas constituye un aspecto relevante para enfrentar organizaciones que mantienen operaciones en distintas regiones y posibles conexiones internacionales.

Tarapacá, una región clave en las investigaciones contra el narcotráfico

El resultado de la Operación Cafeteros vuelve a situar a la Región de Tarapacá en el centro de las investigaciones destinadas a combatir el tráfico de drogas y armas que ingresan al territorio nacional por el extremo norte.

La condición fronteriza de la región, sus conexiones terrestres y la existencia de extensas zonas de difícil vigilancia representan desafíos para las instituciones encargadas de impedir el ingreso de cargamentos ilegales.

Durante los últimos meses, las unidades especializadas de Carabineros y la Policía de Investigaciones han desarrollado diversos procedimientos que han permitido decomisar importantes cantidades de sustancias ilícitas, tanto en controles fronterizos como mediante investigaciones vinculadas con organizaciones dedicadas a su distribución.

Sin embargo, la magnitud de esta operación permite observar un fenómeno que trasciende el tráfico local, considerando que los cargamentos ingresados por el norte tenían como destino mercados ilícitos de otras regiones del país.

En ese contexto, las investigaciones desarrolladas desde Iquique adquieren especial importancia, debido a que permiten identificar conexiones que se extienden a diferentes ciudades y que requieren un trabajo coordinado entre unidades policiales y fiscales especializados.

El procedimiento también evidencia la creciente complejidad de las estructuras criminales investigadas, que combinan tráfico de drogas, disponibilidad de armamento, operaciones financieras y actividades comerciales presuntamente utilizadas para ocultar ganancias.

Un golpe de alcance nacional que abre nuevas investigaciones

Con 12 personas detenidas, más de 2,7 toneladas de drogas incautadas, ocho armas de fuego decomisadas y ocho cuentas bancarias congeladas, la Operación Cafeteros constituye uno de los procedimientos más relevantes desarrollados durante 2026 contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

No obstante, las autoridades han precisado que todavía existen diligencias pendientes, especialmente para determinar el origen de las armas extranjeras, establecer el alcance de las conexiones financieras internacionales y esclarecer eventuales vínculos con otras estructuras criminales.

La investigación continuará bajo la dirección del Ministerio Público, mientras los imputados deberán enfrentar las audiencias judiciales correspondientes, manteniéndose vigente su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

El trabajo de la Brigada Antinarcóticos de Iquique permitió identificar una organización con capacidad para operar desde las zonas fronterizas del norte hasta importantes centros de distribución en el centro y sur del país, demostrando el alcance territorial que pueden adquirir estas redes.

La incautación representa una intervención relevante sobre la capacidad logística y económica de la estructura investigada, aunque el esclarecimiento completo de sus conexiones y responsabilidades dependerá del avance de las diligencias y del desarrollo del proceso judicial.

Con este procedimiento, Tarapacá vuelve a ocupar un lugar destacado en los esfuerzos nacionales contra el crimen organizado, a través de una investigación que permitió seguir la ruta de la droga, identificar a sus presuntos responsables y avanzar hacia el seguimiento de los recursos financieros que sostendrían sus actividades ilícitas.