Gobierno logra acuerdo con camioneros, pero el paro continúa en algunas rutas del país

Tras tres días de paralización nacional

• El Ejecutivo comprometió una rebaja de $142 por litro al diésel, congelar las alzas hasta marzo de 2027 y otorgar mayores beneficios tributarios. Sin embargo, gremios independientes rechazaron el acuerdo y mantienen las movilizaciones.

El Gobierno consiguió destrabar parte del conflicto con los transportistas de carga que durante tres días mantuvo paralizadas distintas rutas del país. Tras extensas negociaciones desarrolladas en el Palacio de La Moneda, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció la tarde de ayer jueves un acuerdo con las principales organizaciones de camioneros, que contempla una importante rebaja en el precio del diésel, la suspensión de nuevas alzas de los combustibles y modificaciones tributarias destinadas a aliviar los costos operacionales del sector.

Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado con las grandes confederaciones, el conflicto no quedó completamente superado. Agrupaciones independientes y movimientos que no participaron de la firma rechazaron las medidas anunciadas, argumentando que las soluciones no responden a la totalidad de sus demandas, por lo que confirmaron la continuidad de las movilizaciones en determinados puntos del territorio nacional, especialmente en regiones del norte y sur.

El anuncio fue realizado por Alvarado luego de una reunión que se prolongó por más de tres horas y que permitió establecer cinco compromisos concretos entre el Ejecutivo y los representantes de los transportistas.

“Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días”, declaró el secretario de Estado desde la sede de Gobierno.

Uno de los puntos centrales del entendimiento establece revertir el incremento aplicado durante esta semana de $42 por litro al diésel y de $39 a las gasolinas. A ello se suma una disminución adicional de $100 por litro para el petróleo diésel, alcanzando una rebaja total de $142 respecto del valor de referencia anterior.

La medida representa un alivio para los transportistas, particularmente para aquellos pequeños y medianos empresarios que habían advertido sobre las dificultades económicas generadas por el sostenido encarecimiento de los combustibles, uno de los principales componentes de los costos del transporte de carga.

Para materializar estos beneficios, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley al Congreso Nacional, cuya tramitación será determinante para concretar las rebajas comprometidas.

Según explicó Alvarado, la expectativa del Gobierno es que la iniciativa complete su tramitación legislativa el próximo martes, permitiendo implementar rápidamente las medidas y entregar certidumbre a los operadores del sector.

Otro de los compromisos relevantes consiste en suspender los aumentos de los precios de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. Durante este período, los valores podrán mantenerse o disminuir, pero no podrán superar el límite establecido a partir de las rebajas anunciadas.

En términos prácticos, el mecanismo contempla que, si los precios bajan y posteriormente experimentan incrementos, estos no podrán sobrepasar el techo definido sobre la base de los valores del 12 de noviembre, descontando los $142 correspondientes al diésel y los $39 aplicables a las gasolinas.

“Se suspenderán las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027”, precisó el biministro, destacando uno de los principales compromisos que permitieron acercar posiciones con los dirigentes del transporte.

MAYORES BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS TRANSPORTISTAS

El acuerdo también incorpora modificaciones al sistema de recuperación del impuesto específico al diésel, establecido en la Ley 19.764, ampliando los porcentajes de devolución para las empresas dedicadas al transporte de carga por carretera.

Según la propuesta, las empresas con ventas anuales de hasta 2.400 UF podrán recuperar el 90% del impuesto específico. El mismo porcentaje se aplicará a quienes registren ventas entre 2.400 y 6.000 UF.

Para los operadores con ingresos anuales de entre 6.000 y 20.000 UF, la devolución alcanzará el 65%, mientras que las empresas cuyas ventas superen las 20.000 UF accederán a una recuperación del 50%.

Estos porcentajes representan una mejora respecto de la propuesta original del Ejecutivo, que contemplaba devoluciones de 80%, 70%, 52,5% y 31%, respectivamente.

La modificación busca reducir la presión financiera sobre las empresas transportistas y entregar mayores herramientas para enfrentar los costos asociados al combustible, especialmente entre aquellos operadores de menor tamaño que dependen directamente de sus camiones para mantener su actividad económica.

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, valoró el entendimiento y sostuvo que una de las principales preocupaciones de su organización ha sido proteger a los transportistas que enfrentan mayores dificultades económicas.

“Siempre el foco nuestro ha estado en defender al pequeño camionero, que desde el bencinazo de marzo se ha ido quedando sin trabajo y con la angustia de no poder operar por las sucesivas alzas del diésel”, manifestó el dirigente.

Sus declaraciones reflejan una de las principales preocupaciones planteadas durante la movilización: el impacto que los sucesivos incrementos del combustible han tenido sobre la rentabilidad del transporte de carga y la capacidad de los pequeños empresarios para mantener sus operaciones.

El entendimiento también incorpora beneficios para el transporte de pasajeros. En particular, establece aumentar del 35% al 70% el porcentaje de recuperación del pago de peajes para los buses.

Adicionalmente, el Gobierno comprometió la constitución de una mesa de trabajo destinada a abordar requerimientos específicos de este sector, que también había manifestado preocupación por los efectos del encarecimiento de los combustibles.

El quinto punto del acuerdo introduce un mecanismo de compensación tributaria relacionado con el Formulario 29, utilizado para la declaración de impuestos.

La iniciativa elimina la obligación de los transportistas de enterar el débito asociado al impuesto específico cuando este presenta un resultado negativo. En reemplazo, se establecerá una cuenta de compensación que permitirá aplicar esos montos cuando posteriormente se genere un impuesto específico positivo.

Con esta modificación se busca evitar que determinados resultados tributarios afecten la liquidez de las empresas, especialmente de aquellas que operan con márgenes financieros más reducidos.

ACUERDO TENDRÁ UN COSTO FISCAL DE US$500 MILLONES

Desde el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Jorge Quiroz, informó que el conjunto de medidas representará un costo fiscal aproximado de 500 millones de dólares, distribuidos entre el presente ejercicio presupuestario y el próximo año.

Pese a la magnitud de los recursos comprometidos, el secretario de Estado aseguró que el acuerdo se encuentra dentro de las posibilidades financieras consideradas por el Ejecutivo y que no compromete sus objetivos de consolidación fiscal.

“El costo es relevante, del orden de los US$500 millones, no solo este año, sino que este año y el que sigue, principalmente cayendo en el año que sigue. Es un costo asumible, totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal”, afirmó Quiroz.

La estimación fiscal adquiere especial relevancia en medio de la discusión presupuestaria para 2027, considerando que el paquete de beneficios implica comprometer recursos públicos y modificar mecanismos tributarios durante los próximos meses.

En ese escenario, la tramitación del proyecto en el Congreso será fundamental para establecer las condiciones definitivas bajo las cuales se aplicarán las medidas anunciadas.

El acuerdo fue suscrito por representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), ChileTransporte y diversas federaciones regionales.

Estas organizaciones comprometieron el término de la paralización de sus bases, permitiendo avanzar hacia la normalización del transporte de carga y la circulación en las rutas donde sus asociados participaban de las protestas.

No obstante, el escenario continúa siendo complejo debido a la presencia de agrupaciones que no se consideran representadas por las organizaciones firmantes.

GREMIOS INDEPENDIENTES RECHAZAN EL PACTO Y MANTIENEN MOVILIZACIONES

Mientras las principales confederaciones valoraron el resultado de las conversaciones, otros movimientos de transportistas expresaron abiertamente su rechazo al acuerdo, advirtiendo que las medidas no satisfacen todas las demandas que dieron origen a la movilización nacional.

Uno de los cuestionamientos más directos provino del movimiento No + TAG, cuyo vocero, Andrés Alarcón, confirmó que no se logró establecer un entendimiento con las autoridades.

“Tuvimos una reunión ahora donde no se pudo llegar a un acuerdo. Lamentablemente el Gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo”, sostuvo el dirigente.

La posición de este movimiento evidencia las diferencias existentes entre las distintas organizaciones del transporte, especialmente respecto de los beneficios que consideran necesarios para enfrentar el aumento de los costos de operación.

Entre los sectores que mantienen su rechazo también se encuentran camioneros independientes y agrupaciones de menor tamaño, que anunciaron la continuidad de las protestas en determinados tramos carreteros.

De acuerdo con los antecedentes entregados, las movilizaciones persistirían principalmente en zonas del norte y sur del país, además de sectores de la Ruta 68 en dirección a la Región de Valparaíso.

Esta situación plantea un desafío para las autoridades, considerando que el acuerdo alcanzado con las principales confederaciones no garantiza necesariamente el levantamiento inmediato de todos los puntos de protesta.

Aunque el Ejecutivo sostiene que los beneficios establecidos tendrán aplicación general para el transporte de carga por carretera, independientemente de la organización gremial a la que pertenezcan los conductores o propietarios, los sectores disidentes mantienen sus reparos.

De esta manera, el escenario continúa dividido entre quienes consideran que el acuerdo representa una respuesta concreta a sus principales demandas y quienes estiman que todavía existen problemas pendientes que requieren nuevas negociaciones.

INCERTIDUMBRE EN LAS RUTAS DEL NORTE DEL PAÍS

En regiones como Tarapacá, donde el transporte terrestre cumple un papel fundamental para el abastecimiento, el comercio y la conectividad internacional, la evolución de las movilizaciones adquiere especial importancia.

La actividad de carga resulta estratégica para el funcionamiento de la Zona Franca de Iquique, las operaciones logísticas vinculadas al puerto, la distribución de productos hacia Alto Hospicio y las comunas del interior, así como para el intercambio comercial que se desarrolla a través de los corredores internacionales.

Por ello, la normalización de las rutas constituye un factor relevante para reducir eventuales dificultades en el traslado de mercancías y recuperar la continuidad de las operaciones que dependen del transporte por carretera.

Durante los tres días de paralización, las autoridades regionales mantuvieron seguimiento de la situación vial y de los efectos de las manifestaciones, en coordinación con los organismos competentes.

Sin embargo, la continuidad de las movilizaciones de grupos independientes obliga a mantener la atención sobre el comportamiento de las rutas y las decisiones que adopten los distintos gremios durante las próximas jornadas.

El principal desafío será determinar si la rebaja del combustible y las medidas tributarias comprometidas consiguen reducir la tensión entre los transportistas que todavía permanecen movilizados.

También será relevante observar la velocidad con que avance el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo, considerando que una parte importante de los beneficios anunciados depende de su aprobación legislativa.

EL FIN DEL CONFLICTO AÚN NO ESTÁ GARANTIZADO

El entendimiento alcanzado en La Moneda constituye un avance en las negociaciones después de tres jornadas de paralización, pero también deja en evidencia la fragmentación que existe al interior del transporte de carga nacional.

La disminución de $142 por litro del diésel, la suspensión de nuevas alzas hasta marzo de 2027 y el aumento en los porcentajes de devolución tributaria representan los principales compromisos económicos asumidos por el Gobierno para responder a las demandas del sector.

No obstante, el rechazo expresado por determinadas agrupaciones demuestra que las negociaciones no han logrado satisfacer a todos los actores involucrados en el conflicto.

En consecuencia, aunque las principales confederaciones anunciaron el término de su participación en la paralización, todavía no es posible dar por completamente superada la crisis del transporte.

Las próximas jornadas estarán marcadas por la evolución de las protestas que permanecen activas, la normalización progresiva de las rutas y el avance legislativo de las medidas comprometidas.

Para las regiones del norte, particularmente Tarapacá, el desenlace de este conflicto resulta relevante debido a la dependencia que mantienen distintas actividades económicas del transporte terrestre y de la conectividad con el resto del país.

Así, mientras el Gobierno apuesta por la implementación de las rebajas y beneficios tributarios para recuperar la normalidad, los transportistas independientes que rechazaron el pacto mantienen abierta la posibilidad de prolongar las movilizaciones.

El acuerdo permitió levantar una parte importante del paro nacional, pero su término definitivo dependerá de las decisiones que adopten los gremios disidentes y de la capacidad de las autoridades para abordar las demandas que todavía permanecen pendientes.