Cámara aprueba indicación del diputado Carlos Carvajal para reponer $22.744 millones a la Ley Ricarte Soto

La propuesta del parlamentario de Tarapacá fue respaldada por 70 votos a favor, 60 en contra y tres abstenciones, durante la discusión del Presupuesto 2027. La iniciativa busca restituir los recursos destinados a financiar diagnósticos y tratamientos de alto costo para pacientes que dependen de esta cobertura de salud.

Un importante avance en la defensa del financiamiento de tratamientos médicos de alto costo se registró en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de aprobarse una indicación presentada por el diputado de Tarapacá, Carlos Carvajal, destinada a reponer $22.744 millones que habían sido rebajados del presupuesto de la Ley Ricarte Soto para el año 2027.

La iniciativa fue discutida durante el análisis de la partida presupuestaria del Ministerio de Salud, obteniendo el respaldo de 70 parlamentarios, mientras 60 votaron en contra y tres se abstuvieron, resultado que permitió avanzar en la recuperación de recursos considerados fundamentales para miles de pacientes del país.

La indicación propone elevar el financiamiento desde los $166.951 millones contemplados inicialmente hasta alcanzar los $189.695 millones, restituyendo así la diferencia que había generado preocupación respecto de la continuidad y disponibilidad de prestaciones médicas de alto costo.

La Ley Ricarte Soto constituye uno de los principales mecanismos de protección financiera del sistema sanitario chileno, al establecer cobertura para determinados diagnósticos y tratamientos asociados a enfermedades complejas, cuyos elevados costos pueden resultar imposibles de asumir para numerosas familias.

CARVAJAL CUESTIONÓ RECORTE PRESUPUESTARIO

Durante la discusión parlamentaria, el diputado Carlos Carvajal manifestó su rechazo a la disminución de recursos propuesta por el Ejecutivo, advirtiendo sobre las consecuencias que podría generar para quienes dependen de estos tratamientos.

«La Ley Ricarte Soto es uno de los avances más importantes que ha tenido nuestro sistema de salud, porque garantiza el tratamiento por parte del Estado para diferentes enfermedades complejas. Es un error brutal que el Gobierno pretenda reducirla, dejando en la incertidumbre a miles de chilenos que la necesitan», sostuvo el legislador.

El representante de Tarapacá enfatizó que el financiamiento de esta normativa constituye una responsabilidad del Estado y que cualquier reducción presupuestaria debe analizarse considerando sus eventuales efectos sobre los pacientes beneficiarios.

En su intervención ante la Cámara, Carvajal también señaló que «aprobar esta indicación es trascendental porque toca uno de los recortes en el presupuesto más sensibles. Menos recursos para la Ley Ricarte Soto es de una indolencia increíble, pero, además, una falta al deber que tiene el Estado en materia de salud, la de garantizar las prestaciones para los pacientes. Frente a un tecnicismo, elijamos cumplir con el derecho fundamental a la salud».

DEFENSA DEL ACCESO A TRATAMIENTOS

La aprobación de la indicación representa un respaldo de la Cámara a la propuesta de restituir el financiamiento destinado a esta cobertura, especialmente relevante para personas que enfrentan enfermedades cuyos tratamientos requieren elevados recursos económicos.

Sin embargo, la reposición deberá continuar su tramitación en el marco del debate legislativo del Presupuesto 2027, hasta que se defina el texto definitivo de la ley.

El diputado Carvajal destacó la importancia de resguardar los recursos públicos destinados a garantizar prestaciones sanitarias, insistiendo en que las decisiones presupuestarias deben priorizar las necesidades de los pacientes y sus familias.

La discusión adquiere especial relevancia para Tarapacá y el resto del país, donde pacientes con enfermedades complejas dependen de mecanismos estatales de protección financiera para acceder a tratamientos que resultan esenciales para su salud y calidad de vida.