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Fiscalía del Tamarugal logró condena de tres militares bolivianos por porte de armas

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El juzgado de garantía los condenó a 4 años de presidio, sustituyéndoles la pena por la expulsión del territorio nacional.

En un procedimiento abreviado realizado esta mañana, el juzgado de garantía de Pozo Almonte acogió la solicitud de la Fiscalía del Tamarugal y condenó a los tres militares bolivianos detenidos en septiembre del año pasado en Colchane, a las penas de 4 años de presidio como autores del delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida.

En la audiencia, el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, acusó verbalmente a los imputados señalando que el martes 7 de septiembre de 20021, siendo las 22:00 horas aproximadamente, carabineros de la subcomisaría de Colchane fueron alertados por lugareños que en el sector del poblado de Pisiga Carpa, en las cercanías del límite fronterizo, habían sido vistos militares bolivianos armados en territorio chileno. Personal policial fue a verificar la situación y cerca de la medianoche, en el sector del Salar de Coipasa, encontraron un vehículo no militar con los imputados Jaime Hervas Fuentes, Nijer Ponce Flores y José Bautista Carvajal en su interior, vestidos con ropa del ejército boliviano, quienes mantenían dos fusiles, dos pistolas y numerosas municiones.

El Fiscal dio cuenta de las múltiples pruebas obtenidas durante la investigación, como los testimonios de los carabineros que detuvieron a los acusados, la georreferenciación de donde ocurrieron los hechos, confirmando que era territorio chileno, y los informes periciales fotográficos, planimétricos y balísticos.

Considerando que a los acusados les beneficiaban las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía solicitó la pena de 4 años de presidio para cada uno de ellos por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida.

Luego que los acusados aceptaran el procedimiento abreviado y con ello los hechos de la acusación, el juez de garantía acogió la solicitud del fiscal, sustituyéndoles la pena por la expulsión del territorio nacional, al que no podrán ingresar por el plazo de 10 años. Además se decretó el comiso de las armas y municiones incautadas.

Al comienzo de la audiencia el fiscal Hardy Torres también comunicó la decisión de no perseverar con respecto del delito de robo con intimidación que inicialmente se había formalizado en contra de los imputados, debido a que no contaba con los antecedentes necesarios que permitieran fundar una acusación. “En este caso las víctimas, que eran ciudadanos bolivianos y habían ingresado al país por un paso no habilitado, luego de ocurrido los hechos presumiblemente volvieron a Bolivia de la misma forma, lo que ha impedido a la Fiscalía contar con la declaración de ellos durante la investigación que permitiera sustentar una acusación”, explicó el fiscal.

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