Defensoría Penal Pública de Tarapacá destaca coordinación institucional ante mayor demanda de atención

• Gabriel Carrión Calderón, defensor regional de Tarapacá, señaló que la carga de trabajo supera ampliamente el promedio nacional y advirtió que las restricciones presupuestarias dificultan responder al aumento sostenido de detenidos, formalizados y personas privadas de libertad.

“Cada defensor tiene un promedio de 35 privados de libertad, es decir, superamos con creces el promedio nacional”. Con esa frase, el defensor regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, resumió parte de la presión que actualmente enfrenta la Defensoría Penal Pública en la región, en medio de un aumento sostenido de requerimientos de asistencia jurídica y de la población penitenciaria.

La autoridad participó recientemente en la Feria de Justicia realizada en Plaza Prat de Iquique, actividad organizada por la Seremi de Justicia para conmemorar el acceso a la justicia como un derecho humano esencial. En la instancia participaron distintos servicios vinculados al sistema de justicia, entregando información y atendiendo consultas de la comunidad.

Carrión explicó que la Defensoría forma parte de la oferta pública destinada a garantizar que toda persona, independiente de su nacionalidad, sexo o edad, pueda acceder a una defensa técnica cuando el Estado inicia una persecución penal.

Sin embargo, reconoció que las restricciones presupuestarias ya están teniendo efectos en el trabajo institucional. Según indicó, la Defensoría ha debido ajustar procesos y mejorar la eficiencia para responder a una demanda que continúa creciendo en los tribunales.

“Estamos tratando de enfrentar una subida permanente, un incremento permanente de requerimientos de asistencia a defensor o defensora”, sostuvo, agregando que durante los últimos tres años ha aumentado la cantidad de detenidos, formalizados y personas privadas de libertad.

Como ejemplo, señaló que hace aproximadamente dos años la cárcel de Alto Hospicio mantenía alrededor de 1.600 internos, mientras que actualmente supera los 3.000 privados de libertad entre imputados y condenados.

La diferencia también se refleja en la carga individual de los defensores. De acuerdo con Carrión, el promedio nacional es de 18 personas privadas de libertad por defensor, mientras que en Tarapacá esa cifra llega a 35.

El defensor regional planteó además que el crecimiento de Alto Hospicio ha obligado al sistema judicial a modificar su funcionamiento. “Alto Hospicio nació como un tribunal más bien pequeño y ha tenido que ajustar su funcionamiento a lo que es hoy día Alto Hospicio”, afirmó.

En ese contexto, enfatizó que la institución continuará solicitando mayores recursos, especialmente para reforzar la dotación profesional. Precisó que el objetivo no es financiar gastos administrativos, sino contar con más defensores y defensoras capaces de garantizar cobertura efectiva en tribunales y en otras áreas del trabajo penal.

“El trabajo de un defensor no se agota en tribunales. El trabajo de un defensor va a la cárcel, va a la Fiscalía, participa en diligencias investigativas, atiende público y además debe responder con los estándares de defensa”, explicó.

Carrión también destacó la coordinación existente con el Ministerio Público, asegurando que ambas instituciones mantienen un diálogo permanente, respetando sus respectivas funciones legales.

“Si no hay un defensor en la sala, la audiencia no se puede realizar”, sostuvo, resaltando la necesidad de que todas las instituciones del sistema puedan responder de manera coordinada frente al incremento de causas.

Finalmente, afirmó que actualmente existe una buena comunicación con la Fiscalía Regional, valorando la disposición para superar brechas operativas. El desafío, recalcó, será mantener la calidad de la defensa pública en un escenario marcado por mayor demanda, crecimiento de la población penal y restricciones presupuestarias.