El Longino sondeó los pronunciamientos hechos por Luis Eduardo Thayer, el encargado del tema durante la campaña electoral, y por el doctor Matías Libuy, quien encabezará la repartición que asumirá la crisis no resuelta en Tarapacá.
Isabel Frías
Periodista U.C.
“Nuestro programa fortalecerá las capacidades de los gobiernos locales y regionales para enfrentar la llegada y asentamiento de colectivos migrantes asegurando el bienestar de las comunidades receptoras”.
Estas afirmaciones fueron realizadas durante la primera vuelta presidencial y da cuenta cómo fue cambiando –sobre la marcha– el Programa que Gabriel Boric Font ofreció con ocasión de los comicios del 21 de noviembre del año pasado.
Aunque en la coalición de partidos que lo apoyaba siempre preferían hablar que estas ideas y propuestas surgían de la deliberación “colectiva”, había un consenso amplio en que el responsable del tema migratorio del programa de Gabriel Boric era Luis Eduardo Thayer, doctor en sociología y militante de Convergencia Social, quien milita en el mismo partido del entonces candidato y ahora flamante Presidente electo.
Dicho profesional en la prensa nacional transmitió su sintonía con la solución migratoria que la Alemania de Angela Merkel ofreció a los ciudadanos sirios que inundaron sus fronteras, huyendo de la guerra y habló que era una solución “realista”, porque se hacía cargo ordenadamente de un problema grave, pero sin descuidar el flanco del respeto a las personas y los Derechos Humanos.
Sin embargo, los matices pronto aparecieron, tanto en el Gabriel Boric durante la segunda vuelta. Como en el propio Thayer, quien en enero pasado declaró públicamente: “…No puedes estar un año viviendo en Chile siendo extranjero sin poder demostrar alguna forma de asentamiento, sin tener a los hijos matriculados en algún colegio, o haber tenido un empleo, por ejemplo. Si tú no le das posibilidad a esa gente, si le cierras la puerta, es falta de realismo”, sostuvo.
La idea que instaló era que, en el gobierno que va liderar Gabriel Boric, las medidas para enfrentar la crisis migratoria integrarán algún tipo de “empadronamiento” a quienes migran a nuestro país, además de establecer un puente entre la demanda laboral con la oferta de los migrantes, tal como lo hace España, Canadá y también Alemania.
La agroindustria chilena es el primer sector económico en el que se piensa como posible.
SERVICIO MIGRATORIO
Si bien la futura ministra del Interior, la doctora ariqueña Izkia Siches, se encuentra tomando dos semanas de vacaciones, antes de partir trabajó en la conformación de sus equipos de trabajo teniendo no solo que hacer las coordinaciones con las subsecretarías y los asesores del Segundo Piso a cargo de la experta en seguridad Lucía Dammert.
Se sabe que la gestión de los primeros meses será muy intensa porque deberá dar señales fuertes en tres áreas: El orden público en Santiago y la llamada Zona Cero, los conflictos que involucran a comunidades mapuches en la macrozona Sur y la crisis migratoria del Norte de Chile, cuya visibilidad (y sensibilidad) se concentra básicamente en la ciudad de Iquique, donde las movilizaciones ciudadanas han despertado alarmas de la futura administración.
Para estos tres problemas críticos, Siches se ha encargado de reclutar profesionales con expertise en cada área y se ha dado el nombre del médico Matías Libuy Ríos como quien será el Jefe de Migraciones a partir de mediados de marzo próximo.
Formado en la Universidad de Chile, hasta hoy ejerce en el Hospital El Carmen de Maipú y se conoció con la doctora Siches en el Colegio Médico. En diciembre último firmó una columna donde entregó su opinión de la Marcha “No + migrantes” que se desarrolló Iquique en octubre de 2021: “Lo que vimos en Iquique no es un hecho aislado, es la expresión más visible de lo que se viene construyendo hace años y que tiene una matriz estructural que avala, a través de medidas como la militarización de la frontera norte, la falta de coordinación regional para el abordaje de la crisis y la expulsión de ciertos colectivos migrantes”, aseveró.
En forma paralela –y como un telón de fondo que añade más incertidumbre a la crisis migratoria de nuestra región– el gobierno actual retiró y luego reintegró el texto del Reglamento de la nueva Ley de Migraciones, ésa que se lanzó el 21 de abril en Iquique y que no ha podido implementarse por no contarse con el detalle de la normativa: Según se indicó, las modificaciones efectuadas se relacionarían con las horas para la expulsión de una persona y con la obligación de los funcionarios públicos de denunciar las infracciones que cometan los migrantes.
