La velocidad de la evolución tecnológica seguirá superando a los legisladores y si
muchas tecnologías digitales se siguen adoptando en silos es probable que el sector afronte grandes desafíos.
Todos los países y Estados enfrentan la urgencia de conectar, a través Internet, sus territorios, comunidades y principales instituciones. Diversas legislaciones aún sin establecer; aspectos
técnicos aún en resolución; geografías complejas; y la urgencia de conexión de
las personas, hacen de la conectividad uno de los desafíos más complejos que
enfrentan las telecomunicaciones.
Por esa razón, la era de hiperconectividad exige un pensamiento integrado y
sistémico para aprovechar la conexión entre las tecnologías digitales, los
servicios públicos y las actividades económicas, mientras se avanza hacia
modelos de gobernanza descentralizados.
“Los actores del mercado esperan flexibilidad cuando los nuevos productos,
servicios y aplicaciones están en camino; y mucha previsibilidad cuando se
hacen planes de inversión. Por lo tanto, los procesos regulatorios deben
evolucionar y serán aquellos descentralizados los que, probablemente,
prosperarán en el entorno digital, adaptados a sus modelos y objetivos
comerciales”, explica Rodrigo Mena, country manager de SUMA Móvil Chile.
En ese sentido, desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, identifican
cinco regulaciones que impactarán a la industria y a las personas.
Lo local versus lo global. Los gobiernos necesitan instrumentos legales
sólidos, tanto nacionales como internacionales, para navegar la transformación
digital. Un marco global puede ser la única forma de abordar problemas como
los mercados bilaterales, las plataformas digitales globales, las monedas
digitales, la privacidad, la ética, la transparencia y los impuestos. Los nuevos
tratados internacionales y regionales deberán establecer límites, reformular las
reglas y adaptarlas a los mercados digitales.
Ciberseguridad. Los mandatos de los reguladores de telecomunicaciones/TIC
difieren y no existe una solución única para todos. Eso sí, es importante destacar
que las iniciativas que garantizan la gobernanza de la ciberseguridad por parte
de los operadores, fomentan las mejores prácticas, diagnostican incidentes,
promueven la concientización, comparten información y protegen la
infraestructura crítica.
Residuos electrónicos. Son insuficientes los países que tienen una política,
legislación o regulación que gestione los desechos electrónicos. Es imperativo un
marco nacional sólido donde la regulación de las TIC se encuentre con la gestión
ambiental para establecer las obligaciones legales que ayudarán a impulsar la
recolección y el reciclaje de desechos electrónicos, responsabilizando a quienes
corresponda por el impacto de sus negocios.
Sostenibilidad y crecimiento económico. El enfoque tradicional del PIB se
desvanecerá, dando paso al crecimiento de la sostenibilidad y la eficiencia
energética en importancia, subrayado por la creciente adopción de medidas ESG
(conjunto de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y las
iniciativas de RSC (responsabilidad social corporativa) del sector privado.
Cambiar a un enfoque más amplio será lento, lo que exacerbará las divisiones y
no logrará remodelar las políticas a corto plazo en los países en desarrollo y
menos adelantados.
La inteligencia artificial. Las aplicaciones populares de IA incluyen sistemas
de reconocimiento facial, redes neuronales, identificación de objetos o
fotografías, software de traducción y búsqueda, y chatbots de texto. Los
reguladores deben monitorear y considerar las implicaciones, presentes y
futuras, de esta área de rápido movimiento.
“Sin lugar a duda, en Chile hay muchas regulaciones como la protección de
datos personales, la agencia nacional de ciberseguridad o la ley marco al
respecto, que aún están en proceso. Y todas impactarán a la industria de
telecomunicaciones ya que tienen que ver con el acceso a internet y al
comportamiento en las redes”, sentencia Mena.
