Chile es el tercer mayor importador de ropa usada y Tarapacá paga el costo ambiental

• El país recibe 5,46 kilos por habitante al año y el 45% ingresa por la Zona Franca de Iquique. Una parte termina acumulada en vertederos ilegales de Alto Hospicio.

Chile ocupa el tercer lugar mundial en importación de ropa usada por habitante, con 5,46 kilos anuales, y el octavo en volumen total, con un flujo neto de 107 mil toneladas. Las cifras confirman la magnitud de una actividad comercial cuyos efectos económicos, sociales y ambientales se concentran especialmente en la Región de Tarapacá.

Los antecedentes forman parte del informe “Chile en el circuito global de la ropa usada: importación y comercialización del textil de segunda mano”, elaborado por el Centro de Investigación en Economía y Sociedad de la Universidad Central. El estudio examinó la circulación de estos productos entre 2015 y 2023.

La investigación, liderada por la académica Paz Concha, busca explicar que la acumulación de prendas en vertederos ilegales de Alto Hospicio no constituye un episodio aislado. Se trata de la consecuencia visible de una extensa cadena internacional de producción, comercialización, reutilización y descarte.

“No se debe mirar la acumulación de desechos textiles en el desierto de Atacama como un fenómeno pintoresco o aislado, sino como parte de un circuito global de tránsito y acumulación de mercancías”, explicó Concha.

El comercio mundial de textiles de segunda mano casi se duplicó entre 2006 y 2023, al aumentar desde 3,5 millones hasta 6,4 millones de toneladas anuales. En Chile, las importaciones crecieron a un promedio de 5,9% por año y el 45% de los flujos de ingreso se concentró en la Zona Franca de Iquique.

Uno de los hallazgos que genera mayor preocupación es que el 13% de la ropa usada ingresa al país sin un origen declarado. Esta falta de información dificulta la trazabilidad de las prendas y limita la posibilidad de determinar quién debe responder por los productos que no logran comercializarse y terminan convertidos en residuos.

La actividad también posee una dimensión económica y laboral. La comercialización interna de ropa usada aumentó cerca de 670% desde 2005 y ha estado históricamente vinculada al empleo femenino. Aunque la participación de mujeres disminuyó desde 70,4% hasta 55,5% entre 2005 y 2023, continúa siendo una fuente laboral importante para comerciantes y trabajadoras.

Concha advirtió que cualquier regulación destinada a restringir el ingreso de textiles debe considerar sus efectos sociales. Una prohibición o limitación sin medidas de transición podría afectar empleos femeninos y ocupaciones que, en muchos casos, ya se desarrollan en condiciones precarias.

En paralelo, Chile comenzó a incorporar los textiles a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como Ley REP. El rubro fue reconocido como el séptimo producto prioritario y el primero agregado desde la promulgación de la normativa.

El Comité Operativo Ampliado, que reunirá a representantes públicos, privados y de la sociedad civil, se encuentra en proceso de conformación. Esta instancia deberá aportar los antecedentes técnicos para elaborar el decreto que establecerá las metas de recolección y valorización de los residuos textiles.

La CEO de Santiago Slow, Carola Moya, sostuvo que la incorporación era urgente debido al sobreconsumo de vestuario existente en Chile. Más del 90% de la ropa nueva comercializada en el país también es importada, situación que dificulta conocer sus procesos de fabricación, composición y posibilidades reales de reciclaje.

A ello se suma la falta de datos en la industria. La declaración de volúmenes en la plataforma REPSE fue voluntaria durante el año pasado y tuvo una baja participación. Aunque el trámite pasó a ser obligatorio, muchas marcas no disponen de información precisa sobre los kilos de ropa introducidos al mercado ni sobre la composición de cada prenda.

La carencia de infraestructura constituye otro de los principales obstáculos. Procitex Chile, empresa nacida hace doce años en Alto Hospicio bajo el nombre de Ecofibra, mantiene actualmente su planta de mayor tamaño en Lampa. Allí procesa cerca de 50 toneladas mensuales y transforma los residuos en paneles aislantes térmicos y acústicos.

Su fundador, Franklin Zepeda, anticipó que las futuras metas de la Ley REP podrían multiplicar por diez el volumen de textiles que deberá ser gestionado. La compañía busca inversionistas para ampliar su capacidad y evitar que las nuevas exigencias legales superen las posibilidades reales de recepción y procesamiento.

También han surgido iniciativas destinadas a mejorar la información disponible. La Fundación Textil Circular creó una calculadora para estimar la huella de carbono evitada al reparar, revender o reutilizar prendas, mientras Cadenas de Valor Sustentables desarrolla un pasaporte digital para productos textiles.

Sin embargo, las herramientas tecnológicas no resolverán por sí solas el problema. Los especialistas plantean que Chile necesita infraestructura para recopilar datos, clasificar las prendas y transformar los residuos mediante procesos como reciclaje mecánico, pirólisis o fabricación de aislantes y otros materiales.

La educación ambiental será igualmente necesaria. Prolongar la vida útil de una prenda, interpretar correctamente sus instrucciones de cuidado y conocer las alternativas existentes antes de desecharla pueden reducir el volumen que llega a vertederos.

El desafío será establecer metas exigentes, pero compatibles con la capacidad real del país. Sin una cadena que asegure la recepción, clasificación, reutilización y valorización de los textiles, la normativa corre el riesgo de quedar solo en el papel.

Para Tarapacá, el problema exige una respuesta urgente. La región no puede continuar recibiendo una parte sustantiva de la ropa usada importada mientras Alto Hospicio absorbe las consecuencias ambientales de aquello que el mercado no logra vender. El objetivo debe ser convertir esos residuos en recursos y evitar que el desierto siga funcionando como el vertedero final de una industria global.