Alcalde de Colchane exige al Gobierno revocar decreto que restringe tránsito y acusa vulneración de derechos de comunidades indígenas

Javier García Mamani cuestionó que la medida fuera adoptada sin consulta a las comunidades y advirtió que perjudica la actividad agrícola, ganadera y cultural de las familias del altiplano.

Una enérgica crítica a las medidas implementadas por el Gobierno en materia de circulación vehicular en la frontera de Tarapacá formuló el alcalde de Colchane, Javier García Mamani, quien solicitó revisar y dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que restringe el tránsito de vehículos de carga por caminos alternativos a la Ruta Internacional 15-CH, argumentando que su aplicación afecta directamente la vida cotidiana, las actividades productivas y los derechos de las comunidades indígenas que habitan el territorio fronterizo.

El jefe comunal encabezó un punto de prensa desde la sede de la Asociación de Municipalidades Rurales, en la ciudad de Iquique, oportunidad en la que manifestó su rechazo a la disposición gubernamental, asegurando que fue adoptada sin un proceso de participación ciudadana ni una consulta previa a los pueblos originarios presentes en la zona.

La controversia surge a raíz de la Resolución Exenta N°72 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Tarapacá, publicada en el Diario Oficial el pasado 23 de septiembre de 2026, que establece la prohibición de circular por diversas rutas rurales de Colchane a vehículos de carga cuyo peso bruto supere los 3.500 kilogramos, obligándolos a utilizar exclusivamente la Ruta Internacional 15-CH. La disposición contempla excepciones para vehículos de emergencia y determinados servicios esenciales.

Frente a esta determinación, García Mamani sostuvo que las autoridades nacionales y regionales no consideraron las características geográficas, sociales y culturales de una comuna donde muchas familias mantienen actividades ancestrales ligadas a la agricultura, la ganadería y el intercambio comercial entre localidades altiplánicas.

“Rechazamos categóricamente esta medida, ya que es una resolución dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto al delegado presidencial o, en este caso, también algunas otras autoridades involucradas en esta situación. Esto afecta directamente a la sana convivencia de la familia colchanina”, expresó el alcalde durante su intervención ante los medios de comunicación.

La autoridad municipal aclaró que su cuestionamiento no apunta a impedir las labores de fiscalización y seguridad que desarrolla el Estado en la frontera con Bolivia. Por el contrario, manifestó su respaldo al fortalecimiento de los controles migratorios, aduaneros y policiales, especialmente en aquellos sectores utilizados para actividades ilícitas o ingresos por pasos no habilitados.

Sin embargo, advirtió que cualquier medida de seguridad debe considerar la realidad territorial de las comunidades residentes, evitando que las restricciones terminen perjudicando a quienes históricamente utilizan los caminos rurales para sus desplazamientos, actividades productivas y abastecimiento.

Cuestionamientos por ausencia de consulta indígena

Uno de los aspectos centrales de la denuncia del alcalde está relacionado con la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y de consulta a los pueblos originarios, procedimiento que, según sostuvo, debió ser considerado antes de establecer una disposición con efectos sobre las comunidades indígenas de Colchane.

“Nosotros nos sentimos atropellados en el sentido de que aquí no hubo consulta ciudadana, porque vivimos en un mundo democrático. Segundo, tampoco se hizo alguna Consulta Indígena por el Convenio 169, que el Estado de Chile tiene la obligación de hacer una consulta, y eso no se ha realizado”, manifestó García Mamani.

El jefe comunal hizo referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento internacional ratificado por Chile que establece obligaciones de consulta a los pueblos indígenas cuando se contemplan medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos directamente. La exigibilidad de este procedimiento para la resolución cuestionada constituye uno de los asuntos que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.

Según explicó el alcalde, los representantes del Ejecutivo han sostenido reuniones en la comuna fronteriza para abordar distintas materias relacionadas con la seguridad y la conectividad, pero aseguró que en dichas instancias nunca se presentó formalmente a las comunidades la restricción que posteriormente entró en vigencia.

Esta situación, afirmó, ha generado preocupación entre los habitantes de Colchane, especialmente entre las familias que dependen del transporte de productos agrícolas, alimentación para el ganado y otros elementos necesarios para sostener sus actividades económicas tradicionales.

El cuestionamiento municipal también había sido expresado por concejales y dirigentes vecinales, quienes advirtieron sobre las dificultades que la prohibición podría generar para el traslado de forraje y la utilización de rutas ancestrales.

Seguridad fronteriza y actividades productivas

La resolución gubernamental tiene como fundamento reforzar la seguridad vial, proteger los caminos rurales y evitar que vehículos de carga utilicen rutas secundarias para eludir los controles establecidos en el complejo fronterizo.

Entre los antecedentes considerados por la autoridad regional figuran informes de Carabineros y organismos de seguridad que advierten sobre el tránsito de vehículos por sectores como Pisiga Choque, Pisiga Baquedano, Salar de Coipasa y otras localidades cercanas al límite internacional, donde existen riesgos asociados a las condiciones del terreno y al uso de pasos no habilitados.

No obstante, el alcalde sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad no puede implementarse desconociendo la dinámica económica y cultural de una comuna que mantiene una relación histórica con los territorios fronterizos.

En ese sentido, insistió en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan compatibilizar el control del transporte internacional con los desplazamientos propios de las comunidades, diferenciando las actividades productivas tradicionales de aquellas que buscan evadir la fiscalización del Estado.

Asimismo, planteó que la medida podría tener consecuencias en la convivencia comunitaria, debido a las dificultades que enfrentarían las familias para mantener sus recorridos habituales entre las distintas localidades altiplánicas.

Alcalde cuestiona aplicación exclusiva en Colchane

Otro de los puntos abordados por García Mamani fue el alcance territorial de la resolución, cuestionando que las restricciones se concentren exclusivamente en Colchane, mientras otros pasos fronterizos del norte del país presentan características similares respecto del transporte internacional y la circulación por rutas cercanas a la frontera.

La autoridad mencionó los sectores fronterizos de Visviri, Chungará y Jama, argumentando que una política de seguridad de estas características debería responder a criterios nacionales y no aplicarse de manera diferenciada a una sola comuna.

“Es curioso que es la única medida resolutiva, digamos, a nivel de ruta internacional. Nosotros tenemos Visviri, en Arica-Parinacota está el Paso Fronterizo Chungará y por el sur está el Paso de Jama. La verdad es que nosotros, de alguna forma, nos sentimos atentados, porque es una medida exclusivamente para la comuna de Colchane (…) no es una política nacional, porque si fuera una política nacional, se entiende la situación”, declaró.

Para el alcalde, esta diferencia de tratamiento genera inquietud entre los habitantes de la zona, quienes consideran necesario que las autoridades expliquen los fundamentos de la decisión y sus eventuales consecuencias sobre el desarrollo local.

Finalmente, García Mamani reiteró su llamado al Gobierno y al Ministerio de Transportes para que evalúen la resolución, escuchen los planteamientos de las comunidades indígenas y consideren su revocación o modificación, estableciendo mecanismos de diálogo que permitan abordar las preocupaciones de los residentes.

La controversia vuelve a instalar el debate sobre cómo conciliar la seguridad fronteriza con los derechos de las comunidades del altiplano, en un territorio donde los caminos rurales no solo cumplen una función de conectividad, sino que también forman parte de la actividad económica, la convivencia social y las tradiciones culturales de sus habitantes.