Oficial de Carabineros fue formalizado por intentar cobrar $5,4 millones con certificado falso

La Fiscalía de Iquique sostiene que el funcionario presentó un documento de residencia con información falsa para acceder a un beneficio fiscal por cambio de guarnición. El pago fue frenado antes de concretarse y el imputado quedó con arraigo nacional.

Un funcionario de Carabineros fue formalizado por la Fiscalía Local de Iquique por el delito de fraude de subvenciones, luego de que una investigación estableciera que habría presentado documentación falsa para intentar obtener un beneficio fiscal superior a los $5,4 millones.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el caso se originó después de que el funcionario fuera trasladado desde Iquique hasta la comuna de Huara para desempeñarse como encargado de la Subprefectura Fronteriza.

A raíz de ese cambio, el imputado solicitó a la Subprefectura Administrativa de Carabineros el pago de un beneficio fiscal por cambio de guarnición, correspondiente a un monto de $5.417.024.

Para justificar la petición, presentó un certificado de residencia que indicaba que mantenía domicilio en Pozo Almonte. Sin embargo, la investigación desarrollada posteriormente permitió establecer, según la Fiscalía, que el documento contenía información ideológicamente falsa.

Las diligencias determinaron que el funcionario nunca habría residido en el domicilio señalado y que, durante el periodo investigado, continuaba viviendo en Iquique, detalló el Fiscal a cargo Pablo Medina

TRASLADOS DIARIOS DESDE IQUIQUE

La investigación fue encabezada por el fiscal Pablo Medina, de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Local de Iquique, en conjunto con la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, SAICAR.

Uno de los antecedentes relevantes surgidos durante las diligencias apunta a que el funcionario era trasladado diariamente desde su domicilio en Iquique hasta Huara en un vehículo policial destinado a servicios vinculados a la frontera.

Al término de su jornada laboral, el mismo funcionario era llevado nuevamente hasta su residencia en Iquique.

Para el Ministerio Público, estos antecedentes permitieron establecer que la residencia indicada en la documentación presentada para obtener el beneficio no correspondía al domicilio efectivo del imputado.

La solicitud avanzó dentro del proceso administrativo e incluso se alcanzó a disponer la orden de pago del beneficio.

Sin embargo, los $5.417.024 no llegaron a ser entregados, debido a que las inconsistencias detectadas en la documentación permitieron detener el procedimiento antes de que los fondos fiscales fueran transferidos.

ARRAIGO NACIONAL Y 90 DÍAS DE INVESTIGACIÓN

Con estos antecedentes, la Fiscalía formalizó al funcionario por el delito de fraude de
subvenciones.

El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional y fijó un plazo de investigación de 90 días, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará desarrollando diligencias para determinar las responsabilidades penales
correspondientes.

El caso generó además reacciones desde las autoridades regionales y desde la propia institución policial.

La delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia, consultada por Radio Paulina, señaló que la situación actualmente se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.

“Es un proceso que se está siguiendo y que está en este momento en manos de Fiscalía”, sostuvo.

Frente a las consultas respecto de las operaciones de seguridad en la frontera, la autoridad aseguró que el despliegue institucional continúa funcionando.

“Estamos dando pasos agigantados para asegurar todo lo que se está haciendo en la frontera. Está desplegado todo el contingente allá, está el Ejército, están todos los servicios correspondientes y sigue Carabineros cumpliendo su función”, indicó.

Respecto de una eventual medida administrativa contra el funcionario formalizado, Tapia señaló que dicha determinación corresponde a Carabineros.

CARABINEROS ABRIÓ PROCESO ADMINISTRATIVO

Por su parte, el jefe de Zona de Carabineros de Tarapacá, general Arián Andrades Miranda, confirmó que paralelamente a la investigación penal existe un procedimiento administrativo relacionado con la situación del funcionario.

De acuerdo con lo informado por la autoridad policial, los antecedentes fueron comunicados el pasado 13 de agosto y actualmente se espera una resolución desde el nivel central.

El general señaló además que el funcionario se encuentra apartado de sus funciones mientras se determina administrativamente su situación y eventual permanencia dentro de la institución.

De esta manera, el caso continúa avanzando en dos ámbitos diferentes. Por una parte, el Ministerio Público investiga la eventual responsabilidad penal por el delito de fraude de subvenciones y, por otra, Carabineros desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.

La Fiscalía tendrá ahora 90 días para profundizar las diligencias y reunir nuevos antecedentes en una investigación que busca establecer cómo se generó la documentación utilizada para solicitar el beneficio y las eventuales responsabilidades asociadas al intento de acceder a más de $5,4 millones provenientes de recursos fiscales.