Gobierno activa plan piloto de uso de pistolas Taser por Carabineros en casos de violencia intrafamiliar

• El subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió la decisión del Ejecutivo y explicó que el rezago en la implementación responde a criterios técnicos y no políticos. Además, destacó que este tipo de dispositivos deben evaluarse según su eficacia y contexto de aplicación.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó este miércoles el debate sobre la implementación de pistolas Taser en el actuar policial, tras la solicitud del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, de incorporar este tipo de dispositivos como herramienta de inmovilización no letal. El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, acogió la propuesta mediante la puesta en marcha de un plan piloto que será aplicado por Carabineros, específicamente en procedimientos relacionados con violencia intrafamiliar.

Durante una entrevista con Radio Duna, Cordero fue consultado sobre la demora del Estado en implementar esta medida, pese a que las pistolas Taser son ampliamente utilizadas por fuerzas policiales en diversos países del mundo. Ante ello, la autoridad defendió el enfoque adoptado por el Gobierno, apuntando a una evaluación técnica responsable más que a una falta de voluntad política.

“¿Es la visión de un Estado cancino o es la visión de un Estado responsable?”, planteó el subsecretario, recordando que los dispositivos electrónicos de inmovilización fueron considerados desde el año 2015, adquiridos en 2018 y distribuidos en 2019, pero su uso fue suspendido por decisión de las autoridades del Ministerio del Interior antes del estallido social de 2019.

Según explicó, en 2020 y 2021, Carabineros solicitó volver a utilizarlos, pero no hubo una respuesta clara desde el nivel central. “Se ha reactivado esto porque además la tecnología en ese dispositivo ha cambiado”, agregó Cordero, enfatizando que la discusión debe centrarse en “qué procedimientos son más eficaces y respecto de qué sujetos se aplican”.

Uno de los puntos críticos que planteó la autoridad es el costo de estos dispositivos. “Una Taser cuesta cinco veces más que un arma de fuego. Entonces, la pregunta es: ¿Cuál es el medio más eficaz para abordar determinado tipo de asunto?”, expresó.

En ese sentido, subrayó que este tipo de herramientas no son una solución en sí mismas, sino que requieren protocolos definidos y capacitación específica para su uso efectivo. “No es llegar y decir ‘las soluciones están en otros lados’ porque usted tiene el capital humano que tiene y los contextos fácticos respecto a los delitos que tiene”, puntualizó.

Reconociendo cierta lentitud en la toma de decisiones, Cordero comentó que “sí nos demoramos mucho en decir sí o no”, aunque valoró que finalmente se haya optado por avanzar en una implementación acotada y responsable.

En cuanto a la resistencia del gobierno anterior a aplicar estas armas, descartó que se tratara de un tema ideológico o político. “La documentación es por otra naturaleza. Pero yo respeto que las autoridades públicas, en contextos determinados, deban tomar decisiones”, concluyó.

El plan piloto se perfila como un primer paso para evaluar la viabilidad de una implementación más amplia de pistolas Taser, siempre en función del tipo de delito, el nivel de amenaza y los protocolos de uso definidos por la autoridad policial y sanitaria.