Quienes conocemos la evolución de Zofri, sabemos que el sistema de Zona Franca, creado en 1975 y modificado en 1989, se ha ido alejando de los objetivos fundacionales de beneficio regional y ha acumulado deficiencias graves que exigen un cambio estructural profundo -legal, reglamentario y operacional-, para adaptarse a los cambios en la economía mundial y salir del estancamiento de los últimos años.
Las zonas francas son para generar inversión, empleo y beneficios para los habitantes de zonas extremas. Sin embargo, en Iquique el sistema se ha centrado en el beneficio para sus accionistas, debido a malas políticas del Gobierno y de Corfo. Además, Zofri no reinvierte las utilidades en el sistema, genera obstáculos burocráticos a la inversión privada -exigir 20 trámites para ingresar al sistema es una locura-; la tramitación aduanera es más expedita en el resto de Chile que en Zofri. La información estadística de Zofri es una verdadera caja negra e impide a empresarios y ciudadanos conocer la evolución oportuna y desagregada de los negocios, inversión y empleo.
Por otra parte, la Zona franca de Punta Arenas, que es privada, paga por concesión el 28% de sus ingresos brutos y Zofri que es mayoritariamente estatal, sólo paga el 15%.
Los cambios en el sistema Zofri a contar de marzo 2022, es transformar a ZOFRISA en Agente Promotor del Desarrollo Regional, del comercio internacional, industria y servicios.
El nuevo Directorio, con un representante de trabajadores y de empresarios, deberá reorganizar la empresa en funciones, cargos y remuneraciones; redactar un nuevo reglamento interno; revisar el sistema tarifario; ampliar la infraestructura industrial y comercial; asignar responsabilidad a transportistas en el cumplimiento de las reexpediciones; capacitar a empresarios y trabajadores; liderar la coordinación logística con puertos y medios de transporte; liderar intercambio comercial del norte con Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina.
El contrato de concesión a ZOFRISA, empresa que continuará siendo estatal pero regionalizada, deberá aumentar el precio de la concesión a 28% para beneficio de las comunas; dotar a Aduanas de scanners y tecnología de control; ampliar plazo de concesión hasta el 2070 y entregar a la comunidad un informe mensual de gestión.
La ley de Zofri deberá ampliar actividades al turismo y servicios; permitir la manufactura con insumos mineros, agrícolas y pesqueros hasta 100% de origen regional; permitir recintos remotos en cada una de las comunas de la región.
Sólo bajo ese nuevo esquema, se podrá definir una Zona Franca con nuevas dinámicas que mejoren su competencia internacional, restablezcan la confianza empresarial y generen más empleo y mejores remuneraciones, impulsando el desarrollo de Tarapacá y sus comunas.
Juan Morales Barraza
Presidente CORDETUR
