VARA ALTA: UN NUEVO ESTÁNDAR PARA EL DEPORTE

Al cumplirse cuatro años de gestión bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, es imperativo realizar un balance sobre cómo la normativa y la inversión pública han modificado la estructura del deporte en Chile. Lo que antes se gestionaba como iniciativas aisladas, hoy forma parte de un sistema de leyes interconectadas que posicionan la actividad física como un derecho ciudadano y una herramienta de salud pública.

Uno de los pilares de este periodo ha sido la Ley N.º 21.436. Esta normativa terminó con la informalidad en el fútbol femenino, obligando a las Sociedades Anónimas Deportivas a contratar legalmente a sus jugadoras. En Tarapacá, esto establece un estándar mínimo de dignidad para nuestras deportistas, asegurando que el desarrollo de su carrera cuente con seguridad social y estabilidad laboral.

Este avance no es aislado. Se complementa con la Ley de 40 Horas y la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral. Ambas normativas impactan directamente en el sistema deportivo al liberar tiempo para el entrenamiento y permitir que padres y cuidadores participen activamente en la vida deportiva de sus hijos sin riesgo de precariedad laboral.

La implementación de la «Ley de los 60 minutos» de actividad física diaria requiere espacios adecuados. Por ello, desde 2022 el foco estuvo en la recuperación de la infraestructura escolar. A nivel nacional, la inversión superó los $8.200 millones, permitiendo la renovación de 32 escuelas en 13 regiones, beneficiando a más de 8 mil estudiantes.

En nuestra región, los datos son concretos: destinamos más de 453 millones de pesos para mejorar los espacios deportivos en las localidades de Colchane, Pachica, Camiña y La Tirana y para este 2026 estaremos presentes en Pozo Almonte. Estos recursos no solo mejoran el entorno educativo, sino que son la base material para combatir el sedentarismo y la obesidad infantil en zonas que históricamente han sufrido de aislamiento territorial.

En materia de probidad, la reforma a la Ley N.º 20.019 (SADP) representa un avance
fundamental. Al separar la Federación de Fútbol de la ANFP y restringir la multipropiedad
de los clubes, el Estado recupera su rol fiscalizador sobre entidades que gestionan un
patrimonio que es de interés público. A esto se suma la legislación que protege las olas
para el surf, blindando nuestro patrimonio natural costero en Iquique frente a intereses
privados.

El sistema deportivo que entregamos este 2026 es institucionalmente más robusto que el que recibimos. Hemos pasado de una gestión basada en proyectos puntuales a una basada en derechos garantizados por ley.

El desafío para el futuro próximo es asegurar la continuidad de este fortalecimiento institucional. La descentralización de los recursos y el acceso equitativo a la actividad física en provincias como el Tamarugal deben seguir siendo prioridades de Estado. El deporte ya no es un accesorio de la gestión pública; es un componente central del bienestar y la seguridad social de nuestro país y la región.