Usuarios de Zofri encienden alerta por salida de gerenta de Compliance y exigen auditoría interna

• La Asociación de Usuarios advirtió riesgos en control y supervisión tras la desvinculación de la encargada de cumplimiento normativo y pidió revisar contratos, pagos y gastos de la administración.

La salida de la gerenta de Cumplimiento de ZOFRI S.A. abrió ayer sábado un nuevo flanco de tensión al interior del principal sistema franco del norte del país. A través de una declaración pública, la Asociación de Usuarios de Zofri A.G. manifestó su preocupación por la desvinculación de la ejecutiva encargada de velar por el cumplimiento normativo, advirtiendo que esta decisión podría debilitar los mecanismos de control y supervisión de procesos internos sensibles, especialmente en materias de contrataciones y adjudicación de servicios.

La señal no es menor en una empresa cuyo peso económico y político supera con creces el ámbito corporativo. En Iquique y Tarapacá, Zofri no es solo una sociedad administradora: es una pieza estratégica del movimiento comercial, del empleo regional y de la relación entre el mundo público y privado. Por eso, cuando los usuarios levantan dudas sobre el debilitamiento de una gerencia ligada al compliance, lo que se pone sobre la mesa no es únicamente un ajuste administrativo, sino una discusión de interés regional sobre transparencia, probidad y resguardo de recursos. La propia AUZ sostuvo que la función de esa gerencia es diseñar, implementar y supervisar normas para asegurar que la empresa opere dentro del marco legal, normativo y ético vigente.

En el mismo comunicado, la agrupación afirmó que durante la jornada también se habría producido la desvinculación de alrededor de diez trabajadores, situación que, según indican, respondería a la reestructuración impulsada por la nueva administración. Junto con ello, solicitaron revisar contratos efectuados durante el último año mediante trato directo, incluyendo aquellos asociados a proyectos de energías renovables no convencionales, además de analizar pagos por asesorías, bonos por cumplimiento de metas a ejecutivos y directores, y otros gastos vinculados a la gestión de la compañía.

La petición de auditoría no aparece en el vacío. Hace solo semanas, la misma Asociación de Usuarios había emplazado públicamente a la Contraloría General de la República a ejercer sus facultades de fiscalización sobre ZOFRI S.A., recordando que se trata de una sociedad donde el Estado, a través de CORFO, mantiene participación mayoritaria. En ese momento, la AUZ planteó que el tema trascendía el interés interno de la empresa y se ubicaba derechamente en el interés público de Iquique, Tarapacá e incluso Arica y Parinacota.

Ese antecedente le da mayor espesor político al conflicto actual. Porque cuando una asociación gremial que representa a usuarios del sistema franco no solo cuestiona desvinculaciones, sino que además pide revisar contratos, pagos y mecanismos de control, lo que queda expuesto es una preocupación más profunda por la forma en que se está conduciendo la administración de una entidad clave para la economía regional. Y en ese terreno, el silencio o la falta de explicaciones claras no ayudan: agrandan la sospecha.

Desde una mirada regional, el punto de fondo es evidente. La transparencia en Zofri no puede quedar reducida a una discusión interna ni a una pugna entre administraciones. La empresa administra recursos que, como recuerdan los propios usuarios, provienen de los ingresos generados por quienes operan en el sistema franco. Por lo mismo, toda decisión que toque áreas de control, cumplimiento o supervisión merece no solo respaldo técnico, sino también una explicación pública convincente.

El problema no es solo la salida de una gerenta. El problema es la señal que deja esa salida en medio de cuestionamientos, reestructuraciones y llamados a fiscalizar. En una región donde Zofri sigue siendo termómetro económico y símbolo institucional, debilitar —o siquiera dar la impresión de debilitar— las barreras de control interno es un costo que la administración no debería subestimar.

Porque cuando en una empresa estratégica se remueve a quien debía vigilar el cumplimiento, y al mismo tiempo surgen dudas sobre contratos, asesorías y bonos, la carga de la prueba cambia de lado: ya no son los usuarios los que deben demostrar que hay motivos para inquietarse, sino la administración la que debe demostrar, con hechos y transparencia, que el control sigue firme y que en Zofri no se está abriendo una zona gris donde la confianza regional no puede darse el lujo de perderse.