Una tonelada de cocaína, pasta base y marihuana “movió” banda de narcos

Fiscalía de Tarapacá logra penas que suman 93 años contra organización criminal integrada por colombianos y un ecuatoriano que operaba con empresas fachada

Tras una extensa investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, se obtuvo una histórica condena contra una violenta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, que utilizaba empresas de transporte como fachada para ocultar sus ilícitos.

El juicio oral, que se prolongó por dos semanas, permitió al fiscal (s) Daniel Juacida acreditar que, al menos entre agosto de 2022 y junio de 2023, los imputados Carlos Eduardo Matamba Merizalde (ecuatoriano), Luis Eduardo Gómez Aguirre (colombiano), Jonathan Moncada Maya (colombiano), liderados por el también colombiano Ricardo Andrés Quiñones Castañeda, conformaron una asociación ilícita destinada a internar grandes cantidades de droga al país y blanquear los millonarios ingresos obtenidos.

La banda utilizaba como fachada empresas dedicadas al transporte de carga por carretera y servicios de fletes. A través de estas sociedades pantalla, adquirieron y operaban camiones, semirremolques, tractocamiones y otros vehículos especialmente acondicionados para ocultar y trasladar la droga desde el norte hacia la zona central del país.

La investigación acreditó al menos cuatro grandes traslados, en los cuales se movilizó un total de una tonelada de droga, compuesta por clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y marihuana. Los narcotraficantes constituyeron al menos tres sociedades comerciales ficticias, mediante las cuales lavaron dinero proveniente de sus actividades ilícitas, registrando elevados ingresos sin respaldo legal.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes: declaraciones de funcionarios de la PDI, interceptaciones telefónicas, peritajes de teléfonos móviles intervenidos, análisis contables y tributarios que confirmaron operaciones de lavado, y registros de operaciones financieras sospechosas. Además, se comprobó el porte de armas prohibidas, elemento que aumentó la peligrosidad de la organización.

El tribunal resolvió condenar a los acusados por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación ilícita para traficar, lavado de activos y porte ilegal de arma prohibida. Ricardo Andrés Quiñones Castañeda recibió la condena más alta: 27 años de presidio efectivo, consolidándose como el líder de la organización. Por su parte, Carlos Matamba Merizalde, Luis Gómez Aguirre y Jonathan Moncada Maya fueron sentenciados cada uno a 22 años de presidio efectivo, sumando un total de 93 años de cárcel para desarticular esta peligrosa red criminal.

El fiscal Juacida destacó la importancia de la condena: “Con este veredicto se marca un precedente en la lucha contra el crimen organizado en la región y se reafirma el compromiso de la Fiscalía y la PDI para perseguir y desarticular estas bandas que dañan profundamente a la sociedad”.

Esta causa, considerada una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en la región, evidenció el nivel de sofisticación y capacidad logística de las organizaciones criminales que operan en el norte del país, reafirmando la importancia de la cooperación entre organismos especializados para enfrentar el narcotráfico y sus redes de financiamiento ilícito.