Trisotti pide cerrar vacíos legales para frenar ingreso de drogas, armas y celulares a las cárceles

En su primera intervención en la Cámara Alta, el senador por Tarapacá respaldó el proyecto que busca fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales y endurecer sanciones por los llamados “pelotazos”.

Con un discurso centrado en la seguridad pública y en la necesidad de frenar la operación del crimen organizado desde el interior de los recintos penales, el senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, marcó su primera intervención en el Senado abordando uno de los temas que hoy concentra creciente inquietud en el país: el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles mediante lanzamientos desde el exterior. Su
intervención se produjo en el marco del debate del proyecto que amplía la penalización para fortalecer la seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la Sala del Senado y enviada a la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar su tramitación.

El legislador fue enfático al sostener que el problema ya no puede seguir siendo minimizado ni tratado como un hecho aislado. A su juicio, lo que ocurre en torno a las cárceles chilenas revela una práctica reiterada que debilita el sistema penitenciario, pone en riesgo a los funcionarios de Gendarmería y facilita que el delito siga operando desde el interior de los recintos. En esa línea, planteó que no resulta aceptable que desde el exterior se lancen pelotas de tenis con drogas, armas, celulares y otros elementos prohibidos sin una respuesta legal y operativa lo suficientemente robusta.

La discusión legislativa surgió precisamente para enfrentar ese fenómeno, conocido popularmente como “pelotazos”, que en los últimos años se ha transformado en una de las fórmulas más recurrentes para ingresar especies ilícitas a las cárceles. El proyecto en debate amplía el alcance del artículo 304 bis del Código Penal, de modo de sancionar no solo el ingreso de celulares, como contemplaba originalmente la
normativa, sino también el ingreso, intento de ingreso o facilitación de cualquier objeto prohibido que pueda poner en riesgo la seguridad, la vida o la integridad de las personas al interior de los establecimientos penitenciarios.

En su intervención, Trisotti afirmó que las cifras en esta materia son preocupantes y que la reiteración de estos hechos demuestra la existencia de un vacío legal y de una capacidad de persecución insuficiente. Desde su perspectiva, la iniciativa apunta justamente a cerrar ese espacio de impunidad que hoy dificulta sancionar con eficacia este tipo de conductas. También sostuvo que no resulta razonable que, frente a
amenazas cada vez más sofisticadas, incluso mediante el uso de drones, la respuesta práctica siga descansando en medidas precarias o claramente insuficientes.

Uno de los puntos que el senador destacó del proyecto tiene relación con la ampliación del tipo penal. Según explicó, ya no se trata únicamente de castigar el ingreso de teléfonos celulares, sino de abarcar cualquier objeto prohibido que pueda afectar la seguridad del recinto. Además, valoró que la iniciativa sancione no solo el ingreso consumado, sino también el intento y la facilitación de estos actos, lo que a su juicio permitirá una persecución más efectiva y menos dependiente de interpretaciones restrictivas.

Otro aspecto que consideró clave es el que aborda el lanzamiento de objetos desde el exterior de las cárceles. La propuesta incorpora una presunción orientada a facilitar la prueba en estos casos, atendiendo a la dificultad práctica de acreditar con exactitud la naturaleza del elemento arrojado. Ese punto ha sido uno de los fundamentos centrales del proyecto, precisamente porque buena parte de estos episodios terminaba hasta ahora sin sanción por falta de prueba suficiente sobre el objeto específico lanzado.

Pese a su respaldo, el parlamentario también advirtió que la discusión debe mantenerse dentro de criterios de responsabilidad legislativa. En su exposición planteó que existen observaciones que deben ser consideradas, particularmente en la necesidad de precisar mejor qué se entenderá por “objetos prohibidos”, con el fin de evitar eventuales cuestionamientos de constitucionalidad. Del mismo modo, apuntó a la discusión que podría abrir la presunción contemplada en el proyecto si esta no se aplica con criterios adecuados y debidamente acotados.

Junto con ello, Trisotti señaló que queda pendiente un debate de fondo sobre las facultades de Gendarmería para actuar fuera del perímetro inmediato de los recintos penales. A su juicio, si no se refuerza la capacidad operativa de la institución en los entornos donde se producen estos lanzamientos, existe el riesgo de contar con una legislación más dura, pero con herramientas prácticas todavía insuficientes para enfrentar el problema. Esa observación se conecta con una preocupación más amplia
que atraviesa la discusión pública sobre cárceles y crimen organizado: la necesidad de fortalecer no solo las normas, sino también la capacidad real del Estado para controlar lo que ocurre en torno a los penales.

En ese contexto, el senador insistió en que fortalecer la seguridad perimetral de las cárceles no es una cuestión meramente penitenciaria, sino un asunto derechamente vinculado con la seguridad pública. Su argumento apunta a que cuando bandas criminales siguen operando desde el interior de los recintos, el problema no se limita al espacio carcelario, sino que se proyecta hacia las calles, las poblaciones y la vida
cotidiana de las familias. Esa mirada ha sido compartida durante la tramitación del proyecto, donde se ha subrayado que el control efectivo de las cárceles constituye una pieza clave en cualquier estrategia seria contra el crimen organizado.

La intervención de Trisotti, además, tuvo una lectura política evidente para Tarapacá, una región donde los debates sobre seguridad, control territorial, crimen organizado y presencia del Estado han adquirido una especial sensibilidad. Desde el norte del país, donde convergen fenómenos como el narcotráfico, el contrabando y la presión del crimen transnacional, la discusión sobre el rol de las cárceles y la capacidad de impedir que sigan operando redes delictuales desde su interior adquiere una relevancia aún mayor.

Con esta primera intervención en la Cámara Alta, el senador por Tarapacá fijó una postura clara en favor de endurecer el marco legal y de avanzar hacia un control más estricto de los recintos penitenciarios. El mensaje apunta a que recuperar el orden al interior y en el entorno de las cárceles no puede seguir postergándose. En momentos en que la seguridad sigue ocupando el centro de la agenda pública, su discurso se alineó con una demanda cada vez más extendida: que el Estado recupere el control
total de los establecimientos penales y cierre los espacios que hoy siguen siendo aprovechados por el crimen organizado.