Subsecretario de Defensa viajará a Tarapacá por caso de narcotráfico en exintegrantes de Ejército

• La ministra Adriana Delpiano confirmó que Ricardo Montero se trasladará este lunes a la región para recabar información sobre los siete exmilitares en prisión preventiva. Defensa busca aislar el caso y evitar que afecte a toda la institución.

En el marco de una investigación por narcotráfico que involucra a siete exintegrantes de la Brigada Acorazada Cazadores de Pozo Almonte, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, informó que el próximo lunes el subsecretario de la cartera, Ricardo Montero, viajará a la Región de Tarapacá para recabar en terreno los antecedentes que permitan dimensionar el alcance del caso y definir medidas correctivas.

“El lunes viaja el subsecretario de Defensa para que tengamos todos los antecedentes y podamos aislar este problema y hacer todas las tareas que correspondan”, afirmó la secretaria de Estado el pasado viernes, tras dar cuenta del rol logístico de las Fuerzas Armadas en el marco de las elecciones primarias presidenciales del 29 de junio.

La autoridad fue enfática en señalar que los involucrados ya no forman parte de las filas del Ejército, puesto que fueron dados de baja y se les retiró el derecho a la vivienda fiscal que ocupaban algunos de ellos. Asimismo, recalcó que se trata de una investigación en curso, iniciada hace varios meses y que hasta ahora mantiene a los siete exuniformados en prisión preventiva por disposición del Ministerio Público.

La ministra también anunció que espera conversar directamente con el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien recientemente visitó la unidad militar de Pozo Almonte. Además, valoró la participación del general Pedro Varela, quien ha asumido tareas internas de revisión y control respecto a este caso.

“Estamos a la espera de conversar hoy con el comandante en jefe del Ejército y con el general Varela, que ha tomado por parte del Ejército también una tarea de revisión de los detalles. Espero yo más tarde poder tener más antecedentes”, sostuvo Delpiano.

Una investigación que preocupa a la institución

El caso, que se remonta a meses de trabajo investigativo de la Fiscalía y de organismos de inteligencia, encendió las alertas en el alto mando castrense y en el Gobierno, al implicar a una unidad estratégica del Ejército ubicada en la zona fronteriza norte, considerada clave en el despliegue militar de apoyo a las tareas de control migratorio y seguridad en el área.

Los antecedentes revelados hasta ahora indican que los imputados, todos exsuboficiales y soldados profesionales, habrían participado en el traslado y protección de cargamentos de droga, utilizando su conocimiento del territorio y su acceso privilegiado a rutas militares para facilitar operaciones de narcotráfico.

Aunque el Gobierno ha insistido en que el caso no debe ser utilizado para generalizar responsabilidades dentro del Ejército, la ministra Delpiano fue clara en señalar que la prioridad es aislar completamente el hecho, colaborar con la justicia y establecer mecanismos de control interno para evitar nuevas infiltraciones del crimen organizado.

“Todo dice que las personas que están detenidas serían las que habrían participado. Si aparece una persona más o no, eso depende del proceso investigativo. Nosotros estamos poniendo cortapisas y aislamiento absoluto de este proceso que enloda a la institución”, remarcó la ministra.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio del viaje del subsecretario Montero marca el primer paso formal del Ejecutivo en terreno tras la revelación del caso. Se espera que durante su visita, el subsecretario se reúna con el alto mando regional del Ejército, autoridades del Ministerio Público y equipos de inteligencia, a fin de recabar una visión completa del impacto que ha tenido esta red en la estructura militar.

Fuentes de Defensa no descartan que tras la visita se anuncien nuevas medidas administrativas o de control interno, tanto en Pozo Almonte como en otras unidades militares del norte, para detectar posibles brechas de seguridad que hayan facilitado este tipo de delitos.

Desde el Congreso, algunos parlamentarios ya han planteado la necesidad de convocar a la ministra y al alto mando del Ejército a la Comisión de Defensa Nacional, con el objetivo de transparentar el nivel de infiltración del narcotráfico en las instituciones armadas.

El caso sigue siendo investigado por la Fiscalía de Tarapacá, que ha mantenido bajo reserva gran parte de los detalles del operativo, mientras continúa con diligencias que podrían derivar en nuevas formalizaciones o ampliaciones de las imputaciones existentes.

Cabe recordar que la noticia se conoció la semana pasada, luego de que la justicia decretara prisión preventiva para siete exmilitares acusados de colaborar con bandas delictuales ligadas al narcotráfico. El hecho ha generado profunda preocupación en la institucionalidad militar y ha encendido alertas sobre posibles filtraciones del crimen organizado en las Fuerzas Armadas desplegadas en zonas estratégicas del norte del país.