Sicario del caso Meiggs habría huido a Iquique en auto de aplicación: Revelan nuevos detalles de la fuga de Alberto Carlos Mejía Hernández

• El imputado por el crimen del “Rey de Meiggs”, liberado por error bajo una identidad falsa, habría pagado $2,5 millones para trasladarse desde Estación Central hasta Iquique con la intención de cruzar la frontera. El escándalo revela graves falencias en la identificación de imputados extranjeros indocumentados y reactiva el debate sobre la coordinación institucional frente al crimen organizado.

Nuevos antecedentes complican aún más el escándalo por la liberación del sicario implicado en el asesinato del comerciante José Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”. A casi diez días del error que permitió la salida del imputado de Santiago 1, investigaciones revelan que Alberto Carlos Mejía Hernández, de nacionalidad venezolana, habría utilizado un vehículo de aplicación para desplazarse desde la capital hasta Iquique, presuntamente en su intento por cruzar la frontera hacia Perú.

De acuerdo con un reportaje emitido por 24 Horas, Mejía habría contactado durante la madrugada del 11 de julio a un conductor, al cual le pagó cerca de $2,5 millones en efectivo para que lo trasladara en un viaje de más de 1.800 kilómetros. En el trayecto, el imputado habría confesado al chofer su intención de salir del país por pasos fronterizos no habilitados.

Fuga encendió alertas en la región de Tarapacá

La revelación generó una inmediata respuesta de las autoridades regionales, que ordenaron nuevos operativos de búsqueda en Iquique y sus alrededores, con especial atención en los puntos de ingreso ilegal hacia el Perú. La posibilidad de que el imputado haya logrado cruzar al extranjero reavivó las críticas hacia el sistema penal chileno y su capacidad de controlar a imputados sin identidad verificada.

Recordemos que Mejía Hernández, inicialmente registrado bajo el nombre falso de Osmar Ferrer, fue formalizado por el crimen ocurrido el 19 de junio en Estación Central. Sin embargo, tras un aparente cruce de datos erróneo entre Gendarmería, el Registro Civil y el Poder Judicial, fue liberado por decisión de la jueza Irene Rodríguez, quien no contaba con elementos para acreditar su identidad.

Solo el 17 de julio, casi una semana después de su salida de la cárcel, la Fiscalía Regional Occidente accedió a su verdadera identidad a través de un proceso de verificación con Interpol y la policía venezolana, lo que permitió emitir nuevas órdenes de captura internacional. Demasiado tarde.

Identidades falsas: una práctica extendida

Según expertos del Ministerio Público y fuentes de la Fiscalía Nacional, este caso no es aislado, ya que más del 50% de los imputados por delitos vinculados al crimen organizado transnacional operan bajo identidades falsas. El fenómeno se ve agravado en el caso de imputados venezolanos sin documentos oficiales, dada la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que obstaculiza los canales formales de verificación.

El fiscal jefe de la ECOH Metropolitana, Álex Cortés, reconoció que “corroborar la identidad de una persona es una de las diligencias claves en estos casos, pero en ocasiones se logra incluso estando los imputados ya en prisión preventiva”.

“Chapas”, cédulas inexistentes y RUT provisorios

En este contexto, se evidenció que cuando Mejía Hernández fue arrestado, no existía registro alguno de sus huellas en los sistemas nacionales. Ante esa situación, se le asignó un RUT provisorio, trámite usual en estos casos según lo explicado por la Fiscalía.

Sin embargo, el denominado “criterio Valencia”, que exige ampliar la detención hasta confirmar la identidad mediante un RUT provisorio, no fue aplicado con rigor en esta ocasión, dejando un espacio crítico que el imputado aprovechó para fugarse.

El caso se asemeja a otras situaciones recientes, como el imputado por el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien posee hasta tres identidades distintas, o el detenido Yonder Emilio Blanco Véliz, quien al momento de su formalización no contaba con registros civiles en Chile ni en su país de origen.

Críticas desde el Congreso y el sistema judicial

Desde el Congreso, las críticas no se hicieron esperar. El diputado Jaime Araya (PPD) fue enfático en advertir que “estamos ante riesgos para la democracia, y me parece que hay que levantar todas las alertas para que las autoridades estén a la altura”. En tanto, Andrés Longton (RN) cuestionó la ausencia de coordinación: “Aquí queda claro que las instituciones no conversan. Falta una conducción clara desde el Ministerio de Seguridad”.

Desde dicha cartera, sin embargo, respondieron señalando que la identificación de Mejía Hernández “fue posible gracias a la acción conjunta de las policías, en coordinación con el Ministerio de Seguridad”, desmarcándose del fallo judicial que permitió su liberación.

“Hay herramientas, pero falta coordinación”

El exdirector de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, sostuvo que sí existen mecanismos para identificar a imputados indocumentados, pero que lo fundamental es mejorar la coordinación entre los actores del sistema penal.

Además del uso de RUT provisorios, explicó que se pueden implementar estrategias digitales, como el rastreo de redes sociales, teléfonos móviles y patrones biométricos, que permitan ubicar a sujetos prófugos aunque actúen bajo nombres falsos.

Iquique en la mira

La posible presencia del sicario en la región de Tarapacá activó las alarmas en el norte del país, donde se han intensificado las fiscalizaciones, controles en carreteras, y patrullajes en zonas fronterizas. El Ministerio Público no descarta que Mejía ya haya salido del país, pero mantiene las alertas activas, tanto a nivel nacional como internacional, con el respaldo de Interpol.

Un caso que desnuda las fragilidades del sistema

El caso del sicario de Meiggs ha puesto al descubierto fallas estructurales en la identificación, detención y control judicial de imputados indocumentados, y ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo enfrentar el crimen organizado transnacional desde un Estado que aún carece de herramientas modernas y coordinadas para prevenir este tipo de fugas.

Mientras tanto, Alberto Carlos Mejía Hernández sigue prófugo, y su paradero, ya sea en el norte de Chile o más allá de la frontera, continúa siendo una incógnita que avergüenza al sistema judicial y preocupa a las autoridades encargadas de la seguridad pública.