Seguridad, secreto bancario y silencios incómodos: la cuenta pública que tensó al sistema penal

• En su última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric reiteró su ofensiva por una ley que levante el secreto bancario para perseguir al crimen organizado, pero generó cuestionamientos al omitir referencias clave al Ministerio Público. Expertos analizan el discurso, marcado por aplausos a policías, frialdad hacia fiscales y debates de fondo sobre libertades y eficacia penal.

Por Equipo Investigación Diario Longino

“No se puede pedir más eficacia ante el crimen organizado en la mañana, y votar contra el levantamiento al secreto bancario en la tarde”.

Con esa frase, lanzada como un dardo directo al Congreso, el Presidente Gabriel Boric abrió el segmento más político y tensionado de su última cuenta pública ante el país. No solo marcó su postura firme sobre la necesidad de dotar al Estado de mayores herramientas para seguir la ruta del dinero del narcotráfico, sino que dejó en evidencia el choque frontal con parte del Legislativo y —quizás sin querer— con el Ministerio Público, al que no le dedicó una sola línea.

Mientras el mandatario destacaba la baja en los homicidios, el aumento de plazas carcelarias y el despliegue de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, la ausencia de menciones a la Fiscalía y su fortalecimiento encendía alertas en las filas del sistema penal. Y es que si el foco era la lucha contra el crimen organizado, muchos se preguntan cómo se explica el olvido —voluntario o no— del órgano encargado de investigarlo.

El poder detrás del dinero: la arista financiera de la seguridad

El eje de la intervención presidencial fue claro: seguir la ruta del dinero del crimen organizado. Para ello, el Gobierno ha puesto todas sus fichas en la ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, un instrumento que permitiría levantar el secreto bancario bajo ciertas condiciones y sin el actual nivel de rigidez.

“Si no aprobamos esta ley, los cabecillas de estas bandas seguirán impunes”, advirtió Boric, reforzando el argumento de que sin acceso expedito a los movimientos financieros, las redes delictivas seguirán operando desde la impunidad económica.

La propuesta ha generado resistencias parlamentarias, sobre todo en sectores que ven en la flexibilización del secreto bancario una amenaza a las garantías individuales. Pero para abogados como Marco Contreras, penalista, esa resistencia es contradictoria:

“Cuando se trata de la delincuencia común, se emplea toda la fuerza del Estado. Pero cuando se trata de delitos complejos que requieren herramientas más sofisticadas, como el levantamiento del secreto bancario, muchos frenan. Es una incoherencia”.

En contraste, el abogado César Ramos advierte:

“Levantar el secreto bancario puede ser útil, pero debe hacerse con control judicial previo. Sin eso, abrimos un flanco de vulnerabilidad frente al abuso estatal”.

Aplausos para las policías, silencio hacia la Fiscalía

Uno de los momentos más simbólicos fue cuando Boric rindió homenaje a Carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas, por su “compromiso cotidiano, muchas veces silencioso y siempre arriesgado”. La ovación fue transversal. Pero el silencio presidencial hacia la Fiscalía fue tan notorio como incómodo.

El fiscal nacional Ángel Valencia reaccionó con mesura, pero no ocultó su decepción:

“Confío en que la omisión obedezca a razones de tiempo. Pero la aprobación de la Fiscalía Supraterritorial y del plan de fortalecimiento del Ministerio Público es clave para combatir la impunidad”.

En el interior del organismo, en cambio, algunos atribuyen el desaire a las tensiones derivadas de investigaciones recientes como el caso ProCultura, en el que se intentó intervenir judicialmente el teléfono del propio Presidente. Un gesto que, aunque frustrado, dejó huellas en La Moneda.

El exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli fue directo:

“Boric omitió reconocer su propio rol en el pasado, cuando deslegitimó a las fuerzas policiales. Además, omite que este ha sido el Gobierno con mayor número de homicidios registrados”.

Lo que se dijo y lo que se omitió: expertos opinan

Para la exdefensora nacional Paula Vial, hubo aciertos importantes, como la mención al plan maestro de infraestructura penitenciaria o al nuevo Servicio de Reinserción Juvenil:

“Celebro que se incorpore una mirada de reinserción. Pero debe quedar claro que la infraestructura no debe servir para aumentar la población penal, sino para reducir el hacinamiento”.

También valoró la voluntad de aprobar la ley de inteligencia financiera, pero alertó que “la probidad y la transparencia deben acompañar todo avance en poder punitivo”.

El exfiscal Marcelo Sanfeliú, por su parte, fue más crítico:

“Nada se habló del fortalecimiento del Ministerio Público ni del control judicial frente al actuar de los fiscales. Tampoco sobre las reglas de uso de la fuerza. Todo esto es clave si de verdad queremos acuerdos transversales”.

Desde la academia, la exjefa anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, recalcó la falta de visión sistémica:

“Las medidas intrusivas como la ley de inteligencia financiera necesitan regulación estricta. No basta con voluntad política si no hay garantías sobre cómo se ejecutan”. Y agregó: “Faltaron anuncios concretos contra la corrupción. El caso de las licencias médicas y Hermosilla mostraron un sistema vulnerable, y en la cuenta no se vio ninguna estrategia para corregirlo”.

Seguridad: entre resultados y retórica

Para muchos, la cuenta pública dejó una sensación de intención, pero no de estrategia clara. Se celebraron cifras como la reducción de homicidios o el descenso de violencia en la Macrozona Sur, con menciones explícitas al caso de Héctor Llaitul y la CAM, pero se omitieron datos comparativos, contexto y profundidad.

En esa línea, Ramos subrayó: “La seguridad necesita continuidad en la política criminal, coherencia en el discurso y decisiones legislativas valientes. No se trata de retórica. Se trata de construir una política penal con visión de largo plazo”.

El problema, advierten varios expertos, no es solo la ejecución, sino la polarización legislativa. Hoy, mientras se exige más eficacia a las instituciones del Estado, las herramientas clave siguen entrampadas por la falta de acuerdos en el Congreso.

Una agenda que incomoda a todos

En su último mensaje a la Nación, Gabriel Boric apostó por consolidar su legado en seguridad, apoyado en la aprobación de 69 leyes, la creación del Ministerio de Seguridad y una política más robusta de control territorial. Sin embargo, las omisiones en su discurso no pasaron inadvertidas, y la tensión entre poderes del Estado volvió a aflorar.

Con un Congreso fragmentado y un escenario electoral en el horizonte, el debate sobre el secreto bancario, la Fiscalía Supraterritorial y la reforma al sistema de justicia promete continuar en el centro de la agenda política, tan cargada de expectativas como de dudas.

Porque al final, como dijo el propio Mandatario, “no se puede pedir eficacia contra el crimen organizado en la mañana, y votar contra ella en la tarde”. Y esa frase, sin duda, resonará más allá del hemiciclo.