Seguridad privada y pública: una alianza necesaria que exige estándares, coordinación e información eficaz

Por Patricio Meza García, Administrador en Seguridad Pública

La reciente y bochornosa fuga del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández —quien viajó desde Santiago a Iquique sin ser detectado por ninguna autoridad— volvió a abrir una herida profunda en el sistema de seguridad chileno: nuestros controles están fallando, y con ello, se erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de prevenir y contener el delito.

Este caso no solo revela debilidades en el control de identidad y el cruce de información entre policías, tribunales y Gendarmería, sino que también expone una falencia estructural más amplia: la desconexión entre la seguridad pública y la seguridad privada. En tiempos donde el crimen organizado opera con una sofisticación creciente, es inadmisible que la seguridad privada siga funcionando con criterios mínimos y sin una vinculación operativa real con el sistema nacional de prevención del delito.

La seguridad privada no puede seguir siendo vista como un servicio periférico o meramente disuasivo. Debe profesionalizarse, capacitarse y estar al nivel de las exigencias actuales. En este sentido, es clave que las empresas de seguridad asuman con responsabilidad el proceso de reclutamiento, evaluando no solo antecedentes penales, sino también competencias técnicas, psicológicas y de manejo de crisis.

No es razonable que una empresa de seguridad privada, que custodia centros comerciales, terminales, recintos industriales o incluso perímetros residenciales, no cuente con protocolos que se integren —de manera sistemática y fluida— al sistema de seguridad pública. Hoy, lo que se necesita es una correlación transversal, donde la información fluya de forma eficaz entre ambas esferas.

Vivimos en la era de los datos. La información de primera fuente, verificada y en tiempo real, es una de las principales armas para anticiparse al delito. Por eso resulta inconcebible que no exista una plataforma común entre policías, fiscalía, seguridad municipal y empresas privadas para el traspaso de alertas, patrones de conducta, rostros buscados o desplazamientos sospechosos, como en el caso del sicario que cruzó medio país sin control alguno.

¿Dónde estuvo la fiscalización? ¿Quién lo vio pasar? ¿Qué sistema falló para que una persona formalizada por homicidio viajara sin restricción hasta el norte del país? El silencio ante estas preguntas solo alimenta la incertidumbre, y es ahí donde urge rediseñar la estructura del ecosistema de seguridad, sumando activamente al sector privado.

No basta con tener guardias en las esquinas o cámaras apuntando a los pasillos. La seguridad privada debe migrar hacia un modelo de inteligencia territorial, donde sus operadores puedan reconocer patrones delictivos, participar de procesos de formación continua, acceder a bases de datos actualizadas (bajo estrictos protocolos), y ser un eslabón más en la cadena preventiva del Estado.

Chile no puede seguir improvisando frente al avance del crimen organizado. Necesitamos profesionalismo, articulación y una visión sistémica que rompa las barreras entre lo público y lo privado. Porque si la información no circula y los controles no funcionan, ningún modelo de seguridad, por robusto que sea, podrá sostenerse en el tiempo.

La fuga de un sicario por las carreteras chilenas no es solo una anécdota policial: es la fotografía de un país donde los filtros están fallando. Y corregirlo no es una opción, es una obligación.