Daniel Quinteros Rojas
Delegado presidencial regional de Tarapacá
La seguridad ciudadana ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para el
Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Hemos avanzado de manera significativa,
con planes y políticas responsables que abordan de manera persistente y
consistente cada problemática o brecha en particular. Estas estrategias no sólo
buscan poner recursos públicos detrás de objetivos comunes, sino también
mejorar la gestión y la coordinación entre las instituciones, otorgando para ello
nuevas herramientas a través de una agenda legislativa robusta y con un profundo
sentido de urgencia.
Como lo demuestra el último reporte del Plan Calles sin Violencia, desde abril
cuando comenzó a aplicarse el plan en la región, los homicidios disminuyeron un
54% -de 31 en 2022 a 14 en 2023-. Este logro no es casualidad; es el resultado de
las decisiones estratégicas que hemos tomado como Gobierno y de todo el trabajo
conjunto que hemos desarrollado con las policías, el Ministerio Público, los
gobiernos regionales, los municipios, las fuerzas armadas y otras instituciones del
Estado para prevenir, controlar y perseguir el delito.
Un buen ejemplo es la Política Nacional Contra el Crimen Organizado. La
presencia y expansión de estas organizaciones son un desafío cuyo abordaje
exige un Estado proactivo y mejor preparado para su control. Por ello, en nuestra
región los recursos han sido asignados especialmente a compras y
adquisiciones para enfrentar al crimen organizado y fortalecer las capacidades de
Carabineros, la PDI, el Servicio Nacional Aduanas y la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Estos recursos han permitido incorporar
tecnología que la región no tenía y modernizar aquella que estaba obsoleta,
considerando portales escáner para revisión no intrusiva, espectómetros de masa
portátil, vehículos policiales, servidores y sistemas forenses de extracción y
análisis de datos, cámaras, máquinas de rayos X y otros sistemas de seguridad y
protección para diversas investigaciones e intervenciones.
Además, las propuestas legislativas surgidas desde los diferentes Consejos
Regionales contra el Crimen Organizado y de Seguridad Pública nos permiten hoy
contar herramientas que antes no teníamos para todos estos delitos, como los
agentes encubiertos, la interceptación de comunicaciones, las grabaciones en
lugares privados sin autorización de las personas, la interceptación de equipos
digitales y la delación compensada, entre otras. Todas estas nuevas capacidades
se suman al aumento y focalización de los patrullajes y fiscalizaciones, donde
también hay avances significativos. De acuerdo a las cifras entregadas por
Carabineros en la última sesión del Sistema Táctico de Operación Policial, STOP,
el robo con violencia registra una caída de -20%, el robo con sorpresa de -22% y
el robo violento de vehículos de -45%, lo cual refleja el impacto que ha tenido el
trabajo conjunto de las policías, las comunidades y las instituciones del Estado
para poder entregar más seguridad.
La seguridad ciudadana es una urgencia permanente para la ciudadanía y, por
tanto, un compromiso constante y prioritario para nuestro gobierno. Los datos
recientes muestran que vamos por el camino correcto, por lo cual debemos
intensificar el trabajo aumentando los patrullajes focalizados; fortaleciendo el
trabajo con los municipios, los gobiernos regionales y las demás instituciones; y,
por cierto, articulando todas las capacidades del Estado para poder entregar más
seguridad para todos y todas.
