En medio de la mediática polémica que afecta al Minvu, la Cámara Chilena
de la Construcción trabaja silenciosamente en el Plan de Emergencia
Habitacional que pretende dotar de 9.300 viviendas a Tarapacá. Sobre las
implicancias y escollos que está sorteando ese rubro en nuestra región, El
Longino conversó en exclusiva con el presidente de la entidad en Iquique,
Iván Berríos Camilo, quien explicó de qué manera el sector privado se ha
sumado a la iniciativa gubernamental.
Isabel Frías
Periodista U.C.
Iván Berríos Camilo es el actual presidente de la Cámara de la Construcción de Iquique, un gremio
que es un actor protagónico del Plan de Emergencia Habitacional cuya meta es generar 260 mil
viviendas sociales al 2026 en todo Chile, y donde el compromiso presidencial es entregar de 9.400
soluciones habitacionales de manera prioritaria en Tarapacá, número que contrasta con las 343
viviendas materializadas hasta junio último.
El Plan de 9.400 soluciones, afirma, es “una cifra enorme, pero factible de concretar y en la cual
estamos trabajando a diversos niveles, de manera simultánea”, explica el destacado dirigente, en
medio de una agenda plagada de actividades, reuniones y mesas de trabajo orientadas a
materializar ese desafío que todos los involucrados asumen como “gigante”.
El profesional añade a reglón seguido: “Este Plan marca a nuestra CChC regional, sin lugar a dudas,
y por ello parte de nuestra labor se dirige fuertemente a articular al mundo privado con el sector
público, donde -sabemos- existen numerosos problemas que ralentizan, dificultan u obstruyen los
procesos”.
Dicho con otras palabras, Iván Berríos encabeza a una organización que representa a 83
particulares y empresas constructoras de Tarapacá que han generado un acabado diagnóstico de
aquellos puntos neurálgicos que impiden agilizar la gestión constructora y que se engloban en la
llamada permisología: “Como Cámara, nosotros fuimos la primera región en Chile que formó la
Mesa de Nudos Críticos. Además, estamos organizados en diferentes Comités donde abordamos
problemáticas específicas y para ellos trabajamos, por ejemplo, en el área específica de la vivienda
social y, a la vez, tenemos también el comité inmobiliario, que aborda la vivienda privada, aquella
que no se relaciona ni con el Serviu ni el Obras Públicas, pero que tiene conexión directa con las
Direcciones de Obra Municipales porque allí se experimenta tardanza o retraso en los permisos de
edificación o en las recepciones finales que a veces se demoran una eternidad…”, puntualiza el
ingeniero civil industrial, aunque enfatiza que “la permisología es uno de los factores que traban la
inversiones, pero no es el único gatillante; está también muchos otros factores tales como la
certeza jurídica. Lo central es que se trata de un problema multifactorial que debe ser encarado de
manera integral. Pero, si las empresas constructoras vienen con una crisis enorme como sucedió
durante la pandemia y la crisis de materiales e inflación que se generó, el escenario es que
tenemos muchas empresas quebradas y hoy existen menos oferentes participando de las
licitaciones”.
En la visión de Iván Berríos, los gobiernos tienen todos diferentes énfasis y al sector privado le
corresponde adecuarse a esos diferentes escenarios. Sin embargo, el dirigente gremial resalta que,
en el caso de la actual administración “el único Plan de Emergencia que tiene definido es este Plan
Habitacional y que aspira a suplir al gran déficit de vivienda que existe en Chile; se trata de una
iniciativa muy ambiciosa, pero ese número de 9.300 soluciones para Tarapacá es en la práctica el
doble de lo que se ejecuta en cualquier período presidencial”.
Pero, hoy, ¿se está construyendo en Tarapacá, o la inversión está paralizada?
-Respondiendo directamente su pregunta, este 2023 tiene una proyección a la baja o de
“decrecimiento” de -5,8% en infraestructura, lo que a nuestro juicio se trata de números fuertes. Y
en vivienda es aún mayor, porque en ese item se calcula un -6,2% para el presente año. Dicho en
términos coloquiales de las personas: Si no se construyen caminos, nadie va poder contratarse
para hacer ese camino; tampoco no va haber peaje ni nadie va a poder transitar por esa vía, y
otros sectores se verán afectados, como por ejemplo el turismo, así como el resto de la economía
regional, como el transporte, el comercio, Zofri, etcétera. Y como es el Estado el que dirige esa
cancha, él es quien tiene que generar inversiones allí, de tal manera que el desempleo existente es
solo una consecuencia que no haya esa inversión pública.
Por otro lado, la ejecución de los presupuestos regionales no avanza lo esperable para el octavo
mes del año.
¿Qué opina sobre esa situación?
-Eso es verdad, pero tengo que precisar que la Cámara extrae los datos de fuentes oficiales y esto
no son opiniones personales, sino datos concretos. En ese contexto, las dos carteras más
relevantes que inyectan recursos y dan dinamismo a la economía regional son el de Vivienda y el
de Obras Públicas.
Agreguemos que el sector privado también genera inversión y puestos de trabajo porque ellos
construyen edificios de departamentos, colegios y, nosotros, en esas materias tenemos el
antecedente objetivo que hoy en Tarapacá se están generando alrededor de la mitad de los
permisos de edificación otorgados como promedio histórico entre los años 2000-2020.
Lo anterior implica que los indicadores de empleo de nuestra industria constructora se ven
reducidos, algo que impacta desde el maestro que instala pisos cerámicos hasta las grandes
constructoras que operan en la minería.
Un sector es el público, pero ustedes como privados ¿qué acciones están emprendiendo para
revertir este panorama?
-Se está actuando en varios frentes simultáneos, donde ya le mencioné la labor de la Mesa de
Nudos Críticos donde fuimos pioneros y, en esa línea de trabajo que involucra al Minvu, Mop y
privados, le puedo adelantar que esta semana ya se reunió a trabajar y volverá a sesionar durante
los primeros días de septiembre, pero a esa convocatoria llagarán a Iquique los representantes de
toda la Zona Norte, desde Arica y Parinacota hasta la región de Atacama.
Y la razón de esta actividad radica en que, precisamente a estos encuentros tripartita, nosotros
hemos demostrado a la industria que se pueden destrabar procesos y cuellos de botella, agilizar
gestiones, agilizar la permisología, donde los diversos comités alimentan con información técnica a
esa Mesa.
La idea en este próximo encuentro será converger y unir los diferentes criterios que están
operando, con resultados exitosos, en nuestra Macrozona Norte.
¿Dónde se concentrará la construcción de esas viviendas sociales?
-El grueso de las 9.300 soluciones proyectadas se concentran básicamente en Alto Hospicio y, en
menor medida, en Huara y Pozo Almonte. Se trata de distintos proyectos, algunos de 400 casas,
otros 800, otros con 500 viviendas que los están desarrollando diferentes constructoras y que se
encuentran en distintas etapas porque, mientras algunos están en la fase de permisos de
construcción, otros están instalando la primera piedra e incluso hay un proyecto que ya inauguró
más de 320 viviendas y donde asistió la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta
Poblete.
