Red de contrabando pagaba millonarias coimas a funcionarios de Aduanas para ingresar cigarrillos ilegales

Investigación de la Fiscalía reveló pagos de hasta $8 millones por camión para evadir controles en las avanzadas de Quillagua y El Loa. Un funcionario de Aduana de Iquique y otros trabajadores del servicio están bajo la lupa por su presunta participación.

Una investigación encabezada por la Fiscalía de Valparaíso permitió desbaratar un esquema de contrabando de cigarrillos que operaba desde Bolivia hacia Chile y que contaba con la presunta colaboración de funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, quienes habrían recibido millonarias coimas para facilitar el ingreso de los cargamentos ilegales por el norte del país.

Las diligencias se iniciaron a raíz de procedimientos realizados por Carabineros durante el año 2023, cuando se logró la incautación de miles de cajetillas de cigarrillos de contrabando transportadas en vehículos particulares. En ambos controles fue detenida una mujer que trasladaba la mercancía en una camioneta, situación que posteriormente motivó la presentación de una querella por parte del Servicio Nacional de Aduanas.

A partir de esos antecedentes, el Ministerio Público comenzó a seguir la pista de una organización criminal dedicada al ingreso sistemático de cigarrillos ilegales, cuyos cargamentos ingresaban principalmente por las avanzadas aduaneras de El Loa y Quillagua, para luego ser trasladados hacia la zona central del país.

Según los antecedentes recopilados durante la investigación, la banda pagaba entre 6 y 8 millones de pesos en efectivo por cada camión que lograba evadir los controles aduaneros en el norte de Chile, asegurando así el paso de grandes cargamentos de cigarrillos de contrabando.

Uno de los principales implicados dentro del servicio público sería un funcionario administrativo de la Aduana de Iquique, identificado con las iniciales R.O.A., conocido dentro de la organización como “El Pelao”. De acuerdo con los antecedentes de la causa, el trabajador coordinaba con integrantes de la red criminal el paso de los camiones cargados con mercancía ilegal, recibiendo pagos que fluctuaban entre un millón y medio y tres millones de pesos por cada operación.

El mecanismo utilizado consistía en simular fiscalizaciones o permitir el tránsito de los vehículos sin revisar su carga, tras establecer contacto previo con los operadores de la organización criminal.

La investigación también reveló que el funcionario no habría actuado solo. En su declaración habría señalado que al menos otros ocho trabajadores del Servicio Nacional de Aduanas podrían estar involucrados en el esquema de corrupción, situación que actualmente es materia de nuevas diligencias por parte de la Fiscalía.

Según los antecedentes del caso, la organización operaba adquiriendo grandes cantidades de cigarrillos ilegales en Bolivia, especialmente en sectores cercanos al Cerro El Chuño. Posteriormente, los cargamentos eran transportados en camiones hacia Chile, acompañados por vehículos denominados “punta de lanza”, cuya función era advertir sobre controles policiales en las rutas.

El negocio ilícito permitió a la banda obtener millonarias ganancias, alcanzando bienes avaluados en más de 1.129 millones de pesos, entre ellos vehículos, camiones y propiedades. Para ocultar el origen de los recursos, utilizaban empresas de fachada destinadas a blanquear el dinero proveniente del contrabando.

Actualmente, los principales imputados permanecen en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Quillota, mientras la Fiscalía continúa desarrollando diligencias para determinar la magnitud total de la red y establecer eventuales responsabilidades de otros funcionarios públicos involucrados en este caso.