Sr. Director
Diario “El Longino” de Iquique
El gobierno, a través del proyecto de reforma a las pensiones pretende cambiar prácticamente por completo el sistema de pensiones que existe actualmente en el país. Se proponen modificaciones sobre quién recauda la cotización, de cuánto es esa cotización, cambian los actores privados que pueden participar en el sistema, además de que el Estado ingresa con un rol protagónico, y se ajustan las modalidades de pensión que pueden recibir los jubilados, entre muchos otros cambios, que abarcan inclusive el ahorro previsional voluntario.
No obstante – a partir de 1980, y no es fácil olvidar – las trabajadoras y los trabajadores cotizan de forma obligatoria un 10% de su salario imponible. Eso se destina a su cuenta individual, según la AFP en que se encuentre, y aplica una comisión para gestionar y administrar esos recursos, pero siempre dicho cobro se descuenta del sueldo de cada afiliado, en cifras que actualmente van desde el 0,58% al 1,45% de comisión que se cobra solo cuando el afiliado cotiza, es decir, si no aporta dinero un mes, no paga comisión. Y cada vez que entrega recursos con su 10%, se le aplica el referido cobro.
Asimismo – la propuesta del gobierno – propone subir la cotización que iría a la cuenta individual desde el 10% actual, a un 10,5% del salario imponible. Esto se cambia, en parte, debido a que también cambiaría el modo en que se aplica la comisión. Si antes el cobro era sobre el sueldo, y se pagaba dicha comisión solo en los meses en que una persona cotizaba,
ahora el gobierno plantea que la comisión sea un porcentaje sobre el saldo total que administre cada entidad, y eso se cobraría todos los meses, haya o no ingresos de nuevos recursos. Más claro, el Ejecutivo propone subir en 0,5 puntos porcentuales dicha cotización de cargo del trabajador; pero estos no quieren que esta nueva comisión sea sobre el saldo y se descuente sobre el 10% que existe hoy, ya que implicaría una baja en pensiones. Pero, el 10% de ahorro obligatorio, que dejaría de ser administrado por las AFP, pasaría a otro tipo de ente privado. O sea, lo mismo con otro nombre de administración.
Sin obviar que con esta reforma también se intenta agregar una cotización de cargo del empleador. Esta, equivalente al 6 % y se destinaría a un fondo común con una lógica de seguro social; pero esta cotización adicional se desglosa en un 4.2% que “sería propio, personal” y se destinaría al fondo colectivo del fondo de ahorros individuales y el 1,8% restante al reparto equitativo de beneficios. Proposición que sería inaceptable, porque el 6% desglosado en los dos puntos porcentuales constituirían el registro típico de un sistema de reparto; ya que no habría una cuenta individual que diga esta plata es mía; el primer porcentaje iría a un reparto para subir la pensiones de otros cotizantes, y el otro, para seguro de accidentes y enfermedades profesionales, entre otros beneficios y/o prestaciones.
También se eliminaría la serie de funciones que tiene las AFP y que no se ven a simple vista, y que ahora dejarían de hacer. Actualmente recaudan las cotizaciones previsionales, gestionan a diario las cuentas de los afiliados y pensionados, administran e invierten los recursos previsionales en los instrumentos financieros por los que están compuestos los multifondos, pagan las distintas prestaciones que establece la ley: pensiones, cuotas mortuorias, retiros de fondos, pensiones alimenticias, algunos beneficios fiscales, entre otros; administran los
traspasos entre AFP y se encargan de perseguir a los empleadores que no pagan las cotizaciones correspondientes, mediante el cobro prejudicial y judicial de las cotizaciones, entre otras materias.
A mayor abundamiento, el proyecto reforma a las pensiones prescribe que las actividades lucrativas de las AFP se terminarían en 24 meses desde aprobado el proyecto. Toda vez que esta reforma implicaría que todas las funciones que hoy cumplen, ahora se traspasarían al Estado. Pero metafóricamente sería “pasar gatos por liebres”.
En primer lugar, ellas seguirían participando como instituciones privadas como también ocurriría con las compañías de seguros de rentas vitalicias – las cuales forman el mismo grupo de accionistas y/o inversores – cuyo contrato de seguro vitalicio incluiría la cláusula de no existencia de cónyuges y/o hijos estudiando hasta los 24 años de edad, a fin que los montos de capitalización quedaran a favor de la compañía de seguro respectiva; y
En segundo lugar, el proyecto en cuestionamiento es iniciativa de los mismos políticos de derecha e izquierda que obedecen comercialmente al corporativismo, quienes manipularon el rechazo en contra del apruebo de la nueva Constitución Política, los mismos que prometieron cambiarla: diciendo que esta constitución no, queremos una nueva. Pero su intención ha sido y es hacerle solo ciertas reformas a la misma, para mantenerse en el poder nacional, regional y provincial: feudales que obedecen los mandamientos del rey. Lo mismo está ocurriendo con esta reforma a las pensiones; pero ésta vez en sentido contrario a la primera acción psicológica. A fin que la gente crea: esta reforma no, queremos una nueva; pero, ellas y ellos quieren esta reforma. Así, el sistema de AFP seguiría tal cual, con otros nombres y otros accionistas y/o inversores.
Astucia psicológica en ambas iniciativas políticas – que por lo demás – ya son normales en nuestra nación, evidentemente.
Entonces, ¿Qué debería hacerse? Respuesta: Para eliminar las AFP se requeriría nacionalizarlas o estatizarlas constitucional y legalmente, con pago indemnizatorio; única instancia para que estos servicios o industrias explotadas por particulares pasen a funcionar bajo la órbita del Estado. Hecho que no ha ocurrido ni ocurriría. Sin perjuicio de que para tales efectos debería tenerse presente que las leyes de capitales, valores y seguros de vida dentro del mercado financiero de Chile, son totalmente distinta a otros países.
Más claro, los capitalistas nacionales y extranjeros como inversores y/o accionistas de las AFP no aceptarían que su negocio más que redondo (cuadrado, rectangular y triangular) , cuya data desde la dictadura militar, terminara su vigencia por un gobierno comunista.
En consecuencia, las trabajadoras chilenas y los trabajadores chilenos no deberían permitir que el Congreso tramitara y aprobara este cuestionado proyecto de reforma a las pensiones. Sin antes, nacionalizarlas o estatizarlas.
Atentamente, a usted.
Roberto Cisternas Contreras
Iquique
