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Proyecto de Reforma a las Pensiones 

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Sr. Director 

Diario “El Longino” de Iquique 

El gobierno, a través del proyecto de reforma a las  pensiones pretende cambiar prácticamente por completo el sistema de pensiones que existe actualmente en el país. Se  proponen modificaciones sobre quién recauda la cotización, de  cuánto es esa cotización, cambian los actores privados que  pueden participar en el sistema, además de que el Estado  ingresa con un rol protagónico, y se ajustan las modalidades de  pensión que pueden recibir los jubilados, entre muchos otros  cambios, que abarcan inclusive el ahorro previsional  voluntario. 

No obstante – a partir de 1980, y no es fácil olvidar – las  trabajadoras y los trabajadores cotizan de forma obligatoria un  10% de su salario imponible. Eso se destina a su cuenta  individual, según la AFP en que se encuentre, y aplica una  comisión para gestionar y administrar esos recursos, pero  siempre dicho cobro se descuenta del sueldo de cada afiliado,  en cifras que actualmente van desde el 0,58% al 1,45% de  comisión que se cobra solo cuando el afiliado cotiza, es decir, si  no aporta dinero un mes, no paga comisión. Y cada vez que  entrega recursos con su 10%, se le aplica el referido cobro. 

Asimismo – la propuesta del gobierno – propone subir la  cotización que iría a la cuenta individual desde el 10% actual, a  un 10,5% del salario imponible. Esto se cambia, en parte,  debido a que también cambiaría el modo en que se aplica la  comisión. Si antes el cobro era sobre el sueldo, y se pagaba  dicha comisión solo en los meses en que una persona cotizaba, 

ahora el gobierno plantea que la comisión sea un porcentaje  sobre el saldo total que administre cada entidad, y eso se  cobraría todos los meses, haya o no ingresos de nuevos  recursos. Más claro, el Ejecutivo propone subir en 0,5 puntos  porcentuales dicha cotización de cargo del trabajador; pero  estos no quieren que esta nueva comisión sea sobre el saldo y  se descuente sobre el 10% que existe hoy, ya que implicaría una  baja en pensiones. Pero, el 10% de ahorro obligatorio, que  dejaría de ser administrado por las AFP, pasaría a otro tipo de  ente privado. O sea, lo mismo con otro nombre de  administración. 

Sin obviar que con esta reforma también se intenta agregar una  cotización de cargo del empleador. Esta, equivalente al 6 % y  se destinaría a un fondo común con una lógica de seguro social;  pero esta cotización adicional se desglosa en un 4.2% que “sería  propio, personal” y se destinaría al fondo colectivo del fondo de  ahorros individuales y el 1,8% restante al reparto equitativo de  beneficios. Proposición que sería inaceptable, porque el 6%  desglosado en los dos puntos porcentuales constituirían el registro típico de un sistema de reparto; ya que no habría una  cuenta individual que diga esta plata es mía; el primer  porcentaje iría a un reparto para subir la pensiones de otros  cotizantes, y el otro, para seguro de accidentes y enfermedades  profesionales, entre otros beneficios y/o prestaciones. 

También se eliminaría la serie de funciones que tiene las AFP y  que no se ven a simple vista, y que ahora dejarían de hacer.  Actualmente recaudan las cotizaciones previsionales, gestionan  a diario las cuentas de los afiliados y pensionados, administran  e invierten los recursos previsionales en los instrumentos  financieros por los que están compuestos los multifondos, pagan las distintas prestaciones que establece la ley: pensiones,  cuotas mortuorias, retiros de fondos, pensiones alimenticias,  algunos beneficios fiscales, entre otros; administran los 

traspasos entre AFP y se encargan de perseguir a los  empleadores que no pagan las cotizaciones correspondientes,  mediante el cobro prejudicial y judicial de las cotizaciones,  entre otras materias. 

A mayor abundamiento, el proyecto reforma a las pensiones  prescribe que las actividades lucrativas de las AFP se  terminarían en 24 meses desde aprobado el proyecto. Toda vez  que esta reforma implicaría que todas las funciones que hoy  cumplen, ahora se traspasarían al Estado. Pero  metafóricamente sería “pasar gatos por liebres”.  

En primer lugar, ellas seguirían participando como  instituciones privadas como también ocurriría con las compañías de seguros de rentas vitalicias – las cuales forman el  mismo grupo de accionistas y/o inversores – cuyo contrato de  seguro vitalicio incluiría la cláusula de no existencia de  cónyuges y/o hijos estudiando hasta los 24 años de edad, a fin  que los montos de capitalización quedaran a favor de la  compañía de seguro respectiva; y  

En segundo lugar, el proyecto en cuestionamiento es iniciativa  de los mismos políticos de derecha e izquierda que obedecen  comercialmente al corporativismo, quienes manipularon el  rechazo en contra del apruebo de la nueva Constitución  Política, los mismos que prometieron cambiarla: diciendo que  esta constitución no, queremos una nueva. Pero su intención ha  sido y es hacerle solo ciertas reformas a la misma, para  mantenerse en el poder nacional, regional y provincial:  feudales que obedecen los mandamientos del rey. Lo mismo está ocurriendo con esta reforma a las pensiones; pero ésta vez  en sentido contrario a la primera acción psicológica. A fin que  la gente crea: esta reforma no, queremos una nueva; pero, ellas  y ellos quieren esta reforma. Así, el sistema de AFP seguiría tal  cual, con otros nombres y otros accionistas y/o inversores. 

Astucia psicológica en ambas iniciativas políticas – que por lo  demás – ya son normales en nuestra nación, evidentemente. 

Entonces, ¿Qué debería hacerse? Respuesta: Para eliminar las  AFP se requeriría nacionalizarlas o estatizarlas constitucional y  legalmente, con pago indemnizatorio; única instancia para que  estos servicios o industrias explotadas por particulares pasen a  funcionar bajo la órbita del Estado. Hecho que no ha ocurrido  ni ocurriría. Sin perjuicio de que para tales efectos debería tenerse presente que las leyes de capitales, valores y seguros de  vida dentro del mercado financiero de Chile, son totalmente  distinta a otros países.  

Más claro, los capitalistas nacionales y extranjeros como  inversores y/o accionistas de las AFP no aceptarían que su  negocio más que redondo (cuadrado, rectangular y triangular)  , cuya data desde la dictadura militar, terminara su vigencia  por un gobierno comunista.  

En consecuencia, las trabajadoras chilenas y los trabajadores  chilenos no deberían permitir que el Congreso tramitara y aprobara este cuestionado proyecto de reforma a las pensiones.  Sin antes, nacionalizarlas o estatizarlas.  

Atentamente, a usted. 

Roberto Cisternas Contreras 

Iquique

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