El domingo 3 de junio el Gobierno de Chile presentó el Plan de Emergencia Habitacional, y ante la actual crisis de vivienda, esto presenta un impulso importante desde el Estado, con metas específicas por región, comuna y programa habitacional. Además de valorar la urgencia institucional que se le imprime a esta emergencia, hay tres elementos que se podrían plantear de un primer análisis de lo propuesto.
Primero, el PEH plantea un gran acierto: la apuesta por diversificar los pilares que componen la política habitacional, hoy centrada en la modalidad de subsidio a la demanda para la adquisición de vivienda en propiedad, y que ha sido gestionada de forma atomizada entre privados y el SERVIU, con escasa participación de otros actores. El plan propone que al menos 80 mil viviendas sean construidas bajo nuevas modalidades, que involucren roles más preponderantes de municipios, empresas privadas, o bajo nuevas formas de tenencia, como el arriendo, o abriendo la posibilidad de contar con el aporte de las familias mediante autoconstrucción, suelo y otras formas.
Luego, abre preguntas respecto a la forma en que se va a relacionar con algunos nudos estructurales que hoy existen. Por ejemplo, el desarrollo de la ciudad; no seremos capaces de construir más viviendas si no construimos más ciudad. Si no respondemos las preguntas sobre cómo la construcción de viviendas será acompañada por el desarrollo de ciudades más justas y sostenibles, podríamos cometer errores por los que ya hemos pasado.
Por último, la exigencia de este plan advierte un desafío para la política habitacional, para el Estado y la sociedad; el plan no especifica las fórmulas mediante las cuales se lograrán estas metas. Lo presentado explica para qué y qué, pero abre la pregunta crucial respecto de cómo. Se plantea levantar una inversión anual entre un 10%-20% superior a la de años anteriores, en un contexto de estrés fiscal y desaceleración económica. Propone generar mecanismos de financiamiento privado, pero no se especifica cuáles, también propone comenzar y terminar la construcción de 135 mil viviendas nuevas en 3 años y dentro de éstas, al menos 20.000 serán en arriendo, en vista que hasta hoy no más de 500 se han construido para esta modalidad.
Es de esperar, entonces, que el sentido sea justamente lo que el Ministro Montes ya ha mencionado: convocar en torno a este desafío. El Estado dispone los objetivos, las preguntas y la voluntad, pero es Chile, en su conjunto, quien debe organizarse para alcanzar un desafío que es de todos y todas. Enfrentar la cuestión habitacional es un propósito convocante, que no solo responde a un criterio de justicia, sino que además impulsa el desarrollo sostenible del país y hoy Chile cuenta con las capacidades, la ideas y los recursos para lograrlo.
