Entrevista a Senador por Antofagasta, Pedro Araya:
A juicio del representante ante la Cámara Alta, para enfrentar de manera efectiva la criminalidad que se observa en Chile, especialmente en las regiones del norte del país, “se debe efectuar una cirugía mayor al sistema procesal penal”, dijo en esta conversación exclusiva con El Longino.
Isabel Frías
Periodista U.C.
“Tenemos una migración que Chile no buscó, que le cayó encima, producto de la estabilidad económica y del auge minero en el norte grande del país”, parte diciendo el destacado senador por Antofagasta (Independiente) Pedro Araya Guerrero, quien ha presentado diversas indicaciones tendientes a poner cortapisas o barreras al gran flujo de extranjeros que vive la macrozona Norte.
Asimismo, el parlamentario y abogado sostiene que el gran problema que tenemos hoy es que “hay una cantidad indeterminada de extranjeros que se encuentran viviendo en nuestro país, en forma irregular, respecto de los cuales el Estado no tiene mayores antecedentes, no sabe dónde están o a que se dedican, y ese a mi juicio es uno de los grandes problemas para diseñar políticas públicas en torno a la migración”.
La gente asocia la migración irregular al aumento de la delincuencia en toda la macrozona Norte: ¿es exacta esta vinculación?
-En esa afirmación yo sería más cuidadoso y responsable al respecto, no podemos asociar, en todos los casos, el ingreso irregular al país con delincuencia. Existen personas que realmente salen de sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades para ellos o sus familias.
En el último tiempo creo que hemos tenido un cambio de perfil en los delitos asociados a extranjeros, así, por ejemplo, si uno mira las cifras de la región de Antofagasta de hace unos años atrás, la gran mayoría de los extranjeros que eran detenidos, lo era por tráfico de drogas, y eran detenidos en la frontera, son los que se conocen como burreros, muchos de ellos de baja peligrosidad y generalmente primerizos.
Hoy tenemos una criminalidad mucho más violenta, así como también la aparición de ciertos delitos que no eran comunes en nuestro país, como el sicariato, las amenazas o los llamados motochorros, la cual está asociada a algunos extranjeros, y a ello se agrega que se ha detectado bandas de crimen organizado transnacional operando en nuestro país.
¿Hasta qué punto existen incentivos empresariales que favorecen la migración masiva hacia nuestras fronteras y territorios?
-Esa sería una muy buena pregunta para el ex Presidente, Sebastián Piñera, cuando visitó Cúcuta, en 2019, y dejó la puerta abierta para que venezolanas y venezolanos siguieran ingresando a Chile. Yo me pregunto, ¿cuál habrá sido el interés o la visión del ex mandatario en aquella oportunidad? Porque si apenas hemos podido, como Estado, atender la ola migratoria de los últimos años e incluso década, no me explico dicho llamado abierto, público e irresponsable, el que por cierto generó críticas desde distintos sectores.
Por lo demás la migración irregular ha tenido un impacto negativo en el mercado del trabajo, ya que se ha prestado para que algunos empresarios inescrupulosos tengan como trabajadores a migrantes, a los cuales no se les hace contrato de trabajo, se le pagan sueldos bastantes inferiores y se cometen abusos, que muchas veces no son denunciados, porque los migrantes desconocen sus derechos y por temor a ser expulsados al estar en forma irregular.
¿En qué dato de la realidad se basa para afirmar que en Chile la migración “llegó para quedarse”?
-En 2021, conocimos los resultados del INE sobre su estudio “Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2020”. Lo anterior, evidenció que en el país viven más de un millón 400 mil personas extranjeras. Sólo en la Región Metropolitana, según el mismo estudio, residen más de 900 mil, equivalentes al 61,9 % del total país, seguido de la Región de Antofagasta con 101.979, vale decir un 7%.
Conozco la realidad de la Región a la que represento y en la que además nací, crecí, estudié y nacieron mis hijas, como es Antofagasta. Desde hace al menos, una década, tuvimos un ciclo migratorio donde llegaron muchos técnicos y profesionales extranjeros a la región. Posteriormente, arribaron colombianos, muchos de ellos y ellas venían a aprender qué hacer en la zona.
Hoy, las y los vemos trabajando en distintos servicios, de aseo, gastronomía, callcenter, peluquerías, transporte, unos con un mayor grado de formalidad que otros, pero están aquí y uno los ve en las distintas comunas, a ello se agrega una cantidad importante de venezolanos que han llegado en los últimos años, y esta es una migración que Chile no buscó, que le cayó encima, producto de la estabilidad económica y del auge minero en el norte grande del país. Tenemos una migración que llegó para quedarse y a la que nosotros no le fijamos reglas a la entrada.
¿En qué consiste básicamente su propuesta para poner cortapisas de entrada a la migración indocumentada?
-Respecto al ingreso al país, lo que hemos propuesto es que el Estado debe definir una política migratoria clara, respecto de la cual, tanto chilenos como extranjeros, sepan lo que el país permitirá en temas migratorios. Asimismo, hay una serie de trámites que los extranjeros debieran realizar en sus países de origen y no una vez que se encuentren en territorio nacional, de esta forma llegarían con la documentación necesaria.
A lo anterior se agrega la necesidad de simplificar los procedimientos de expulsión de aquellos extranjeros que se encuentran en forma irregular y que no manifiestan intención de regularizar su situación o cumplir las normas chilenas.
Además, hemos insistido en la necesidad de que el Gobierno pueda actualizar y suscribir nuevos convenios con distintos países con el objeto de mejorar el intercambio de información entre las policías, sobre todo para que la PDI pueda acceder a información de los extranjeros con antecedentes penales que quieren ingresar a Chile o que se encuentren vinculados a bandas criminales en sus países de origen.
¿Cree que una Política Nacional podrá poner freno a la criminalidad en alza que se observa en Chile y especialmente en el Norte?
Para enfrentar de manera efectiva la criminalidad que se observa en Chile, especialmente en las regiones del norte del país, se debe efectuar una cirugía mayor al sistema procesal penal, si bien este ya tuvo una reforma, eso fue hace más de 20 años, lo que claramente ya no se condice con la realidad que hoy vivimos.
No podemos seguir usando la misma estructura y los mismos criterios de hace 2 décadas, para la persecución penal, frente a una criminalidad que ha evolucionado, que es más violenta, que además cuenta con cuantiosos recursos económicos y que es transfronteriza, por eso creo que uno de los grandes desafíos del Gobierno del Presidente Boric es avanzar en una reforma estructural del sistema de persecución penal, que comprenda a todas las instituciones que participan en el sistema penal.
Usted ha presentado indicaciones tendientes a modificar diversos cuerpos legales, con el objeto de establecer la asociación ilícita como agravante del delito de amenazas.
-Así es, el proyecto busca incorporar un nuevo artículo al Código Penal a fin de establecer como agravante de la pena la circunstancia de haber cometido el delito de amenazas. concurriendo además las circunstancias del delito de asociación ilícita, de las que se encuentran tipificadas en los artículos 292 y siguientes de dicho Código. Asimismo, se busca incorporar un nuevo inciso al artículo la ley N° 18.314 para aumentar de la misma forma la pena asignada al delito de amenazas cuando se trate de una asociación ilícita terrorista. Si bien es cierto que el Código Penal establece reglas generales en materia de concurso de delitos, particularmente los artículos 74 y 75, nada obsta a que se incorpore una regla especial en la materia. En concreto, lo que se busca es que, al concurrir los delitos de amenaza y asociación ilícita, no solo se debe aplicar la pena de cada delito de conformidad al artículo 74, sino que, además, y tratándose de este concurso de delitos en particular, al delito de amenazas se le aplicará una pena más elevada que la aplicable en un concurso con otros delitos conforme a las reglas generales.
¿Puede el gobierno hacer algo efectivo por frenar la delincuencia en la macrozona norte con tan pocos fiscales, policías y recursos?
-En lo inmediato, el Presidente de la República tiene la herramienta de poder decretar el Estado de Excepción Constitucional como medida urgente para hacer frente a la delincuencia, en tanto, se trabaja en las reformas estructurales que necesita el sistema de persecución penal.
En este contexto, yo he insistido al Ministerio del Interior, se lo dije a la titular, Carolina Tohá, y también a su antecesora, Izkia Siches, que, como medida provisoria e inmediata, se decrete el Estado de Excepción Constitucional para la macrozona Norte, por lo demás esto permitiría que las FF.AA. puedan colaborar de mejor manera en el control de las fronteras.
¿Es partidario de un sinceramiento de la migración mediante la aplicación de un perdonazo a quienes ingresaron irregularmente?
-El gran problema que tenemos hoy es que hay una cantidad indeterminada de extranjeros que se encuentran viviendo en nuestro país, en forma irregular, respecto de los cuales el Estado no tiene mayores antecedentes, no sabe dónde están o a que se dedican, y ese a mi juicio es uno de los grandes problemas para diseñar políticas públicas en torno a la migración.
Un proceso de regulación migratoria es una herramienta que permitiría al Estado poder sincerar estas cifras y a la vez permitiría a muchos extranjeros regularizar su situación, por lo que no me cierro a esa discusión.
Dicho lo anterior hay que recordar que el proceso de regulación migratoria que se hizo en el segundo Gobierno del Presidente Piñera fue un fracaso, ya que se estima que solo una mínima parte de los extranjeros que estaban en forma irregular regularizaron su situación.
