Daniel Quinteros Rojas
Delegado presidencial regional de Tarapacá
El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia es una política
pública permanente del Estado que se hace cargo de realizar
todos los esfuerzos necesarios para buscar esclarecer las
circunstancias de desaparición o muerte y el destino final de
nuestros y nuestras compatriotas víctimas de desaparición
forzada. Además de dar cumplimiento a las obligaciones y los
estándares internacionales, el Plan es un acto de compromiso
con la democracia, que asume la memoria no desde el rencor
sino desde la convicción de que conocer toda la verdad es la
única vía posible para construir un futuro más libre y respetuoso
de la vida y la dignidad humana.
Por ello reafirmamos la importancia de la memoria como un
remedio frente al olvido y un antídoto contra el negacionismo.
Porque el olvido equivale a la negación de una parte de nosotros
mismos, a veces motivada por la vergüenza de la culpa y, otras,
por el dolor de la ausencia. Y es ahí cuando debemos volver a
recordar, una vez más, que los horrores de la dictadura no
fueron ni el resultado del delirio de unos pocos ni la simple suma
de casos aislados: se trató, en cambio, de personas que fueron
ejecutadas y desaparecidas por agentes del Estado, utilizando
recursos fiscales, de manera sistemática y organizada, y con
una planificación precisa para derrumbar cualquier atisbo de
oposición y controlar a la sociedad entera a través del miedo y la
represión.
Fueron 1.469 vidas y familias que en un instante fugaz dejaron
sus últimos recuerdos en el mar, en las montañas o en el
desierto. De ellas, gracias al trabajo comprometido de las
organizaciones, familiares, jueces y abogados, han sido
encontrados los restos de 307, dejándonos aún con la herida
abierta de no poder encontrar a esas otras 1.162. No es fácil
imaginar el dolor de quienes han sufrido y que aún sufren, de
quienes han buscado y aún buscan y de quienes han esperado
tanto tiempo por una política de Estado que se haga cargo de
esa búsqueda y de su reparación. Por ello, el Plan Nacional de
Búsqueda asume que tenemos como Estado una tarea
pendiente y una deuda histórica con quienes fueron y seguirán
siendo parte de nosotros.
A 50 años del golpe cívico-militar, debemos tener la convicción
de que si fue el Estado el responsable de su desaparición, debe
ser entonces el Estado el que se encargue de buscarlas. Si
queremos garantizar que nunca más nuestra sociedad se vuelva
contra sí misma, asumamos el compromiso transversal de
sostener una política que nos permita responder el “¿dónde
están?”. Porque no hay paz sin justicia, ni justicia sin verdad,
nuestro Chile y el Chile del mañana quiere y necesita conocer
toda la verdad. Hoy, más fuerte que nunca, abracemos la paz, la
democracia y la justicia, porque no hay mañana sin ayer, ni
futuro sin memoria.
