La organización solicitó además al Congreso peruano que legisle «conurgencia» para descriminalizar los delitos contra el honor. Miami (10 de enero de 2022) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)lamentó que en Perú se sigan utilizando las demandas de figuraspúblicas y los procesos penales en contra de los periodistas como formade frenar la divulgación de información crítica y de interéspúblico. La entidad continental se pronunció luego de conocer lacondena a dos años de prisión contra los periodistas ChristopherAcosta y Jerónimo Pimentel por presunta difamación agravada. La organización solicitó además al Congreso peruano que legisle «conurgencia» para descriminalizar los delitos contra el honor. El caso tiene su origen en una demanda presentada por el excandidatopresidencial y empresario César Acuña por supuesta difamaciónagravada, tras la publicación en febrero de 2021 del libro «Plata comocancha», escrito por Acosta y publicado por la editorial Penguin RandomHouse, que dirige Pimentel. La mañana de este lunes 10 de enero el juezJesús Vega sentenció a Acosta y a Pimentel a dos años de prisión ensuspenso y a pagar el equivalente a unos 100 mil dólaresestadounidenses en reparación civil. Según el juez Vega, «las frases agraviantes en el libro» traspasaronlos límites del derecho a la libertad de expresión y atentaron contrael honor del político, líder del partido político Alianza para elProgreso. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de Grupo Opsa, deHonduras, dijo: «Esta sentencia confirma nuestras denuncias sobre cómoen Perú y en otros países, como Panamá y Brasil, existe una epidemiade demandas que utilizan los funcionarios para amordazar a periodistas ymedios para evitar la crítica y que salgan a la luz casos decorrupción y otros temas de interés público». Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa eInformación y director de _La Voz del Interior_, de Argentina, expresóque «cuando se trata de figuras públicas, las acciones penalestransgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efectodesalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa.Jornet agregó que la Declaración de Principios sobre Libertad deExpresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es unareferencia importante sobre la materia, al desalentar el uso de lassanciones penales. El artículo 10 de la declaración establece: «…Laprotección a la reputación debe estar garantizada sólo a través desanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea unfuncionario público o persona pública o particular que se hayainvolucrado voluntariamente en asuntos de interés público». Canahuati y Jornet expresaron que el Congreso peruano debe legislar conurgencia para evitar que los políticos puedan usar el sistema judicialpara desmontar procesos que terminan siendo utilizados para criminalizaral periodismo sobre acciones de personas públicas y temas de interéspúblico. Recordaron, además, que tras una misión que la SIP envió a Perúaños atrás sobre procesos judiciales similares, el presidente delPoder Judicial de entonces, Enrique Mendoza Ramírez, envió un exhortoen 2014 a todos los jueces de la nación para que analicenexhaustivamente las demandas en contra de los periodistas a fin desopesar mejor cuando deben zanjar dos valores en conflicto como el honorde las personas públicas y la criminalización de la libertad deprensa. Acosta, jefe de la Unidad de Investigación del canal Latina Noticias,adujo que las afirmaciones contenidas en el libro, una investigaciónsobre la vida y trayectoria empresarial de Acuña, provienen de fuentespúblicas y de archivo periodístico. Acosta y Pimentel dijeron queapelarán la sentencia.
