La OEA se comprometió a atender las crisis en Nicaragua y Haití, al cerrar el viernes su
asamblea anual en Lima, en medio de señalamientos al secretario general del bloque regional,
Luis Almagro, por su presunta violación del código de ética.
El máximo órgano de decisión política de la Organización de los Estados Americanos aprobó
por consenso una resolución que alienta al gobierno de Daniel Ortega «a aceptar las ofertas de
cooperación regional e internacional» para «devolver» a Nicaragua «al camino de la
democracia».
El texto, patrocinado por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, insta
también a Ortega a liberar a todos los opositores presos, acabar con el acoso judicial, y el
hostigamiento de periodistas, oenegés y miembros de la Iglesia católica.
«Es muy importante que el sistema interamericano no les dé la espalda a los nicaragüenses»,
dijo Almagro en rueda de prensa.
La comunidad internacional ha condenado al gobierno de Nicaragua por reprimir duramente
protestas en 2018, así como por la reelección de Ortega para un cuarto período consecutivo con
sus potenciales rivales presos o en el exilio.
Luego de que la OEA desconociera esa reelección, Nicaragua anunció en noviembre pasado su
salida de la organización, y este año expulsó a sus representantes en Managua.
Estados Unidos y Costa Rica aplaudieron la resolución, en tanto que Honduras insistió en que
los nicaragüenses deben resolver sus propios problemas.
Seguridad en Haití
También por consenso, la Asamblea de la OEA resolvió solicitar a los países que ofrezcan
«urgentemente un apoyo directo» a Haití para reforzar la lucha contra el narcotráfico, y
«detener la expansión de las bandas armadas que aterrorizan a la población», según una
resolución adoptada el jueves.
«Esta votación es de gran importancia en la medida en que anuncia un claro compromiso de los
estados miembros de ayudar al gobierno haitiano a combatir e impedir el ingreso de armas y
municiones destinadas a bandas armadas», dijo el viernes el ministro de Exteriores haitiano,
Jean Victor Geneus.
El viernes, el embajador de Haití ante Estados Unidos, Bocchit Edmond, dijo a la AFP que su
país pidió «formalmente» asistencia internacional para enfrentar la grave crisis de seguridad
que la «policía nacional no puede manejar por sí sola».
«No debemos presentarlo como una fuerza extranjera para la ocupación del territorio haitiano»,
sino como «un llamado a la solidaridad», aclaró.
Desde que Haití anunció alzas en el precio de la gasolina en septiembre, el país más pobre de
las Américas sufre disturbios y saqueos. Además, la terminal de importación de combustible
más grande del país está controlada por poderosas pandillas armadas.
Derechos humanos y soberanía
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Uruguay
declararon por su parte su «profunda preocupación» por las «continuas» violaciones de los
derechos humanos en Venezuela y urgieron a «la liberación inmediata e incondicional de todos
los presos políticos».
Según la oenegé Foro Penal, hay 245 «presos políticos» en Venezuela, gobernada por Nicolás
Maduro desde 2013.
La Asamblea General aprobó por aclamación la Declaración sobre la cuestión de las Islas
Malvinas, un «renovado logro», según el gobierno argentino.
El texto «reafirma la necesidad» de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido
«reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de
encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia».
La OEA también adoptó esta semana la declaración de «Respaldo a la paz total en Colombia», y
expresó su «solidaridad» con Argentina y su «más enérgica condena» por el intento de
magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Ética cuestionada
La asamblea, reunida bajo el lema «Juntos contra la desigualdad y la discriminación», cerró con
la Declaración de Lima.
El documento, al que Paraguay, El Salvador y Guatemala expresaron reparos, «condena toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia, y cualquier tipo de violencia» por motivos que
van desde la raza, el color, el sexo y la religión, hasta la edad, etnia, posición política, origen
social, discapacidad, orientación sexual e identidad o expresión de género.
Tras el cierre de la Asamblea en Lima, la primera presencial desde 2019, Almagro dijo que está
siendo investigado internamente por presunta violación de las normas éticas de la
organización, por una relación personal vinculada al ámbito laboral.
«Recibimos una denuncia anónima respecto a una eventual violación del código de ética y de
trabajo de la OEA por nuestra parte», indicó.
La denuncia fue transferida a la oficina del inspector general de la OEA, aseguró el secretario,
quien dijo estar «muy tranquilo» alegando haber cumplido siempre con las normas.
«Nunca fui supervisor de ninguna persona con quien tuviera una relación, nunca la promoví, ni
nunca aumenté su salario», enfatizó.
