Luis Eduardo Thayer Correa, Director Nacional de Migraciones
Diario El Longino conversó en exclusiva con el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Thayer Correa, sobre los procesos de expulsión de quienes ingresaron al país de manera irregular o clandestina. Además, profundizó en las cifras a nivel nacional y en la región, donde Tarapacá, se posiciona como una de las regiones con más expulsiones en la macrozona norte.
Luis Eduardo Thayer sobre la situación migrante en la macrozona norte y en particular en la situación de región comentó que se están tomando las medidas necesarias para frenar el ingreso irregular e incrementar el volumen de expulsiones. En ese sentido en cuanto al ingreso clandestino de personas, si bien las cifras han sido altas, los procesos de expulsión tampoco han sido menores.
De acuerdo con los datos entregados por Migraciones, son más de 1.770 las resoluciones emitidas por inicio de procedimiento de expulsión administrativas y 125 expulsiones administrativas en proceso (ya con notificación inicial de PDI en el año 2022). En específico los datos de expulsiones totales ejecutadas por PDI, en la macrozona norte, destaca Tarapacá como la región con más expulsados alcanzando 393 personas. Le sigue Arica-Parinacota con 222 y cierra la región de Antofagasta 215 expulsiones materializadas, durante el 2022. Son 393 expulsiones materializadas por PDI de naturaleza judicial y 125 expulsiones administrativas en proceso, ya con notificación inicial de PDI en el año recién pasado.
La autoridad reconoce que, en el caso de las expulsiones, el proceso se hace burocrático y extenso. Por lo mismo se están presentando modificaciones a la actual Ley de Migraciones. “Nosotros hemos presentado un proyecto, patrocinado por el Presidente de la República, para que la primera notificación sea realizada por vía electrónica o carta certificada. Este es un proyecto que fue aprobado por el Senado y que hoy se encuentra en la Comisión de Gobierno, de la cámara de Diputadas y Diputados, en proceso de discusión y se estaría votando el próximo lunes (16 de enero)”.
Luis Thayer agregó además que el trabajo en la comisión fue constante con parlamentarios y parlamentarias, de manera de resolver ciertas dudas. El proyecto consiste básicamente en que “la primera notificación, se realizaría por vía electrónica o carta certificada. En el marco de esa discusión, se planteó la posibilidad de hacer una notificación a través del Diario Oficial. Pero la recomendación que hizo el Servicio es que este mecanismo no era conveniente por falta de eficiencia, puesto que es más rápida y eficaz la carta certificada”, indicó. En este sentido, la ley establece que, para notificar a las personas de la expulsión, se les debe entregar la resolución. “La publicación en el Diario Oficial, incluyendo las resoluciones completas, que son expedientes bastantes extensos en algunos casos, significaría patrocinio especial del ejecutivo, porque requiere costos adicionales y no sería tan eficiente como lo es la carta certificada, con lo que se puede dar por notificada al tercer día de entregada”.
El proyecto está en discusión y según Luis Thayer, están a la espera de que se apruebe, dado que se han alcanzo acuerdos en que se deben agilizar estos procedimientos sancionatorios, que, conforme a la nueva ley, quedaron un poco engorrosos. Asimismo, Thayer agregó que “esta reforma no implica ninguna violación al debido proceso, por lo tanto, se resguardan las garantías”.
En cuanto a las soluciones en el control de frontera, deben ser soluciones a largo plazo, según Luis Eduardo Thayer. “Se está considerando la frontera como infraestructura crítica, por lo que el Presidente de la República pudiese solicitar la comparecencia de las FFAA para el resguardo de los lugares que sea necesario”.
Por otro lado, Thayer comentó que en relación con el protocolo de reconducción se están realizando con Bolivia a fin de mejorar los procesos. “Es una herramienta muy eficaz cuando se aplica bien, en términos de contener el ingreso irregular. Como gobierno estamos apuntando a medidas permanentes y entender que ninguna medida por si sola es la solución, sino que es parte de una solución a un problema que es bastante complejo”.
Al mismo tiempo, el director nacional de Servicio, comentó que el proceso de reconducción, que hoy funciona con Perú y Argentina, es un procedimiento que realiza la PDI luego que Carabineros, que es quien tiene la facultad de vigilar la frontera o los pasos no habilitados, entrega a una persona que ha sido sorprendida en flagrancia y es devuelta a las policías del país fronterizo. “Esto ocurre efectivamente con Perú y Argentina, pero no con Bolivia simplemente por la policía boliviana y las autoridades de ese país, no se asumen como corresponsable del ingreso de las personas”. Agregó, además, que “el sentido que tiene para nuestro estado la reconducción es que si una persona, de un tercer país ingresa de manera clandestina o irregular por un paso no habilitado, entendemos que el estado por el cual transita y luego ingresa a nuestro país, Bolivia en este caso, es corresponsable de su ingreso”.
El personero indicó que, en un trabajo conjunto con la Cancillería, se han reunido con la contraparte boliviana y le han propuesto, cuestión que ellos han aceptado, un protocolo de reconducción. “Hemos elaborado un protocolo que se lo hemos entregado a Cancillería y estamos a la espera de reunirnos con la autoridad boliviana, para validar ese protocolo o realicen los comentarios respectivos. Pero hemos tenido ese avance y pasamos de la discusión de si se reconduce o no, a una discusión de como reconducimos”.
