Mesa técnica del Consejo Regional contra el Crimen Organizado define delitos priorizados y avanza en plan 2026 para Tarapacá

• La instancia, encabezada por la Seremía de Seguridad Pública, reunió a instituciones del sistema penal y organismos regionales para focalizar la estrategia de persecución y prevención; Fiscalía participó con la fiscal jefe (s) de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Daniela Campusano.

Tras una reciente publicación en su cuenta de Instagram de Fiscalía de Tarapacá, donde dieron a conocer el objetivo de acordar cuáles serán los delitos priorizados durante este año y de avanzar en la construcción de un plan regional para enfrentar el fenómeno delictual asociado al crimen organizado, la mesa técnica del Consejo Regional contra el Crimen Organizado sesionó esta mañana en Tarapacá, bajo la coordinación de la Seremía de Seguridad Pública.

La reunión congregó a representantes de distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública, la persecución penal y el trabajo territorial, en una instancia destinada a ordenar la respuesta del Estado a partir de criterios comunes, diagnóstico compartido y definiciones operativas. El foco, según se expuso en la jornada, apunta a delimitar con mayor precisión los fenómenos delictuales que requieren intervención prioritaria, fortaleciendo la capacidad regional para anticipar, desarticular y reducir impactos en la ciudadanía.

En representación de la Fiscalía, participó la fiscal jefe (s) de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Daniela Campusano, quien asistió como enlace técnico para aportar la mirada investigativa y el análisis de patrones delictuales, con el propósito de alinear la discusión regional con los criterios de persecución penal y la evidencia acumulada en causas asociadas a estructuras criminales.

La mesa técnica cumple un rol clave dentro del Consejo Regional contra el Crimen Organizado: es el espacio donde se traduce la preocupación pública en medidas concretas, donde se ordenan prioridades y donde se construye un plan de trabajo con metas, coordinación interinstitucional y definición de responsabilidades. En términos prácticos, el desafío no es solo identificar delitos, sino establecer un marco de acción para abordarlos con enfoque de fenómeno, considerando la forma en que operan las redes, su financiamiento, su capacidad de infiltración territorial y los delitos conexos que suelen activar.

Durante la sesión, los participantes trabajaron en la identificación de delitos que, por su frecuencia, gravedad o impacto en la seguridad regional, deben concentrar esfuerzos durante el año. La discusión se orientó a delimitar áreas de mayor riesgo, mejorar la focalización territorial, optimizar el flujo de información y fortalecer el trabajo coordinado, especialmente cuando existen indicios de organización, continuidad operativa y vínculos transfronterizos.

Desde la coordinación de la Seremía de Seguridad Pública se planteó que el plan regional en elaboración busca responder de manera más integrada al crimen organizado, entendiendo que se trata de un fenómeno que combina acciones policiales, persecución penal estratégica, fiscalización administrativa, control territorial y prevención situacional. Esto implica, además, ordenar herramientas de corto plazo —como operativos y controles— con medidas de mediano aliento, tales como fortalecimiento de análisis criminal, persecución patrimonial, inteligencia financiera y acciones para reducir oportunidades delictivas en puntos críticos.

La presencia de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público, a través de la fiscal (s) Campusano, se entiende como un componente central en esta etapa de definición. El trabajo de análisis y focos permite identificar patrones, relaciones entre casos, modus operandi y estructuras que operan de manera reiterada, información que resulta decisiva cuando el objetivo regional es pasar de la reacción ante hechos aislados a la intervención sobre organizaciones y mercados ilícitos.

Fuentes vinculadas al encuentro explicaron que la mesa técnica continuará su trabajo durante las próximas semanas, con el propósito de consolidar una hoja de ruta regional que permita articular la gestión de seguridad pública con la persecución penal, integrando aportes de distintas instituciones y ajustando el diseño a la realidad territorial de Tarapacá.

En la práctica, se busca que la definición de delitos priorizados no se quede en un listado, sino que se traduzca en decisiones medibles: dónde se pondrán los recursos, qué información será compartida, cómo se coordinarán acciones y cuáles serán los indicadores de evaluación. La intención, según se expuso, es fortalecer la capacidad de respuesta regional ante un fenómeno que suele adaptarse con rapidez, diversificar sus actividades y aprovechar brechas institucionales o territoriales.

La jornada cerró con la ratificación de la necesidad de sostener un trabajo técnico permanente, tanto para actualizar el diagnóstico como para ajustar las medidas según la evolución del escenario delictual. En esa línea, la mesa técnica del Consejo Regional contra el Crimen Organizado quedó mandatada para seguir afinando el plan regional y sus prioridades, con el objetivo de contar con una estrategia clara, coordinada y orientada a resultados frente a uno de los principales desafíos de seguridad en Tarapacá.